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Censo penitenciario permitirá conocer realidad de privados de la libertad. Organizaciones y familiares exigen participación
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 23 de agosto del 2022
El censo penitenciario en Ecuador inició el 22 de agosto, en los 36 centros de privación de libertad del país. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI, el censo facilitará el levantamiento y actualización de información sociodemográfica de las personas privadas de libertad. El proceso durará tres meses.
Organizaciones de derechos humanos piden que la información obtenida sea pública y sirva para la creación de política pública de manera participativa. En 2008 ya se realizó un censo penitenciario que mostró que la población penitenciaria alcanzaba los 13.125 personas.
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En Ecuador, desde febrero de 2021 hasta julio de 2022 se han producido siete masacres carcelarias en varios centros de privación de libertad en el país. La primera fue el 23 de febrero; la segunda, el 21 de julio; la tercera, el 28 de septiembre; la cuarta, el 12 y 13 de noviembre; la quinta, el 3 de abril; la sexta, el 9 de mayo y séptima y última se dio el 18 de julio. Todas estas masacres dejaron como resultado alrededor de 400 personas privadas de libertad asesinadas.
A raíz de estas muertes violentas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó un informe, el 17 de marzo de 2022, sobre la situación de las personas privadas de libertad en Ecuador, donde señala varias problemáticas en los centros penitenciarios y dio recomendaciones para parar la violencia en las cárceles.
En el informe: Personas Privadas de Libertad en Ecuador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, destaca que uno de los factores de la crisis penitenciaria se debe “al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado y a la falta de una política criminal comprehensiva enfocada en derechos humanos”. Además de la obstaculización en la aplicación de beneficios penitenciarios como los indultos que también se ven obstaculizados por la falta de un censo penitenciario. El Estado ecuatoriano reconoció que las personas privadas de libertad no están debidamente registradas y concluyó que realizaría un censo, siendo uno de los puntos prioritarios propuestos por la Comisión.
Carlos Jijón, ex vocero presidencial, anunció el 21 de marzo de 2022, que el Estado puso en marcha tres puntos importantes de las recomendaciones de la CIDH; entre ellos, llevar a cabo un censo penitenciario a través de una plataforma, lo que permitiría conocer de mejor la manera “la realidad de las cárceles”, aseguró.
Dando cumplimiento a la información proporcionada por el Estado a la CIDH, el 22 de agosto, inició la fase de ejecución del Censo Penitenciario en 36 centros de privación de libertad en el país. El censo está a cargo de dos equipos censales interinstitucionales; el primero, inició el registró al norte del país en el Centro de Privación de Libertad Carchi N°1; el segundo, empezó en el centro de Privación de Libertad Loja N°1. De esa manera, los equipos recorrerán todo el país y al final se juntaran para terminar el censo en la provincia del Guayas. El censo está previsto realizarse en tres meses, según información proporcionada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas y Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI.
El comunicado del SNAI, también menciona que el censo facilitará el levantamiento y actualización de información sociodemográfica de las personas privadas de libertad para “mejorar sus condiciones de habitabilidad”, asimismo para la mejora de la administración de los centros y que es la primera vez que en Ecuador se “censa a la población penitenciaria como grupo de atención prioritaria”.
Hasta noviembre de 2021, había un total de 36.599 personas privadas de libertad. Estas se encuentran alojadas en los 36 centros de privación de libertad distribuidos en Centros de Privación de la Libertad, CPL, Centros de Privación Provisional de Libertad, CPPL o Centros de Rehabilitación Social, CRS. De estos, los centros que más alojan personas privadas de libertad son: Guayas No. 1, con 7.231 personas; Guayas No.4, con 4.978; y Cotopaxi No.1, con 4.890.
Estos centros son conocidos como las “mega cárceles” y es donde se han registrado las peores masacres carcelarias. En cuanto al perfil de las personas privadas de libertad, el 93.46% se corresponden a hombres y el 6.54% a mujeres; el 44.24% tiene entre 18 y 30 años, y la mayoría de estas, son personas reincidentes y no contarían con apoyo familiar. Además solo el 71 % cuenta con educación básica, según información entregada por el SNAI a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Contar con una lectura del mundo carcelario”
Billy Navarrete parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH Guayaquil, en una entrevista para Wambra dijo que el censo penitenciario tiene grandes expectativas debido a la ausencia de información oficial y consolidada sobre la situación de las personas privadas de libertad, sus condiciones de vida y su ubicación dentro de las cárceles y los pabellones. Tras las masacres dadas en los centros penitenciarios en Ecuador, se requería que el Estado y el SNAI brinde la información correspondiente sobre la población carcelaria y no lo hizo, por lo que “dudamos de las cifras que en su momento han venido mostrando el SNAI, por esta ausencia de información consolidada. Lastimosamente esta necesidad de conocer las condiciones de vida de las personas privadas de libertad no tiene ojos externos a los que están involucrados directamente los derechos humanos de la población carcelaria”.
Navarrete agregó que espera que el censo se cumpla según lo planeado y que la información sea pública y no esté resguardada “bajo siete llaves”, porque la información debería ser útil para el diseño de una política pública participativa. Confía en que el censo se pueda dar de la mejor manera pese a que está en “riesgo la vida y la integridad física de esta enorme población carcelaria que tiene el Ecuador”. Sin embargo, contar con la data permitirá tener una idea de lo que ocurre.
El integrante de la CDH Guayaquil también se refirió a la situación que enfrenta la ciudad y dijo “acá vivimos un ambiente bastante intimidatorio, extendido miedo en relación a la ausencia de mínimas posibilidades de seguridad y llámese esto a seguridad que brinde el Estado a través de la policía. Hay un deterioro bastante fuerte de debilidad con relación al rol de la policía dentro de las comunidades, no se confía. No hay quien proteja en relación a temas como la extorsión y ataques de organizaciones criminales que han extendido su control de forma rápida y evidente”.
Derecho a la memoria
El Comité de Familiares por Justicia en las cárceles, a través de twitter informó de la muerte de dos personas privadas de libertad “asesinadas en manos del Estado” que fueron encontradas colgadas con un cuerda en una de las celdas de la Penitenciaría del Litoral. “Que ninguna muerte quede impune, y que ningún familiar pierda la esperanza de exigir justicia en cárceles”, agregaron.
Además piden que las muertes en contexto de cárcel sean investigadas y que cada familiar que ha perdido a un ser querido sea reparado, concluyeron extendiendo un abrazo a las familias de las personas privadas de libertad encontradas sin vida. También dirigieron unas palabras al gobierno, diciendo que la vida de “nuestros parientes en prisión no son un juego. Guillermo Lasso, SNAI, ustedes son los responsables de la vida de nuestros parientes en prisión”.
El Comité de DDHH de Guayaquil también realizará un encuentro con familiares de PPL por el derecho a la memoria para exigir justicia y reparación, el 28 de agosto desde las 10 de la mañana en el Cementerio del Batallón del Suburbio, Ángel María Canales.
