DERECHOS HUMANOS
Tres años después del Paro de octubre ¿Qué pasó con las víctimas?
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 31 de octubre de 2022
Ecuador, en octubre de 2019, vivió un Paro Nacional de 11 días, que se generó durante el gobierno del ex presidente Lenin Moreno, a causa de “los impactos de una agenda económica que responde obedientemente a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, las cuales implican poner en marcha un conjunto de mecanismos legislativos y administrativos en la estructura política del Estado, que afirman y profundizan las desigualdades económicas y sociales entre las y los ecuatorianos”, según el informe Verdad, Justicia y Reparación, por la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos que la conforman 18 organizaciones sociales.
El estallido social de octubre cobró la vida de Raúl Chilpe, Silvia Mera, Marco Oto, José Chaluisa, Segundo Inocencio Tucumbi, Abelardo Vega Caizaguano, Edison Mosquera Amagua y Gabriel Angulo Bone. Las investigaciones sobre su muerte en la justicia aún no tienen respuesta, mientras las familias continúan en la espera de verdad y reparación.
A tres años de ese estallido, Himelda Rivera, madre de Marco Oto, relata que el Estado ecuatoriano hasta la actualidad no ha respondido por la muerte de su hijo. Por su parte, Rosa Bolaños, asesora legal de la Fundación Inredh, dice que las familias merecen conocer la verdad de lo sucedido con sus familiares, obtener justicia y ser reparadas. ¿Qué pasó con las víctimas de octubre?
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En 2019, el ex presidente Lenin Moreno firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales que generó preocupación en las organizaciones sociales y la sociedad en general. En ese entonces, la Defensoría del Pueblo se pronunció e instó al gobierno nacional a transparentar la información sobre el acuerdo, para que la ciudadanía ecuatoriana conozca las negociaciones que estos organismos acordaron con el gobierno. Sin embargo, esa información nunca se presentó y el gobierno inició una serie de reformas, entre esas, la eliminación de los subsidios a los combustibles a través del Decreto Ejecutivo N°883. Este decreto generó descontento popular y dió inicio al Paro Nacional, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y otras organizaciones sociales, que se desarrolló entre el 03 al 13 de octubre de 2019. Tras los once días de movilizaciones nacionales, representantes del movimiento indígena y el gobierno nacional mantuvieron un diálogo que cesó las movilizaciones y logró la derogatoria del decreto.
En esos once días de movilizaciones, la represión policial y la criminalización a los y las manifestantes dieron como resultado ocho personas fallecidas: Raúl Chilpe, Silvia Mera, Marco Oto, José Chaluisa, Segundo Inocencio Tucumbi, Abelardo Vega Caizaguano, Edison Mosquera Amagua y Gabriel Angulo Bone. Tres años después ¿Qué ocurrió con las investigaciones de responsabilidad de estas muertes?
Marco Humbterto Oto
Marco Oto tenía atrofia muscular y debido a una complicación le diagnosticaron distrofia. Además tenía una discapacidad intelectual del 46 %. El 07 de octubre de 2019, fue al sector de San Roque, en el centro de Quito, para comprar algunas cosas y visitar a una prima que vivía en ese popular barrio. Ese día, las protestas también se dieron en los alrededores del mercado de San Roque. Marco le contó a su hermano lo que veía y le dijo que se tranquilizara porque “solo estaba viendo”. En vídeos difundidos en redes sociales, se observa cómo después de una persecución por parte de la Policía a pie y en motos, los agentes acorralan a las personas en el puente de San Roque y caen dos personas del puente: Marco Oto y José Chiluisa.
Himelda Rivera, madre de Marco Oto, a tres años de la muerte de su hijo, cuenta que el Estado no ha brindado ninguna reparación. “el Estado hasta el día de hoy, nunca llamaron, nunca preguntaron: ¿ustedes son la familia del chico Marco Oto? Nada”. Según Himelda, han sido organizaciones de derechos humanos y fundaciones quienes la han acompañado en el camino en búsqueda de verdad, justicia y reparación.
“Yo lo recuerdo todos los días, las tardes, los meses, sobre todo ahora que fue su aniversario. Para mí recordarlo en ese día es tan difícil, porque se nos fue. Son tres años y parecía que fue ayer, pasó volando el tiempo, es algo increíble”, cuenta Himelda y dice que todos los días le pide a su hijo que cuide de ella y de su familia. “Ojalá algún día se haga justicia”.
La madre de Marco pide que el Estado ecuatoriano sea consciente y reconozca “el error que cometieron con una persona con discapacidad, porque tengo un vacío sin solución”. Himelda visita todas las semanas a su hijo en el cementerio de El Batán, en San Diego, Quito, desde octubre de 2019. Ella relata que se siente contenta al ir a visitar a Marco y cuenta que cuando va sola y no hay gente cerca “suena el vidrio, golpea tres veces. Asoma gente, pasan por ahí y no hay ningún sonido. Entonces es como que él siente que yo le voy a ver y con sus golpecitos se siente contento de que le voy a ver”.
La Fundación de Derechos Humanos, Inredh lleva la asesoría legal de la muerte de Marco Oto, según Rosa Bolaños, asesora legal de Inredh, el caso quedó inactivo en 2020, sin embargo en 2022, la Fiscalía llamó a rendir declaraciones y se empezó a investigar las señales radiales de la Policía Nacional, sobre todo, de la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO para intentar enlazar los hechos ocurridos.
Gabriel Angulo
Según el informe: Verdad, Justicia y Reparación levantado por organizaciones de derechos en 2020, Gabriel Ángulo tenía 15 años de edad, vivía con su madre y hermanos en el cantón Durán, provincia del Guayas. El día en que Gabriel falleció, se encontró con sus amigos y se trasladó a la Avenida Nicolás Lapentti por la llegada de la manifestación indígena a Guayaquil.
Durante la manifestación, en ese lugar hubo saqueos a almacenes comerciales “por parte de sujetos no identificados”, según testimonios recogidos en el informe. La Policía intervino y, entre el disturbio, Gabriel cayó a una alcantarilla y se lesionó la pierna; al salir, se quedó sentado en la acera. En ese momento, según los testimonios recogidos en el informe, llegó una patrulla motorizada con dos policías, uno de ellos apuntó al joven y le disparó una bomba lacrimógena que impactó en su pecho y provocó su muerte, por «hemorragia aguda interna, hemopericardio, laceración de corazón, trauma cerrado de tórax».
En 2019, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, presentó a la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado el expediente de Gabriel Angulo porque “consideramos que los delitos donde están inmersos servidores policiales y por la naturaleza del delito y las circunstancias del mismo, deben ser investigados a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, en esto consideramos que la muerte de Gabriel es una ejecución extrajudicial”, dice Abraham Aguirre Gracia, abogado y coordinador del área legal del Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, pero por efectos de la pandemia por la covid-19, el poco personal de la Dirección de DDHH y Participación ciudadana, el requerimiento apenas se hizo efectivo en 2022, por lo que espera que la investigación del asesinato del asolescente pueda estar mucho más enfocada a lo que establece organismos internacionales, con pericias más especializadas y con diligencias como la perfección de versiones de los policías, jefes policiales para tener conocimiento de quienes portaban armas lanza bombas el día de las manifestaciones.
Para Aguirre, el caso de Gabriel ha avanzado muy lento, en la Fiscalía tercera del Cantón Durán donde se estuvo desarrollando la investigación previa. Los fiscales a cargo se han cambiado de manera reiterada y no han realizado las diligencias necesarias y destaca que la doctora Inés Barco estuvo encargada del caso durante la pandemia por covid-19 en 2020, en ese tiempo ella realizó significativos avances y diligencias, como pedir la lista de policías que estuvieron asignados al cantón Durán y el sitio donde falleció Gabriel. Pero que el caso aún no avanza como debería, ya que el doctor Leonardo Palacios, fiscal actual del caso “no ha hecho efectivo la celeridad que requiere este tipo de casos, por la naturaleza del mismo con las circunstancias y quien falleciese que es adolescente”.
“Esperamos que este caso proceda de la mejor manera para que los familiares tengan verdad y justicia” explicó Aguirre.
