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Organizaciones critican designación de

Defensor del pueblo encargado por escaza trayectoria en DDHH

 

 

Por: Emilia Palacios @EmiliaPalaciosM

 

 

Publicado 21 de septiembre 2021

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Zaida Rovira, ex defensora del pueblo subrogante, y 20 funcionarios más de la Defensoría del Pueblo presentaron su renuncia al organismo en rueda de prensa, en rechazo a la designación de César Córdova como Defensor del Pueblo encargado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cpccs, designó a Córdova con cuatro votos y tres abstenciones, en una reunión extraordinaria realizada el 18 de septiembre pasado. Dicha designación se dio luego de que la Asamblea Nacional aprobara la censura y remoción del ex titular de la defensoría, Freddy Carrión.

Para Zaida Rovira es “imposible, creer, aceptar o validar la designación de una persona que no reúne los requisitos para ser el Defensor del Pueblo”. Al igual que la ex funcionaria, organizaciones de DDHH también critican la designación de Córdova. Según Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, el accionar del consejo en la designación de Córdova ha desnaturalizado la propia noción de participación ciudadana: “Escogieron a una persona sin haber escuchado previamente a las organizaciones de la sociedad civil, de los derechos humanos de la academia, sin realizar esa participación pluralista” explica la abogada.

Días antes de la designación del Defensor Encargado, la Alianza de DDHH, la Coordinadora de Organizaciones Sociales de Guayas y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh, entre otras organizaciones sociales, presentaron cartas, pedidos y pronunciamientos exigiendo transparencia en el proceso de designación de Defensor del Pueblo, tanto en el nombramiento temporal, como definitivo.  

Idrovo enfatizó en que “no se necesita ser abogado y tener 10 años de ejercicio profesional para ser Defensor del Pueblo, se necesita desempeñar esa magistratura ética”. También agregó que el designar a una persona cuya educación y única experiencia es en la aduana, pone en riesgo el accionar y obligaciones que tiene la Defensoría del Pueblo con los ciudadanos.

De otro lado, María Gabriela Alvear en calidad de defensora de derechos humanos y la Asociación Nacional de Personal Trabajadoras y Servidoras Públicas de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo presentaron una acción de protección en contra Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por encargar la Defensoría del Pueblo a una persona que según manifiestan, no cumple con los requisitos para desempeñar el cargo.

Córdova es doctor en jurisprudencia y tiene experiencia en temas aduaneros; se desempeñó en el cargo de secretario del pleno del Cpccs desde noviembre de 2020. Su designación como Defensor del Pueblo encargado fue oficializada por el Cpccs, este lunes 20 de septiembre en rueda de prensa. “No ha sido una decisión fácil” explicó la consejera Ibeth Estupiñán, quien señaló que esta decisión se dio en medio de amenazas de enjuiciamiento político al organismo, sino cumplía con los plazos para esta designación. Estupiñán afirmó que debido a la premura de los tiempos no se hizo una designación más participativa: “Esa es una de las razones por que las que no hicimos un proceso más amplio para conocer perfiles, para difundirlos ante la ciudadanía y para también someterlos a un escarnio público”.

La Presidenta del Cpccs, Sofía Almeida, explicó que durante la rueda de prensa que, la supuesta experiencia académica y profesional en derechos humanos del nuevo Defensor del Pueblo, César Córdoba, lo validan en el cargo para el cual fue designado. Organizaciones sociales y defensores de derechos manifiestan en cambio que, en la hoja de vida de Córdoba difundida en las redes sociales de la entidad, no se prueba dicha experiencia.

En el Artículo 216 de la Constitución Ecuatoriana y el Artículo 11 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo se establecen los requisitos para la persona designada como Defensora o Defensor del Pueblo. Allí se especifica que la persona escogida deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos para las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia y que se acredite una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos.