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Fiscalía investiga la muerte de Edgar Yucailla en el contexto del Paro de octubre de 2019

 

 

Por: Génesis Anangonó Ch

Publicado 16 de julio 2021

 

Edgar Yucailla, líder indígena de Chimborazo, falleció en el contexto del Levantamiento Indígena y el Paro Nacional de octubre de 2019. Según consta en la denuncia que presentó la Defensoría del Pueblo, Yucailla recibió, el 12 de octubre de 2019, “un impacto en su cabeza, mientras protestaba en las calles aledañas al parque de El Arbolito” y tras permanecer hospitalizado, durante 18 días, falleció en el Hospital Eugenio Espejo.

La mañana del 16 de julio de 2021, 21 meses después de la muerte de Yucailla, la Fiscalía General del Estado anunció que se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos en el proceso de investigación que se lleva a cabo.

Delfín Buelva, abogado que lleva el caso, dijo en entrevista con Wambra que la reconstrucción de los hechos fue solicitada por la defensa técnica y manifestó su preocupación por el poco interés y la no asistencia de diversos actores involucrados en el proceso judicial “la no concurrencia de nuestros testigos, eso nos preocupa a la defensa técnica, ya que vemos el desinterés de familiares, dirigentes y autoridades”. Sin embargo, Buelva aseguró que la defensa técnica continuará insistiendo para que se realicen todas las diligencias necesarias para determinar responsabilidades en la muerte del líder indígena.

Hasta el momento se han realizado pericias, se han receptado versiones de testigos presenciales, así como de agentes de las fuerzas públicas –policías y militares– que se encontraban en el lugar en donde ocurrieron los hechos. También han sido convocados, por tercera ocasión, los exministros Oswaldo Jarrín y María Paula Romo y se ha solicitado los informes de la Asamblea, de la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH que “demuestra la existencia de represión y homicidio”. Buelva explicó que, aunque no se ha terminado de recoger las versiones, la fase de investigación avanza “y posiblemente la Fiscalía termine con las invitaciones –a rendir versión– en este año”.

Buelva recordó que, para enfrentar a un aparato estatal, es necesario el compromiso de los familiares, dirigentes y autoridades; y pidió que todos puedan “levantarse en unidad” y mantener una vigilia constante por el caso “no solo de Edgar Yucailla, sino por todos los muertos de octubre, por los heridos y el proceso”.

El acta de defunción a la que tuvo acceso la Defensoría del Pueblo indicaba que el deceso de Edgar se produjo a consecuencia de una “laceración cerebral y fractura de bóveda y base de cráneo consecutivo a paso y penetración de proyectil de arma de fuego”. Adicionalmente la médica legista indicó que se “extrajo del cráneo del señor Yucailla, 258 restos de detonación de mostacillas compuestas de plomo, que son utilizadas en armas de fuego de detonación múltiple”.

La muerte de Edgar Yucailla no fue la única ocurrida a consecuencia del uso de material disuasivo durante las protestas de 11 días en octubre de 2019. En Durán, Gabriel Angulo Bone, joven afrodescendiente de 15 años, también falleció tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por un policía, en el contexto de intervención de la Fuerza Pública, según relataron varios testigos. María Paula Romo, en entrevista con La Posta, dijo que la muerte de Gabriel estuvo enmarcada en las acciones de control de seguridad de la Policía Nacional para “evitar saqueos”. En Quito, Edison Mosquera, de 29 años, falleció a consecuencia de un “traumatismo craneoencefálico, paso y penetración de proyectil arma de fuego” que según la médica legista se trató de una bala de goma que, aunque es una munición no letal utilizada para disuadir manifestaciones, puede provocar la muerte. Aquí, nuevamente, María Paula Romo negó en rueda de prensa que la muerte de Edison se haya producido en el contexto de represión y dijo que podría tratarse de “una muerte violenta”.

Marco Oto y José Daniel Chaluisa fallecieron luego de caer de un puente peatonal en San Roque en un enfrentamiento con agentes de la policía, Abelardo Vega Caisaguano, Inocencio Tucumbi, Raúl Chilpe, José Rodrigo Chalouisa y Francisco Quiñonez Montaño fueron atropellados, presuntamente, por vehículos policiales y militares durante el paro de octubre de 2019; y Silvia Mera que falleció en un accidente de moto en contexto de la protesta.

Cuando la entonces ministra de Gobierno María Paula Romo fue citada a una comparecencia ante la Comisión que creó la Asamblea Nacional para investigar los hechos ocurridos en octubre de 2019, dijo que “la Policía Nacional redujo al máximo la posibilidad de enfrentamiento y contacto físico con los protestantes. Lo que hubo fue una gran cantidad de material disuasivo no letal. Incluso salieron sin armas de dotación para garantizar que no haya ninguna afectación” y nuevamente negó que alguna persona haya fallecido por acción directa de los agentes policiales.

Para esclarecer las muertes ocurridas en el contexto del Paro de octubre de 2019, así como las violaciones de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo creó una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia que investigó lo ocurrido durante el Paro. La Comisión entregó, en marzo de 2021, el informe en el que se detallan casos de 6 presuntas ejecuciones extrajudiciales muertes donde no interviene la Fuerza Pública,  heridas físicas y psicológicas, personas que perdieron un ojo y tienen lesiones permanentes por el impacto de bombas, perdigones u objetos contundentes, además de las violaciones al derecho a la integridad personal y a la salud. Según el informe varias de las violaciones a derechos humanos fueron “provocadas por agentes estatales que, por su gravedad y recurrencia, podrían configurar el elemento de ‘ataque generalizado’ contra la población civil” y que podrían configurar un posible “crimen de lesa humanidad”.

De esta forma la Fiscalía avanza con la investigación en el caso de Edgar Yucailla, sin embargo, en casos como el de Inocencio Tucumbi y Marco Oto y otros, no han existido avances  para determinar responsabilidades, sanciones ni reparaciones; mientras que los delitos perpetrados por civiles también se encuentran en investigación.