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La repartición de frecuencias, uno de los temas que podría ser vetado en la Ley de Comunicación
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2 y Verónica Calvopiña @kinoraxx
Publicado 19 de agosto del 2022
La Asamblea Nacional aprobó el 21 de julio de 2022, el informe de minoría del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, con 75 votos a favor, 21 votos negativos y 30 abstenciones. El proyecto de ley aprobado mantiene los artículos de acceso y concurso de frecuencias y garantiza la creación de medios comunitarios.
El presidente Guillermo Lasso anunció el veto a la ley, apenas fue aprobada. A pocos días de cumplirse el plazo que el Ejecutivo tiene para presentar su veto, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia se reunió con periodistas, gremios y dueños de medios de comunicación para que brinden aportes que “enriquezcan el veto a ley”. La repartición equitativa de frecuencias sería uno de los temas que podría ser vetado.
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¿Cómo se construyó la ley aprobada?
La Asamblea Nacional en segundo debate, el 21 de julio de 2022, aprobó el informe de minoría del proyecto reformatorio a la Ley de Comunicación. Este proyecto fue presentado por asambleístas de Pachakutik y de Unes en la Comisión de Asuntos Internacionales y se basó en una propuesta hecha por medios comunitarios, pueblos y nacionalidades, organizaciones sociales, académicos e integrantes del Frente Amplio por una Comunicación democrática, comunitaria y ciudadana.
La Comisión de Asuntos Internacionales tuvo a su cargo durante un año, el tratamiento de la reforma. Inicialmente se presentaron cinco proyectos de reforma, entre ellos, la “Ley de Libre Expresión y Comunicación”, enviada por el gobierno de Guillermo Lasso, el 25 de mayo de 2021, un día después de asumir su mandato y eliminar el reglamento de la ley vigente.
La comisión unió estos cinco proyectos en un solo texto llamado Proyecto para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad De Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación. El texto borrador para segundo debate fue aprobado por cuatro asambleístas de la Comisión de Relaciones Internacionales, Juan Fernando Flores, Luis Cervantes de CREO, Jéssica Castillo de PK y Marjorie Chávez del PSC; de allí que se lo conocía como el “Informe de Mayoría”.
Este texto más que ser una reforma, modificaba sustancialmente la actual Ley de Comunicación. Esto porque entre otras cosas, la ley entendía la Libertad de Expresión desde la autorregulación de los periodistas y de los medios de comunicación. También se reducía el papel del estado en la comunicación frente a vulneraciones de derechos o la misma libertad de expresión.
De manera alterna, los asambleístas Ángel Maita de PK, Raisa Corral, Mónica Palacios y Fernando Cedeño, UNES, presentaron una propuesta de reformas a la Ley de Comunicación, denominado «informe de minoría”. El primer debate de la ley se realizó en enero de este año y el segundo debate se postergó hasta el pasado 21 de julio, más de un año después de que el presidente Lasso enviará su proyecto de ley. La sesión del Pleno de la Asamblea donde se aprobó esta norma coincidió con la elección de los nuevos vicepresidentes del legislativo: Marcela Holguín, (UNES,) y Darwin Pereira, (PK).
¿Qué dice el texto aprobado?
El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional mantiene los artículos de acceso al concurso de frecuencias, garantiza la creación de medios comunitarios, la creación de código deontológicos dentro de los medios de comunicación para propiciar el mejoramiento de sus prácticas periodísticas, entre otros puntos.
En cuanto a la distribución de frecuencias, el texto aprobado modifica la reforma de 2018, donde el artículo 106 asignaba el 66% de las frecuencias para medios privados y públicos, limitando a 10%, el espectro para medios públicos. Se eliminó también la frase “hasta el 34%” en cuanto a la distribución de frecuencias para medios comunitarios. También mantiene todo lo relacionado con el fomento y la difusión de la producción nacional e independiente, artículos que el informe de mayoría buscaba eliminar. Otro punto importante que se mantiene en el proyecto aprobado, son las inhabilidades y las limitaciones a la concentración de frecuencias.
En los artículos 11 y 12 se reconoce la responsabilidad ulterior tanto de periodistas como de medios de comunicación. La responsabilidad ulterior se define como la obligación de asumir consecuencias legales por la difusión de contenidos, “sin perjuicio de las acciones civiles o de cualquier otra índole”. El informe de mayoría también reconocía la responsabilidad ulterior, pero solo de los periodistas, y la sujetaba “a las limitaciones establecidas por la ley” (Art.5).
