Por la vida y por el agua
Por: Génesis Anangonó Ch. @genestefa
Edición general: Ana María Acosta @yakuana
Ilustración portada: Andrea Venturini
Publicado 21 septiembre 2021
[rt_reading_time label=»Tiempo de lectura:» postfix=»minutos» postfix_singular=»minute»]
Paola Ortiz es parte del Colectivo Yasunidos Guapondelig y de la Escuela Popular Agustín Cueva Dávila de Cuenca, en Azuay, en la Sierra sur de Ecuador; tiene 27 años pero está segura que su apego por la lucha en defensa del agua y los territorios surgió cuando aún era una niña. Paola nació en Macas, una ciudad de la Amazonía Sur de Ecuador, ahí creció entre la ciudad y la finca de su abuelo, donde aprendió a sembrar yucas y papayas, y también a nadar en el río que visitaba los fines de semana.
Su niñez transcurrió así: entre el campo y la pequeña ciudad amazónica, pero esto cambió cuando se mudó a Cuenca, dejando atrás la sencillez de Macas y enfrentándose al concreto de la tercera ciudad más grande de Ecuador: Cuenca.
– Cuando recién llegué acá a Cuenca las primeras veces que iba a la universidad me mareaba al punto de que una vez me dieron náuseas y vomité, pero era por el cambio tan drástico en la calidad de vida – dice Paola, con voz pausada, pero con seguridad.
Esto le hizo comprender que cuando existe acceso al agua limpia se puede llevar una vida más sencilla y tranquila. Es por eso que los caminos la llevaron a vincularse al activismo ecologista por la defensa del agua en Azuay. Así, en 2014, inició su relación con los movimientos y organizaciones de defensa de los territorios y la naturaleza.
Paola tenía 20 años y la lucha de los campesinos y campesinas por la defensa de los páramos en Kimsacocha tomaba fuerza. Ese mismo año, el entonces presidente Rafael Correa dio fin a la iniciativa ambiental Yasuní-ITT, que buscaba dejar el petróleo bajo tierra, a cambio de una contribución económica de la comunidad internacional. El Parque Nacional Yasuní, ubicado en la Amazonía norte de Ecuador, es considerado “como una de las zonas con mayor diversidad por metro cuadrado del planeta”, según la Unesco, y donde habitan los pueblos indígenas no contactados Tagaeri y Taromenane. En la búsqueda de una alternativa a la decisión del gobierno nació el Colectivo Yasunidos, conformado por jóvenes de diversas ciudades que se articularon para defender el Yasuní. Paola y cientos de jóvenes de todo el país apoyaron en la recolección de firmas para impulsar una consulta popular de iniciativa ciudadana y mantener al Yasuní libre de la explotación petrolera.
El Colectivo Yasunidos entregó más de 750 mil firmas al Consejo Nacional Electoral (CNE), que requerían verificación por parte de la entidad y un pronunciamiento de la Corte Constitucional para que se apruebe la consulta popular, sin embargo, el CNE anuló más de 400 mil firmas presentadas, algo que fue denunciado por los ecologistas como un “proceso fraudulento”. La consulta no se pudo realizar y en 2016, Rafael Correa dio paso a la explotación petrolera e inauguró como campo petrolero el bloque ITT que integra a los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini, en el Parque Nacional Yasuní.
Para Paola y muchos jóvenes la defensa del Yasuní fue el primer acercamiento con el activismo ecologista. En 2017 Paola se unió formalmente al colectivo Yasunidos- Guapondelig cuando corría el primer paro de la comunidad de Río Blanco contra la minera Ecuagoldmining South America S. A. Pero, para ella este fue un hecho que marcó un antes y un después en su vida y activismo a favor de la defensa de la naturaleza y el agua.
En 2018 un campamento minero de la empresa china Ecuagoldmining South America S. A. asentado en la comunidad campesina de Río Blanco, fue incendiado; indígenas y campesinos de la comunidad que se oponían a la presencia de la empresa minera fueron judicializados.
Cuatro meses después del incendio en Río Blanco, el 27 de septiembre de 2018, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) creó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, con el que se pretendía proteger a las defensoras y defensores de la naturaleza. Paola, sus compañeras y compañeros del colectivo, habrían requerido de este acuerdo, sin embargo, pese a que Ecuador suscribió este acuerdo en 2018, lo ratificó ante las Naciones Unidas el 21 de mayo de 2020 y entró en vigencia apenas el 21 de abril de 2021.
