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Carmen Tiupul es vicepresidenta de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich), mujer originaria de Cacha, comunidad que a su vez, es parte del pueblo Puruwá. La Comich fue una de las organizaciones que se movilizaron durante el Paro Nacional de Octubre de 2019 en la provincia de Chimborazo, en contra de las medidas económicas y el extractivismo. La organización ya se había movilizado en varias ocasiones en ese año, hacia la Gobernación de Chimborazo buscando un diálogo con el gobierno.

En las protestas de Octubre 2019, la Comich marchó hasta la Gobernación, pidiendo la renuncia de la Gobernadora de entonces, Luisa Loza, y realizando una toma simbólica del edificio. Carmen fue acusada por el presunto delito de paralización de servicios públicos, en el marco de estas manifestaciones.

La dirigenta es una de los 260 luchadores y luchadoras indígenas criminalizados y cuyos casos son parte del pedido de amnistía a la Asamblea Nacional del Ecuador, realizado por el pasado 21 de septiembre de 2021.

Dos años después, iniciaron las audiencias de juzgamiento en contra de Carmen. Organizaciones sociales e indígenas acompañaron a la lidereza, con plantones a las afueras del Tribunal de Garantías Penales de Riobamba, durante las audiencias.

La audiencia final se realizó el pasado 01 de octubre. Antes de iniciar la audiencia, Carmen recalcaba la importancia que carga la labor y lucha de las mujeres: “A nivel del país por el hecho de ser mujer ya somos sujetas a discriminación, el hecho de ser indígena y de pertenecer a un sector popular es mucho peor”, explicaba la lideresa en un video compartido por la Conaie, en sus redes sociales.

El Tribunal de Garantías Penales condenó a Carmen a dos años de prisión, al pago de 7 salarios básicos unificados y a la reparación de 5 mil dólares. Mauricio Yánez, fiscal del caso, presentó más de 29 pruebas que reafirman la responsabilidad de Carmen en la toma, supuestamente “violenta” del edificio de la Gobernación durante los días 8 y 14 de octubre de 2019, cuando organizaciones, colectivos, y diferentes grupos de la sociedad se movilizaban por el alza de los combustibles. “Entre las principales constan: las pericias técnicas de audio, video y afines, informes de identidad humana y morfológica, identificación de voces extraídas de grabaciones de medios de comunicación locales y cámaras de seguridad” se explica en un boletín de prensa de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a la Fiscalía, la toma de la Gobernación ocasionó la paralización de los servicios públicos como la Intendencia General de Policía, la Comisaría Nacional y el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador- Regional, instituciones que funcionan en el mismo edificio. Sin embargo, en una publicación de Diario Los Andes de Chimborazo se informó días después del Paro Nacional de Octubre, que “durante los días de manifestación no se provocó y se apostó a la paz” y que “la Gobernación de Chimborazo jamás dejó de trabajar”, según palabras de la ex gobernadora en ese momento.

De su parte, Lenin Sarsoza, abogado representante de Carmen Tiupul, crítica al Tribual pues asegura que basó decisión solamente en los testimonios de testigos, reflejados en las pericias presentadas. Para el abogado, esta sentencia es una vulneración a los derechos individuales, al derecho a la resistencia, a la protesta social, que tiene Carmen, como defensora de derechos humanos.

El tribuna, según Sarzosa, no tomó en cuenta la última sentencia de la Corte Constitucional, emitida el 21 de julio de 2021, donde se dicta que debe existir una interpretación intercultural en las audiencias y sobre el uso correcto de la prisión preventiva para las comunidades y nacionalidades originarias; así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que garantiza el goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos y nacionalidades.

Sarsoza recalca, además, que en la sentencia no se tomó en cuenta la pericia antropológica presentada en el juicio, donde se reconoce a Carmen como parte del pueblo Cacha y de la nacionalidad Puruwá que ha sido “una de las nacionalidades que históricamente han forjado la nacionalidad ecuatoriana en base a las luchas sociales contra el poder.

Además, se mencionó que esta lucha, que es memoria histórica, siempre se ha dirigido a las representaciones del poder, en este caso, la gobernación”. Carmen estaba en “la representación colectiva de toda la nacionalidad puruwá” durante las acciones en el paro de octubre de 2019, explicaba el abogado. Sarsoza también argumenta que no existió daño de bienes materiales.Cachá es la comunidad donde nació el líder indígena y héroe nacional Fernando Daquilema, quien lideró la rebelión en contra del gobierno de García Moreno en 1871. 

En redes sociales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) calificó a esta sentencia como injusta y como un claro caso de persecución política y criminalización de la protesta social.

Tras conocer la sentencia, Carmen en su página de Facebook señaló: “No puedo describir la indignación que siento; la injusticia, la desigualdad, la violación de derechos, el racismo, el machismo, la cobardía, la persecución a inocentes, las traiciones; hoy, nadie me lo cuenta, no lo estoy leyendo en libros, no lo estoy viendo tras pantallas; ¡hoy! Lo estoy viviendo en carne propia”.