En cuanto a la vulneración de derechos, como en el caso de derecho a la réplica y rectificación, las personas que se sientan vulneradas podrán acudir a la Defensoría del Pueblo para que se inicien procesos y los medios deberán asistir a capacitación sobre manejo de información. También prevé la realización de campañas para la prevención de la violencia.
Tanto el informe de minoría como el de mayoría establecen la figura del Defensor de Audiencias; es decir, un funcionario dependiente de la Defensoría del Pueblo, encargado de conciliar entre la ciudadanía y los medios de comunicación.
El informe de minoría también amplía el objeto de la Ley de Comunicación, mencionando que su ámbito es la desconcentración de frecuencias, protección del derecho a ejercer la libertad de expresión, y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de medios de comunicación (Art.1)
El informe de minoría también reconoce en su artículo 5, normas de regulación voluntarias que los medios deben tener para mejorar sus prácticas periodísticas; en otras palabras, se habla de la autorregulación a la par que se fijan responsabilidades de organismos del Estado para la garantías de derechos relacionados con la comunicación: estos son el Consejo de Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, actual Consejo de Comunicación, y la Defensoría del Pueblo.
El informe de mayoría en cuanto al tema de medios comunitarios, proponía reducir su definición, así como las acciones afirmativas que la actual ley otorga a estos medios. La ley aún vigente, reconoce el acceso a fondos públicos para “la instalación, equipamiento, capacitación, investigación y producción de contenidos con enfoque intercultural y de género”. En cambio, la propuesta de Lasso si bien hablaba de políticas públicas para la creación y fortalecimiento de medios comunitarios (Art.10), no explicaba cuáles iban a ser esas políticas y proponía el acceso a líneas de financiamiento (Art.36).
De otro lado, la propuesta oficialista creaba la Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico, separando los artículos referidos al acceso de frecuencias, al concurso de medios, al acceso equitativo a la publicidad y de la producción nacional de la legislación de comunicación general, aduciendo que son temas técnicos.
Las reacciones en contra de la reforma
Durante la sesión de aprobación de la ley, Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo, coordinador de la Bancada Acuerdo Nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, calificó al informe de minoría como regresivo en derechos. Según él, se busca el regreso de “una ley mordaza”.
Tras la aprobación de las reformas, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador emitió un comunicado oficial que decía: “el gobierno nacional rechaza enfáticamente la aprobación de una Ley de Comunicación mordaza por la Asamblea Nacional, que intenta nuevamente restringir el derecho a la libertad de expresión”. Este comunicado agregó que una vez enviada la ley al Ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso evaluaría las acciones pertinentes para lo que llamó, “precautelar la democracia”.
Las reformas aprobadas fueron rechazadas por gremios de periodistas y dueños de medios de comunicación privados; así como la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz, ex asambleísta de Creo, partido de gobierno. Entre otros puntos, quienes se oponen a la ley critican el papel de la Defensoría del Pueblo para mediar entre la audiencia y los medios de comunicación en caso de la vulneración de un derecho. La ley aprobada contempla espacios de capacitación y difusión de campañas, en vez de sanciones económicas como en 2013.
En contraste a estas voces, Hernán Reyes, docente universitario, en una entrevista para Wambra dijo que, los sectores que siempre han rechazado la regulación de los medios de comunicación han usado el calificativo de “ley mordaza”, primero en 2013 para oponerse a la ley aprobada en ese momento, y ahora, hacen lo mismo con las reformas. “Las reformas aprobadas no implican de ninguna manera, una ley mordaza para nadie. Lo que hace es abrir el camino para que puedan defenderse los derechos de comunicación e información de las personas, sino, que pueda iniciarse o continuar, el proceso de democratización de la comunicación en Ecuador, a través de la distribución de frecuencias y de medidas como la distribución justa de la publicidad y propaganda oficial, acciones afirmativas para medios comunitarios”.
Marcela Holguín, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la bancada Unión por la Esperanza en una entrevista para Wambra, también se refirió a la Ley de Comunicación aprobada. Aseguró que esta ley es el resultado de una amplia socialización donde intervinieron comunicadores comunitarios, populares, medios públicos, privados, la academia y otros sectores de la comunicación. Y agregó que querer posicionar el discurso de una “ley mordaza”, es algo alejado de la realidad porque el informe aprobado excluye el término opinión, es decir, la opinión no será regulada dentro de la Ley Orgánica de Comunicación. Por lo tanto, no se puede hablar de coerción a la libertad de expresión.
El anunciado veto
El presidente Guillermo Lasso, el 11 de agosto de 2022, durante su discurso en conmemoración a los 213 años del Primer Grito de Independencia dijo que, siguiendo el ejemplo de los precursores de la independencia, dispuso a la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, recibir insumos de medios de comunicación y de otros sectores sociales para elaborar el veto al proyecto de Ley de Comunicación: “Con todas nuestras diferencias y discrepancias, vamos dar esta batalla por nuestra libertad de expresarnos”, agregó el mandatario.
