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Estudiantes rechazan reducción del presupuesto para becas en universidades privadas

 

Por: Génesis Anangonó Ch.

 

Publicado 24 de agosto 2021

 

 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la Universidad del Azuay, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) emitieron un comunicado conjunto, informando que ante la falta de desembolso por parte del gobierno central se ven en la obligación de reducir la oferta de becas a nuevos estudiantes. Estas ocho universidades particulares calificaron la situación como “un duro golpe para los estudiantes de escasos recursos del país”.

De acuerdo al comunicado, las universidades fueron notificadas por el Consejo de Educación Superior (CES) que el gobierno ecuatoriano no destinará recursos y explicaron que los recortes no son nuevos, ya que han “pasado de recibir el 10% de una fuente alimentada por una parte del IVA, en el 2011, a un 3% el año pasado y finalmente al 0% el día 8 de agosto del 2021”. Según el comunicado, estos recursos permitían que, mayoritariamente, estudiantes de escasos recursos accedan a educación superior en estos centros de estudio. 

La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y la Federación de Estudiantes de Universidades Privadas del Ecuador (FEUPE) se pronunciaron y manifestaron su rechazo a esta reducción de presupuesto. La FEUE, en un comunicado, criticó la reducción del presupuesto que se otorgaba a las universidades privadas para que jóvenes puedan acceder a becas de estudio y también cuestionó el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) entregado por Guillermo Lasso; por ello invitaron al presidente de la república a “escuchar al pueblo y retroceder en esta medida fondomonetarista y violenta, que lo único que busca es golpear a los sectores más necesitados” y llamó al ejecutivo a buscar alternativas como el cobro de “los aproximadamente 7 mil millones de dólares en impuestos evadidos por empresarios deshonestos”.

Por su parte, la FEUPE también manifestó su rechazo a la reducción de recursos y recordaron que “la educación es un derecho que el Estado ecuatoriano debe garantizar, no limitar”, por lo que se han “emprendido acciones en defensa de nuestros representados”, puesto que no se permitirá ningún acto de vulneración o retroceso de los derechos de las y los estudiantes universitarios. También dijeron que se mantendrán vigilantes ante el proyecto de reforma de la LOES y llamaron a las y los estudiantes universitarios a organizarse en la “búsqueda del bien común”.

Por su parte, rectoras y rectores de 26 universidades públicas del país, el 19 de agosto, solicitaron al presidente Lasso disponer al Ministerio de Economía y Finanzas la entrega prioritaria de los recursos necesarios para las instituciones de educación superior (IES) públicas, luego de que se evidenciaron movimientos en las cédulas presupuestarias en algunas universidades públicas. Frente a ello manifestaron su preocupación por la escasa transparencia e información sobre el presupuesto, a pocos días de que se emita la Proforma Presupuestaria 2021. En esa ocasión, las y los rectores recordaron que el gobierno anterior, con Lenín Moreno en la presidencia, redujo más de 98 millones de dólares a la educación superior pública y eso afectó la calidad de la educación superior en el país.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), el 23 de agosto, publicó un comunicado en el que informó “que el presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas ha pasado de 1.077 millones de dólares en el 2020 a 1.106 millones de dólares en el 2021”, por lo que, supuestamente, no existe riesgo de disminución de recursos para las universidades públicas del país. Sin embargo, en este comunicado, la Senescyt confirma la disminución del rubro del IVA que permite el otorgamiento de becas a estudiantes de escasos recursos de las universidades privadas.

Organismos como el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito se pronunciaron en rechazo a la reducción y solicitó a la Defensoría del Pueblo que, en el marco de sus funciones, active los mecanismos correspondientes a fin de asegurar que no se vulneren los derechos de las y los ciudadanos. Además, exhortó al gobierno de Guillermo Lasso: “a cumplir con su rol como garante de derechos, a respetar y asumir lo estipulado en los acuerdos internacionales suscritos por el Ecuador; así como lo contemplado en la Constitución y demás normas nacionales que protegen y precautelan el derecho a la educación” y exigieron al gobierno encausar sus propuestas en respeto de la constitución y considerando la realidad socioeconómica que afecta a miles de familias en el país.