Tiempo de lectura: 4 minutos

 

Sector comunitario de la comunicación entregó propuesta de reforma a la Ley de Comunicación

 

 

 

Por: Génesis Anangonó Ch.

Video: Roberto Chávez – José Mosquera

 

Publicado 25 de agosto 2021

Tiempo de lectura: 4 minutos

Medios comunitarios, pueblos y nacionalidades, organizaciones sociales y academia, integrantes del Frente Amplio por una Comunicación democrática, comunitaria y ciudadana realizaron la entrega del proyecto reformatorio de la Ley Orgánica de Comunicación al pleno de la Asamblea Nacional. El proyecto fue presentado por la asambleísta Dina Farinango (PK) y deberá ser tratado en la Comisión de Asuntos Internacionales junto a los otros cuatro proyectos reformatorios de la Ley de Comunicación entregados previamente por otros sectores de la comunicación y el oficialismo.

En el documento de 17 páginas constan de 28 artículos entre los que destacan la democratización de los medios de comunicación para que todas y todos los ciudadanos puedan acceder a contenidos comunicacionales, además de la creación de códigos deontológicos en los medios a fin de propiciar el mejoramiento de sus prácticas periodísticas, sin embargo, se destaca que estos no podrán suplir a la ley. Sobre la libertad de pensamiento, expresión y opinión, la propuesta establece el derecho de toda la población a ejercerlo, sin que esto propicie ningún tipo de propaganda a favor de la guerra o apología de odio por cuestiones de etnia, religión o procedencia geográfica que constituya una incitación a la violencia. 

La propuesta de reforma del sector comunitario plantea la adopción de políticas públicas que garanticen el Principio de acción afirmativa para reducir la desigualdad en cuanto al acceso de los grupos históricamente discriminados a los medios de comunicación. También se establece el rol del Estado para promover el respeto y la estimulación para que se difunda y desarrollen contenidos en idiomas ancestrales. 

En el proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) también se refuerza el modelo de funcionamiento para el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación que deberá ser constituido por un delegado permanente del presidente, un delegado permanente de los Consejos Nacionales de Igualdad,   del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, del Consejo de Educación Superior, de la academia y uno del Consejo Consultivo del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Adicionalmente deberá existir un Consejo Consultivo en el que se garantice la representación por parte de nacionalidades y pueblos: indígenas, afroecuatorianos y montubios, trabajadores de la comunicación del sector público, privado y comunitario y de personas relacionadas con la promoción de la cultura, derechos humanos y de la academia. 

Al momento existen otros cuatro proyectos reformatorios de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El primero fue presentado por el presidente Guillermo Lasso, un día después de su posesión como presidente. El proyecto “Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación” consta de tres capítulos y 14 decretos entre los que destaca la derogatoria del artículo 182 y el numeral 1 del artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sancionan los delitos de calumnia y la contravención de actos lesivos al honor, el derecho a la réplica, la prohibición de censura previa, la autorregulación del ejercicio periodístico, el secreto profesional y el derecho a mantener en reserva las fuentes.

El segundo proyecto denominado “Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación” fue elaborado por Fundamedios y el Grupo Parlamentario por la Libertad de Expresión y presentado, el 17 de junio, por los asambleístas Marjorie Chávez (PSC) y Fernando Villavicencio (Alianza Honestidad). En este proyecto que consta de 16 artículos se propone la protección al trabajo periodístico, garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación privados y comunitarios, velar por el cumplimiento de la autorregulación y que se faculte al Consejo de Comunicación a garantizar el ejercicio, promoción y cumplimiento del derecho a la libertad de expresión y prensa. 

El 2 de agosto se presentó el tercer proyecto reformatorio de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), este fue presentado por la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) y recibido por el asambleísta Luis Almeida (PSC). En el documento, de cinco páginas, AER plantea la reducción del porcentaje del 49% al 40% de las acciones para compañías de comunicación domiciliadas en el extranjero, también reconoce la participación ciudadana en los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios; y plantea que la emisión de contenidos interculturales no sea una obligatoriedad para los medios de comunicación privados. Aunque este no ha sido presentado ante el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) para su calificación.

El cuarto proyecto fue presentado, el 5 de agosto, por la asambleísta Marcela Holguín (RC) y fue elaborado en conjunto con trabajadoras y trabajadores de la comunicación, la academia y el observatorio de medios de comunicación públicos. En entrevista con Wambra Ec, Holguín, indicó que la propuesta busca mantener las garantías de derecho de periodistas y trabajadores de la comunicación que cubren temas de riesgos, además garantizar que periodistas y trabajadores perciban un salario justo y se les dote de herramientas para el ejercicio profesional y destacó que también se busca el fortalecimiento del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), ahora llamado Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, para que ofrezca capacitación a comunicadores y periodistas; y verifique la calidad de los contenidos emitidos en los medios de comunicación.

Con el proyecto presentado por el Frente Amplio por una Comunicación democrática, comunitaria y ciudadana suman 5 propuestas de reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), mismos que deberán ser calificados por el CAL para posteriormente ser debatidos por la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional.