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Por: Emilia Palacios @EmiliaPalaciosM

¡Amnistía! fue el grito que se escuchó este martes 21 de septiembre de 2021, en la Asamblea Nacional del Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) entregaron con otras organizaciones sociales 260 procesos de amnistía para luchadores y luchadores sociales, así como para defensores y defensoras de la naturaleza ante la Comisión de Garantías Constitucionales, DDHH, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. 

Estos procesos tienen que ver con personas, hombres y mujeres, en su mayoría campesinas e indígenas, quienes han sido criminalizadas por su lucha en contra de proyectos extractivistas o en temas de defensa del territorio. Algunos de estos casos se dieron en territorios como La Toglla, La Merced de Buenos Aires, Gualel, entre otras comunidades de todo el país. En contra de estos defensores de DDHH, las empresas han iniciado juicios o acusaciones legales en su contra.

La entrega de pedidos de amnistía se la realizó en el salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional donde se tuvo la vocería de distintos representantes de las organizaciones, defensores, abogados y abogadas, así como asambleístas del movimiento Pachakutik. De acuerdo a Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento, este proceso de condonación u olvido de supuestos delitos políticos es necesario al reconocer que “cada mes mueren 4 líderes y luchadores sociales y 20 son perseguidos en América Latina” y que en el Ecuador existen procesos de hostigamiento a defensores y defensoras. 

El asambleísta por Cotopaxi, Peter Calo, recordó la labor de líderesas indígenas como Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña o Manuela León, quienes representaron el amplio proceso de reivindicación de derechos que se ha mantenido desde los movimientos sociales indígenas. Así mismo, se recordó a las personas que perdieron su vida durante el paro de octubre de 2019: “Gobiernos de turno quieren desconocer las luchas sociales seguiremos con más fuerza luchando. Aquí estamos: octubre vive y la lucha continúa”, enfatizó el asambleísta de Pachakutik.

Yuli Tenorio, abogada especializada en medio ambiente, estuvo presente en la entrega del pedido de amnistía e indicó que la práctica de la criminalización a defensores y defensores se ha vuelto sistemática. “No somos ni delincuentes ni terroristas, somos ciudadanos ecuatorianos en el ejercicio de nuestros derechos” explicaba la abogada quien narró un caso reciente de criminalización. Según Tenorio, en la parroquia la Merced de Buenos Aires, dos mujeres enfrentaron una audiencia por calumnia e intimidación, producto del hostigamiento de la empresa minera Hanrine. 

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, aseguró que los procesos de justicia no deben servir para amedrentar, hostigar y criminalizar a defensores y defensores de la naturaleza sino para garantizar los derechos humanos que se encuentran en la constitución y en tratados internacionales. De acuerdo a la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, los actos de los y las defensores se encuentran amparados por la Constitución, específicamente en el artículo 98, donde se garantiza el derecho a la resistencia. A través de este pedido de amnistía, las organizaciones exigen al Estado Ecuatoriano brindar espacios seguros para poder ejercer su derecho a defender su territorio, así como procesos de consulta previa, libre e informada y consultas ambientales sobre las actividades a realizar que pueden poner en riesgo los derechos de la naturaleza. 

Por su parte, Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, explicó en el evento que las amnistías son parte de la Agenda Legislativa Minga por el Ecuador 2021-2022, por lo que invitó a las personas defensoras a presentar una solicitud de amnistía si sus derechos fueron vulnerados. 

Ecuador fue el doceavo país en ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo Escazú, donde se mantiene, como uno de los objetivos, establecer mecanismos para la protección de defensores y defensoras.