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Familias fueron desalojadas del sector Nueva Esperanza en Monte Sinaí

 

Por: Génesis Anangonó Ch.

Publicado 26 de agosto de 2021

 

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Alrededor de 150 familias fueron desalojadas por agentes policiales y militares del sector Nueva Esperanza en Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas denunciaron, a través de redes sociales, que estos desalojos se habían desarrollado sin previo aviso, con un desproporcionado uso de fuerza y de forma indiscriminada. En esta zona habitan más de 130 personas, la mayoría empobrecidas y en situación de movilidad humana que a raíz de la pandemia se quedaron sin recursos para arrendar otro tipo de vivienda. Este sector tampoco cuenta con servicios básicos como agua potable o alcantarillado.

El tema de los desalojos en Monte Sinaí no es reciente, estos comenzaron en el 2013 luego de la emisión del decreto 607 del entonces presidente Rafael Correa, emitido el 28 de diciembre del 2010, con el que se delimitó 9.300 hectáreas de terreno como zona de seguridad para la construcción del Plan Hidráulico del Acueducto de Santa Elena. Tras los desalojos también hubo criminalización a las personas que habitan en el sector y sobre todo, a las y los dirigentes comunitarios a quienes se los acusó de ser traficantes de tierras y de promover las invasiones.

Estas medidas, tanto de los desalojos como la criminalización, se mantienen hasta estos días según explica Fernando Bastías Robayo, defensor de Derechos Humanos y parte del CDH. En entrevista con Wambra Ec, el defensor de derechos humanos comentó que, durante los desalojos forzados, miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas amenazaron con el retiro de los teléfonos celulares a las personas que intentaron registrar los hechos. 

Durante el operativo en Monte Sinaí realizado este 25 de agosto, las viviendas fueron destruidas por el personal de la Policía Nacional y el Ejército. Un día después, el 26 de agosto, un defensor comunitario fue detenido tras ser acusado de vender tierras y propiciar los asentamientos irregulares, pero, según explicó Fernando Bastías Robayo, el defensor fue puesto en libertad al no poder comprobarse esta información. 

Fernando Bastías Robayo manifestó que hasta el momento no se tiene claridad sobre quién ordenó el operativo de desalojo en Monte Sinaí, pues ni los policías ni los militares ni los funcionarios municipales, que también estuvieron presentes, pudieron responder estas dudas. Por ello, el CDH prepara un documento para solicitar a la gobernación de Guayas que se clarifique quiénes ordenaron y participan en los desalojos forzados. La CDH también se plantea conocer “cuál es el plan para prevenir los asentamientos irregulares”, pues aseguran que “la solución que ha dado el Estado es simplemente desalojar y hacer convenios inmobiliarios que al final del día lo que hacen es venderte una casa de miles de dólares por la que endeudas tu vida”,

La Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas responsabilizó a “la Fuerza Pública  y a la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares de lo que le pueda ocurrir en su integridad física, psicológica,  emocional o espiritual” de las personas que habitan Nueva Esperanza. De su parte, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) solicitó “respetar la integridad de las personas y también de los defensores comunitarios de derechos humanos” y que todas las intervenciones que se realicen sean con un enfoque de derechos humanos para garantizar la seguridad de las familias que habitan este sector. El desalojo en Monte Sinaí también fue rechazado por la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea, que hizo un llamado a respetar los derechos humanos de las personas desalojadas.

Sobre el tema de vivienda, al momento en la Comisión de Gobierno Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea Nacional se tramitan dos proyectos de ley: el de vivienda de interés social y de regularización de tierras. El proyecto de vivienda de interés social buscaría garantizar el derecho a la vivienda y planes habitacionales asequibles, mientras que el proyecto de regularización se plantea dar respuesta a los asentamientos informales, que según la asambleísta de PK, Patricia Sánchez, no solo se presentan en Guayaquil. De acuerdo con la asambleísta en el país, 3 millones de viviendas con déficit habitacional.