Edison Mosquera
Edison Mosquera tenía 29 años, era electricista y chofer profesional. La noche del 07 de octubre, mientras regresaba del trabajo se sumó a las protestas sociales, en el sector de la Recoleta, en el Centro Histórico de Quito, mientras estaba en las protestas fue impactado por un proyectil en la cabeza, tras lo sucedido fue ingresado al Hospital del IESS Sur y luego trasladado al Hospital Carlos Andrade Marín donde falleció a causa de una “hemorragia cerebral, laceración cerebral y fractura de cráneo por entrada y paso de un proyectil presuntamente de arma de fuego”.
Al igual que el caso de Marco Oto, la Fundación de Derechos Humanos, Inredh, lleva la asesoría legal de la familia de Edison Mosquera y hasta el momento se conoce que en 2022, la Fiscalía General del Estado llamó a rendir declaraciones y empezó a investigar las señales radiales de la Policía Nacional, en especial de la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO para intentar enlazar los hechos ocurridos, dijo la asesora legal de Inredh, Rosa Bolaños.
José Inocencio Tucumbí
José Inocencio Tucumbí, líder de las comunidades de base de la Organización de Pueblo Indígenas de Jatun Juigua de Pujilí y parte del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, MICC y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie. Tenía 50 años cuando desde su comunidad Juigua Yacubamba, en Pujilí, se movilizó hasta Quito durante los días del Paro Nacional. El 09 de octubre fue “embestido por agentes de la Policía Nacional, en el sector de la Fiscalía General del Estado” y falleció en el Hospital Eugenio Espejo.
Intentamos contactarnos con familiares y representantes de la Asociación Inocencio Tucumbí, en memoria del dirigente indígena, sin embargo, no tuvimos respuestas.
José Daniel Chaluisa
José Daniel Chaluisa tenía 40 años, pertenecía a la parroquia de Zumbahua, del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. Trabajaba en el mercado de San Roque, en Quito y participó de las protestas. El 07 de octubre “cayó del puente de San Roque mientras huía de elementos motorizados de las fuerzas de seguridad, quienes según versiones, presuntamente habrían golpeado su mano con un tolete mientras el hoy occiso se sostenía para no caer”, según se detalla en el informe Verdad, Justicia y Reparación.
Posteriormente fue llevado a una casa de salud y dos días después falleció a causa de una hemorragia por laceración, contusión pulmonar, trauma torácico cerrado y politraumatismo.
Según Rosa Bolaños, asesora legal de la Fundación Inredh, después de que el caso de José Chaluisa quedara inactivo en el año 2020, desde Fiscalía, en 2022, llamaron para rendir declaraciones y se empezó a investigar las señales radiales de la Policía Nacional, sobre todo, de la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO para intentar enlazar los hechos ocurridos.
Abelardo Vega
Abelardo Vega Caisaguano tenía 41 años, de la comunidad Tigua-Yahuartoa, parroquia de Guangaje, cantón Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. Vivía en Quito y el 12 de octubre, el décimo día de protestas, Abelardo fue atropellado a la altura del antiguo registro civil de Turubamba y no se pudo identificar si el vehículo era de la policía, militares o civiles. Él fue trasladado hasta el Hospital Enrique Garcés, donde falleció.
Raúl Chilpe
Raúl Chilpe nació y creció en la comunidad Luz María, parroquia rural de Molleturo, Cuenca. Era campesino, el menor de sus hermanos y quien cuidaba de su madre, María Aurora Chilpe, quien tiene discapacidad motriz. El 06 de octubre de 2019, Raúl estaba con unos amigos mientras esperaba que la vía se habilitara para poder pasar. En ese momento, un auto que viajaba de Cuenca a Guayaquil embistió a Raúl, haciendo que su cuerpo se elevara, se impactara contra el parabrisas y cayera al piso. Tiempo después, personas del Ministerio de Salud Pública llegaron hasta el lugar y confirmaron su muerte debido a que su caja torácica se había destrozado.