Meses atrás Paola y sus compañeras y compañeros del colectivo habían empezado a acompañar a las personas de la comunidad de Río Blanco que resistían a los proyectos mineros. Paola recuerda que con la Escuela Popular Agustín Cueva Dávila realizaron jornadas y asambleas con la población de Río Blanco y poco a poco fueron tejiendo una estrecha relación con muchas familias de la zona que resisten a la minería.
Esta relación con las comunidades y el trabajo con el colectivo es lo que a Paola le parece “maravilloso”, porque le ha permitido, junto a sus compañeras y compañeros, aportar en la defensa de la naturaleza, en medida de sus posibilidades como joven urbana, mujer y estudiante de ingeniería civil.
– Esto no es pagado, no es que tengamos un salario. Más bien lo hacemos porque es una forma de ver la vida y aportar desde lo que cada persona conoce, desde nuestras propias experiencias y desde nuestra crianza – dice, mientras sonríe ligeramente.
Sin embargo, reconoce que hay limitaciones en este camino. Recuerda cuando la criminalización hacia la población de Río Blanco se hizo visible: cuando ocurrió el incendio en 2018, las personas que resistían a la minería fueron acusadas de haberlo provocado y por esa razón fueron criminalizadas. Las personas de la comunidad, integrantes del colectivo Yasunidos Guapondelig y Paola tenían miedo; y aunque ella no fue objeto de intimidaciones vio de cerca cómo integrantes de su colectivo, indígenas y campesinos de la comunidad, sí lo eran.
– Yo, en particular, sentí miedo después del incendio del campamento en Río Blanco, no sabemos quién, pero sospechamos y creemos que fue un intento de cortar los lazos de la comunidad con grupos de apoyo que visibilizaban su lucha.
Paola recuerda que así fue como empezaron a atacar a Yasunidos Guapondelig y recuerda que en redes sociales circularon memes y se crearon cuentas en Facebook y Twitter en donde publicaban fotografías de varias personas del colectivo llamándolas “terroristas y desestabilizadores”. Incluso estas fotografías fueron pegadas en el Parque Calderón, uno de los principales parques de Cuenca. El rostro de Paola no fue parte del material difundido, sin embargo, recuerda que el rostro de tres compañeras y dos compañeros, todos jóvenes, de Yasunidos Guapondelig sí.
– Sentí mucho miedo por ellas. Si bien no salió mi rostro, sí se hablaba del Colectivo Yasunidos y yo me identificaba sin bajar la voz como integrante del colectivo. Ese par de meses dudé de continuar en el colectivo – comenta Paola.
Paola cree que sus compañeras víctimas de intimidación “sufrieron mucho”. Recibían advertencias de que entrar a sectores específicos les podría costar la vida.
– Nos decían cosas medio fuertes, pero sin que nadie se haga cargo de esas amenazas. Me tocó mucho y colapsé en varios momentos, pero afortunadamente no estaba sola.
Acciones como estas, que son perpetradas por las empresas mineras y ejecutadas por las instituciones del Estado ecuatoriano, han sido la forma para intimidar a líderes y lideresas sociales, para obligarles a desistir de sus luchas. Sin embargo, dice Paola, que el acompañamiento de sus dos organizaciones, además de los debates y análisis al interior, permitieron construir un espacio fortalecido que brindaba seguridad a activistas y personas de la comunidad conformada por indígenas y campesinos.
