por Luisana Aguilar @luibeagal y Verónica Calvopiña @kinoraxx

El 3 de agosto de 2018 debe recordarse como un día histórico para defensoras y defensores de derechos humanos y de la Naturaleza que consiguieron su primera victoria judicial en Ecuador. Después de alrededor de dos décadas luchando, el Tribunal de Justicia Constitucional de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Azuay, conformado por los jueces Edgar Morocho Illescas, Rosa Zhindón Pacurucu y Aurea Piedad Calderón Vintimilla ratificaron la sentencia que en primera instancia reconoció el derecho a la consulta previa, libre e informada para las comunidades de la parroquia Molleturo por el proyecto minero Río Blanco.

Las concesiones otorgadas además de inconsultas, se encuentran dentro del bosque protector Mollepungo-Molleturo, parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, amenazando humedales alto-andinos, páramos, lagunas, bosques primarios, una elevada biodiversidad en especies vegetales y animales, y las nacientes de varias micro cuencas hidrográficas. Esta fue la razón por la que estas concesiones ya fueron revertidas hacia el Estado en 2008, a propósito del mandato constituyente nº 6, Mandato Minero, pero que posterior a la aprobación de la Ley de Minería en 2009, se volvieron a otorgar sin cumplir con el requisito de la consulta previa, libre e informada. Según el Art. 398 de la Constitución ecuatoriana, toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente debe ser consultado a la comunidad. Este derecho nunca fue reconocido a la parroquia de Molleturo, tal como fue demostrado durante la demanda de acción de protección, presentada por la comunidad.

El juez Paúl Serrano aceptó esta acción a favor de Molleturo y en la sentencia emitida el 1 de junio del 2018, ordenó que se suspendan todas las actividades mineras en la zona, se retire la presencia de militares y policías y que se cumpla con la consulta previa a las comunidades.

Dos meses después, la Corte Provincial de Azuay ratificó esta sentencia anterior, pero además determinó que ya no era necesario hacer una nueva consulta en Molleturo, pues en la Consulta Popular de febrero de este año, esta parroquia aprobó con 67.80% la pregunta 5 que prohíbe de la minería metálica en todas sus fases, en zonas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.

Río Blanco: uno de los 5 proyectos estratégicos

Molleturo es una parroquia del cantón Cuenca, conformada por 72 comunidades, donde residen las defensoras y lo defensores de la naturaleza y el agua más bravos, en 20 años nunca dejaron de luchar a pesar de la división generada en las comunidades por parte de la minera, del hostigamiento y de la criminalización por parte del Estado ecuatoriano.

Ya en 1995, la empresa británica Río Tinto intentó explotar el proyecto minero Río Blanco, bajo el nombre de proyecto Alejandra; pero según lo reseña la organización Acción Ecológica, la minera salió por la presión de la comunidad.

El conflicto recrudece en 2007, cuando esta parroquia denunció la concesión de sus territorios a la empresa International Minerals Corporation (IMC). Las primeras movilizaciones en contra de la minería a gran escala se dieron en Molleturo, pero también las primeras escenas de represión y criminalización del gobierno de Rafael Correa.

Tras la aprobación de la Ley Minera en 2010, Río Blanco pasó a considerarse uno de los cinco proyectos estratégicos de la megaminería en Ecuador, junto con Mirador, San Carlos Panatza, Fruta del Norte y Kimsacocha.

Para 2012, la IMC se va del país, aduciendo que no había una situación jurídica clara, lo que daría pie para que meses más tarde, se aprueben reformas a la Ley de Minería; y los proyectos de Río Blanco y Gaby fueron vendidos a la minera de capitales chinos Junefield, que a su vez creó la subsidiaria en Ecuador, Ecuagoldmininig. En ninguno de esos momentos, ni IMC, ni Junefield, hicieron consulta en Molleturo.

La mina subterránea empezó a construirse en agosto del 2016. El ex vicepresidente Jorge Glass, junto con el ex Ministro de Minas Javier Poveda inauguraron el inicio de la perforación del túnel. Para la minera y el gobierno, Río Blanco inauguraba la minería a mediana escala en el país, y era el primer proyecto en explotarse. Según la información oficial del proyecto, en el yacimiento existen alrededor de 605.000 onzas de oro y 4,3 millones onzas de plata; cada año, durante once años, la mina tenía estimado tener una producción de 240 mil toneladas de mineral al año.

El proyecto Río Blanco que tiene más de 5 mil 700 hectáreas, se encuentra ubicado en el bosque protector Molleturo-Mollepungo, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas. Este parque se ubica, además dentro del Macizo de El Cajas, que fue declarado por la UNESCO como Reserva de Biosfera mundial en el 2013. Según la declaratoria, el macizo tiene una extensión de 976.600,92 ha, que cubre las provincias de Guayas, El Oro, Cañar y Azuay; es aquí donde nacen los ríos Yanuncay, y Tarqui, que abastecen a Cuenca. Pero, no solo eso, El Cajas es también uno de los pocos páramos que tiene América Latina, y por tanto, una reserva natural de agua y un acumulador de carbono, es decir, tiene una gran importancia para la vida y la naturaleza. De allí que Arariwa Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay, FOA, preguntaba qué minería responsable puede hacerse en un páramo.

A dos años del inicio de la construcción de la mina, las comunidades denunciaron la vulneración a ojos de agua, apropiación de terrenos, la militarización y la ruptura del tejido comunitario por la presencia de la minera. Eli Durazno, defensora de derechos de Molleturo, aseguró que las aguas se han ido secando, y que los ríos ya no tienen tanta afluencia como antes. Eli hacía referencia a los ríos Canoas y El Chorro, que según la comunidad se vieron afectados tras la construcción de la mina. Según Yasunidos de Guapondelig, el proyecto Río Blanco consumiría 22.8 litros de agua por segundo, llegando a gastar en un minuto, lo que usaría una familia en todo el día.

Desde agosto del 2017, las protestas en Molleturo volvieron a activarse. La comunidad exigía la salida de la minera, para lo cual realizaron un paro a las afueras del campamento minero que duró alrededor de 15 días. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue la militarización de la zona, según lo asegura un Boletín de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, del 24 agosto del 2017.

La militarización continuó hasta este año, y el 9 mayo del 2018, Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari; Mario Fárez y Víctor Hernández, dirigentes de la Federación de Organizaciones Indígenas y campesinas del Ecuador, FOA, denunciaron un secuestro por parte de trabajadores de la empresa, quienes los retuvieron y los mantuvieron incomunicados por varias horas.

En tanto, que la policía y la Gobernación de Azuay denunciaron la quema de una parte del campamento por parte de las y los comuneros de Molleturo, por lo que resultaron detenidas 4 personas. Tras estos hechos, la comunidad junto con la ECUARUNARI, decidieron presentar una acción de protección, alegando que la empresa nunca realizó un proceso de Consulta Previa. En la audiencia del 1 de junio del 2018, el juez Paúl Serrano, aceptó esta acción y declaró la suspensión de las actividades de la empresa china.

Dos meses después, la Corte Provincial del Azuay ratificó el cese de las actividades mineras en Río Blanco. Sin embargo, Río Blanco solo es la punta del iceberg, en Molleturo y en el Macizo de El Cajas existen 10 concesiones mineras más, otorgadas desde el 2007 al 2017, según David Fajardo del Colectivo Yasunidos. Mientras que en toda la provincia del Azuay, las concesiones mineras sobrepasan las 47 mil hectáreas.

.

ESCRIBE TU OPINIÓN