Silvia Mera
Silvia Mera fue la única mujer en la lista de las víctimas del Paro Nacional de octubre de 2019. Tenía 35 años, vivía en Malchinguí, parroquia del cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha. El 11 de octubre, después de su jornada de trabajo, Silvia regresaba a su casa en la moto de un amigo suyo. La moto colisionó con un tronco que estaba atravesado en el camino. Ella, según los testimonios, había volado siete metros lo que le provocó la muerte por poli trauma grave facial.
Familiares de las víctimas sin reparación
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, visitó Ecuador, los días 28 al 30 de octubre de 2019, para observar la situación de los derechos humanos en el país tras las protestas sociales registradas en octubre del mismo año. Tras su visita, la Comisión emitió un informe y dio estas recomendaciones al Estado ecuatoriano:
-Respetar y garantizar el derecho a la protesta, libertad de expresión, reunión pacífica y participación política de los y las ciudadanas.
-Establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las familias de las víctimas del Paro
-Avanzar las investigaciones correspondientes por las muertes en el contexto del Paro Nacional, sancionar a los responsables y obtener medidas de reparación individuales y colectivas correspondiente a las víctimas, entre otras.
El 24 de octubre de 2022, se desarrolló la audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre Protestas sociales y Pueblo Indígenas en Ecuador, la audiencia se concentró principalmente en exponer los hechos de violencia del Paro Nacional de 2022, sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, instó a la Comisión a emprender un proceso de supervisión y seguimiento permanente de las recomendaciones que hizo al Estado ecuatoriano durante su visita entre los días 28 y 30 de octubre tras el Paro Nacional de 2019.
El informe: Verdad, Justicia y Reparación, elaborado en 2020 también señaló varias recomendaciones para el Estado ecuatoriano:
– Focalizar todos sus esfuerzos para que en el proceso de buscar justicia y reparación se implemente el derecho a la verdad
– Transparentar el estado de las investigaciones y sanciones sobre violaciones a derechos humanos
– Garantizar el debido proceso y la debida diligencia en las investigaciones
– Respetar, proteger y cumplir sus obligaciones respecto del derecho a la resistencia, a la protesta y a la movilización social, entre otras.
Las recomendaciones tanto de la CIDH como de la Comisión de la Verdad no se tomaron en cuenta ni por el gobierno de Lenin Moreno ni por el gobierno de Guillermo Lasso.
Desde las organizaciones de derechos humanos en Ecuador, se continúan realizando acciones que buscan registrar las violaciones a los derechos humanos durante las protestas. Así, Rosa Bolaños, asesora legal de la Fundación Inredh, señala que se encuentran levantando una matriz de violencia policial en el marco de las investigaciones que tienen como Inredh. En esa matriz están incorporadas las movilizaciones de octubre de 2019 y de junio de 2022.
Para Bolaños, las familias de las víctimas de la represión de octubre merecen tener justicia, pero sobre todo, el país necesita que las violaciones a derechos humanos sucedidas en 2019 no se vuelvan a repetir. Además, “el Estado debe dar el derecho a la verdad a estas familias, de qué es lo que sucedió con su familiar y por sobre todo, también medidas de indemnización material como inmaterial que recobra este ejercicio de memoria y justicia”.
Por su parte, Sybel Martínez, quien fue parte de la Comisión Especial para la verdad y la Justicia de Ecuador, formada por la Defensoría del Pueblo, respecto a las violaciones de derechos humanos ocurridos en octubre de 2019, dijo que después de la presentación del informe, el 17 de marzo de 2021 y todo lo sucedido con el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, tras su remoción y la conformación de la nueva Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional “no ha habido más avances”. Según explicó Sybel Martínez, los comisionados presentaron el informe y no se han vuelto a reunir. Además, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Colectivos y Garantías Constitucionales de la Asamblea debían hacer un seguimiento después de la presentación del informe y eso no se ha realizado.
Desde Wambra nos contactamos con Daniel Véjar, del departamento de Derechos Humanos y estamos a la espera de que nos brinde información actualizada para conocer los avances de las investigaciones de las personas fallecidas en octubre de 2019. Asimismo, desde la Comisión de Garantías Constitucionales Derechos Humanos Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional nos informaron que no están haciendo seguimiento a los hechos del paro de octubre y se han centrado en los hechos del paro nacional de junio de 2022.