Es así que, el gobierno nacional impulsó un diálogo con gremios de periodistas y dueños de medios de comunicación con el fin de recoger aportes que respalden su veto a la Ley de Comunicación. El primer encuentro se dio el 17 de agosto, con la participación de Leonardo Lasso, secretario general de comunicación, quien dijo que el presidente Guillermo Lasso y el Gobierno Nacional “reiteran su respeto irrestricto a la libertad de expresión”.
Los encuentros continuaron el 18 de agosto, en la ciudad de Cuenca; y el viernes 19 en Guayaquil. En esta ciudad, en la reunión con la SECOM, estuvieron concesionarios de frecuencias y dueños de medios como Mariela Viteri y Kléber Chica, quienes en diciembre de 2020, recibieron la renovación de su frecuencia de radio de las manos del expresidente Lenín Moreno. También estuvo Vicente Arroba Dito, cuyo hijo Gabriel Arroba, fue Secretario de Comunicación.
En estas reuniones se habló de la posibilidad de que el veto modifique alrededor de 50 artículos de la ley; es decir, el 70% de la norma. Entre los temas que el veto contemplaría están los requisitos para la concesión de una frecuencia, la censura previa, la responsabilidad penal y administrativa de periodistas.
Jhosseth Almeida, Subsecretario de Asuntos Regulatorios de la Presidencia de la República, en entrevista para un medio digital, mencionó que en las mesas con medios se ha planteado la posibilidad de un veto parcial, pero que no se descarta todavía un veto total. “En las mesas, el gremio y muchos periodistas son partidarios de ello. Esas observaciones serán consideradas y será el presidente quien decida”. El subsecretario mencionó que se contempla una objeción mixta; es un decir, parte de los artículos vetados irían a la Corte Constitucional para su revisión, y otra parte más a la Asamblea “lo que daría un total de 60 días para el tratamiento de la objeción”. Los artículos vetados por inconstitucionalidad, según Almeida, tienen que ver con “la opinión dentro del contenido comunicacional, de la censura previa, la responsabilidad ulterior, la aprobación de planes de comunicación y la regulación de medios comunitarios”. Otros temas de preocupación para los dueños de medios serían “el esquema de repartición de frecuencias y la institucional en general”.
Adicionalmente, un equipo de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, liderada por Fabián Pozo, viajó a Washington D.C en Estados Unidos para reunirse con el Relator Especial de la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca. El objetivo sería “recibir asistencia técnica y recopilar aportes de organismos internacionales para la objeción a las reformas de la Ley de Comunicación”.
De su parte, la CIDH también realizó una reunión con grupos de periodistas tanto privados como comunitarios en Ecuador. El ex dirigente de la Conaie, Apawki Castro, a través de twitter, dio a conocer que se reunieron con el Relator Especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para presentar el avance en derechos que tiene el informe de minoría de la Ley de Comunicación y las razones por las cuáles, no debe ser vetado.
Jorge Guachamín, secretario ejecutivo de Corape, dijo que el Relator continuará haciendo una serie de entrevistas con otras organizaciones, medios de comunicación y representantes a fin de sacar un informe. Aún no hay fecha de presentación para este informe, sin embargo en la reunión que tuvieron, los medios de comunicación manifestaron que es importante acelerar el proceso para la toma de decisión con respecto a la Ley.
En la presentación del informe es importante la consideración de que no haya retroceso en los derechos. Según Corape, en la reunión con el Relator, él se centró mucho en los concursos de frecuencia porque el actual proyecto de ley no permite que los medios comunitarios puedan concursar con medios privados por una misma frecuencia. Adicionalmente, la ley reconoce un puntaje adicional por experiencia; es decir, le da un puntaje extra a los concesionarios que ya tienen un medio de comunicación. Entonces, al sumar los puntajes es “imposible acceder a las frecuencias” para medios comunitarios nuevos, sin frecuencia.
Para Guachamín es importante ratificar desde el informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH, la importancia de tener un sistema democrático de administración y distribución de frecuencias de radio y televisión.
El secretario ejecutivo de Corape mencionó que la ley puede ser perfectible en cuanto a la corrección de ciertos temas que pueden llegar a generar ruido pero “en espíritu, la ley conserva muchos derechos como por ejemplo; en contenidos, redistribución de frecuencias, sostenibilidad de los medios de comunicación, la interculturalidad dentro de los espacios, seguridad a periodistas”.
