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Kimsakocha espera resolución judicial que frene la minería de manera definitiva
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 18 de octubre de 2022
Comunidades del páramo de Kimsakocha realizaron un plantón en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia de la provincia del Azuay, para vigilar la última audiencia que busca frenar la minería y defender el agua de este páramo. En julio de 2022, Kimsakocha ganó varias medidas cautelares para frenar definitivamente las actividades mineras por parte de la empresa canadiense, Dundee Precious Metals.
Sin embargo, la empresa apeló a la sentencia y el 14 de octubre de 2022, se desarrolló otra audiencia para determinar si continúan o no las actividades mineras en la zona. Comunidades de Kimsakocha se reunieron en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia del Azuay para defender el agua y decirle no a la minería.
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Kimsacocha en julio de 2022, obtuvo medidas cautelares, otorgadas por el juez del Complejo Judicial de Cuenca, Carlos Cárdenas. Esas medidas determinaron la suspensión definitiva de las actividades mineras en la zona, por falta de consulta previa, libre e informada, y por la vulneración del derecho al agua y la adjudicación de 9000 hectáreas del páramo de Kimsakocha de manera ilegal, pues aseguran que el territorio es comunal y de los pueblos.
Las medidas cautelares fueron conseguidas mediante la presentación de una acción de protección por parte de las comunidades de Kimsakocha en la Corte de Justicia del Azuay. En esta acción solicitaron medidas cautelares, pues la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals había abierto caminos, instalado tanques, baños y campamentos en el páramo de Kimsakocha. La resolución del juez Cárdenas significó el resultado de la lucha y resistencia que han emprendido hombres y mujeres de la zona en defensa del agua. Sin embargo, la parte demandada apeló esa resolución.
Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, FOA, dijo que la empresa minera Dundee Precious Metals en “unión con el gobierno, el Estado, los ministerios”, en septiembre de 2022, apeló a la resolución del juez Cárdenas. Por lo tanto, los jueces E. Morocho; P. Valverde y M. Granda de la Corte Provincial de Justicia desarrollaron la audiencia de apelación el 14 de octubre. Los argumentos en los que centró la defensa de la empresa fue que la decisión del juez Carlos Cárdenas “no estaba apegada a los derechos y que en Kimsakocha no hay comunidades indígenas, por lo tanto, no es necesario hacer ninguna consulta previa, libre e informada”, como manda la Constitución en su artículo 57, numeral 7.
Otro de los argumentos utilizados por la empresa fue decir que la gente “no se identifica como indígena”. Para esto, la minera contrató peritos que levantaron una encuesta en las comunidades de Kimsacocha, para conocer la identificación étnica de la población, explicó Sigcha. Asimismo, argumentaron que no hay contaminación, y que por ende, no se está vulnerando ningún derecho.
En el caso de la defensa de las comunidades de Kimsakocha, el abogado Yaku Pérez, demostró que “somos pueblos indígenas”. Además, contaron con la intervención de cuatro amicus curiae: académicos, abogados y activistas, para demostrar por qué los proyectos mineros no generan beneficios. Tras ocho horas de audiencia, la jueza M. Granda dijo que la Corte se tomará un tiempo para revisar la documentación correspondiente y dar una resolución.
Según Lauro Sigcha, las comunidades esperan que la jueza de la Corte, M. Granda, emita el fallo a favor del páramo de Kimsakocha porque “no es solo un pedido de nosotros como comunidades, hay un ambiente de no permitir que la minería se instale”.
Defensores en riesgo
El pasado 08 de octubre de 2022, en San Pedro de Yumate, en la parroquia Molleturo en la provincia de Azuay, defensores y defensoras del agua fueron atacadas con arma de fuego. Dina Chillpi fue gravemente herida y trasladada al Hospital Regional de Cuenca para ser atendida. “La situación de terror vivida ya fue alertada a las autoridades competentes, pero a pesar de que llamaron insistentemente al Ecu 911, no obtuvieron ayuda por parte de la fuerza pública”, dice un comunicado firmado por varias organizaciones ecologistas y de derechos humanos.
En respuesta al atentado contras las personas defensoras del agua, Sigcha dijo “la violencia que genera la minería es el primer acto de contaminación. Las empresas usan esta estrategia de violencia, primero la cooptación a través de regalitos y cuando la gente no valora eso, pues empiezan a generar divisiones con la finalidad de intimidar”.