En el momento en que las compañeras y compañeros de Paola fueron acosados e intimidados el Acuerdo de Escazú aún no regía en el país; y aunque en Ecuador la Constitución garantiza la protección de todas y todos sus habitantes, cuando se trata de mujeres y hombres que defienden los derechos humanos o de la naturaleza “un número importante de estas personas quedan fuera de esa seguridad y de los derechos y se transforman en ‘enemigos’”, porque el Estado justifica la criminalización de las y los defensores bajo el argumento de “mantener la seguridad, garantizar el orden público o la defensa de los intereses del país”. Así lo explica el libro Criminalización de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Ecuador, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
Pese al abandono y la falta de garantías que brinda el Estado a las y los defensores de la naturaleza, la construcción y el acompañamiento colectivo permite que defensores y defensoras puedan continuar ejerciendo su derecho a la resistencia, explica Inredh. Paola coincide con ello y explica que el acompañamiento colectivo fue la clave para que, luego del incendio, el Colectivo Yasunidos y las comunidades indígenas y campesinas pudieran impulsar una consulta popular en 2019 que logró que se prohíba la explotación minera de la empresa canadiense INV Metals Inc. en el cantón Girón en Azuay. Paola dice que durante este proceso, ella y dos compañeros realizaron la campaña en Girón:
– Nos íbamos todos los días para allá y hacíamos campaña en las escuelas, en los mercados, con pequeños desfiles y así logramos que casi el 87% se opusiera a la minería.
En la consulta popular, del 24 de marzo de 2019, el 86,79% de la población de Girón votó a favor de prohibir las actividades mineras en los páramos o fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsacocha. Con esta votación se confirmó que incluso la parroquia San Gerardo, que hasta entonces había sido considerada como el bastión de la minería en Azuay, estaba en contra de la explotación minera y que no se permitiría que las concesiones afectarán las fuentes hídricas de la zona. Cuando este resultado fue publicado, Paola sintió mucha alegría porque el trabajo de resistencia de la población de Girón dio frutos y el activismo ecologista de ella y las y los jóvenes del colectivo, sus “compas” como les dice, habían podido apoyar ese proceso.
Con esa experiencia previa, Yasunidos Guapondelig inició un nuevo proceso de acompañamiento a la resistencia, esta vez, en Cuenca, en donde el 7 de febrero de 2021 se realizó una consulta popular y el 80% de la población le dijo “Sí” a la prohibición de actividades mineras en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay, Machángara y Norcay.
Paola admite que durante la campaña no pudo estar en Cuenca, sin embargo, se alegra de haber aportado en la construcción del documento que se presentó a la Corte y en las gestiones frente al Consejo Cantonal y a la alcaldía de Cuenca.
– Yo pude asistir a mis compañeros y compañeras en lo que necesitaban, pero ellos estuvieron al frente de lo que fue la campaña y a mí me designaron la veeduría de las elecciones.
Recuerda que, previo a la consulta popular, lograron conformar un equipo de 67 personas, distribuidas en el cantón Cuenca, que pudieran transmitir los resultados de primera mano y con un nivel de confianza alto para así no esperar los resultados de la CNE.
– Porque ya nos había pasado antes, han habido muchos episodios que nos generaron muchísima desconfianza.
La consulta popular en Cuenca ganó. Ganó la no explotación minera en ese cantón y para Paola, esta victoria constituye un hecho histórico en donde la población civil, la organización comunitaria, el activismo ecologista joven, la organización indígena y campesina le ganó al extractivismo y sentó un precedente para garantizar el derecho humano al agua limpia.
La lucha por el agua en Azuay se convirtió en un referente para otros cantones de Ecuador que quieren frenar el avance de la minería en sus territorios. Paola lo sabe y está contenta por este triunfo que nació en las organizaciones sociales y campesinas de Cuenca. El resultado de la consulta debe ser aplicado inmediatamente y tiene un efecto incluso sobre las concesiones mineras ya existentes.
– No es que ganó la no explotación para futuras concesiones, para las hipotéticas concesiones que pueda dar cualquier presidente en 50, 100 o 300 años. No. Hablamos de ahora, no nos van a tomar el pelo. No importa lo que digan los constitucionalistas mineros; ni siquiera importa lo que digan las leguleyadas constitucionalistas. Nosotros vamos a defender ese voto y a exigir que el resultado de la consulta sea aplicado inmediatamente – dice convencida.
Paola se siente más tranquila con su trabajo de militancia y aunque cree que no empezó “tan guambra”, parte de su juventud ha podido participar de manera activa en la defensa de los territorios y el agua. Aunque en la universidad se decantó por estudiar ingeniería ambiental, que luego cambió por la ingeniería civil, cree que su forma de ver la vida se ha construido en las calles, junto a sus compañeras, compañeros y a las comunidades que resisten y defienden la naturaleza y la vida.
