La promesa de Escazú para las y los jóvenes

que defienden la naturaleza en Ecuador

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Por: Génesis Anangonó Ch. @genestefa y Emilia Palacios @EmiliaPalaciosM

Edición general: Ana María Acosta @yakuana

Ilustraciones: Andrea Venturini

Video: José Mosquera

Infografías: Roberto Chávez

Publicado 21 de septiembre 2021

En Ecuador la defensa de la naturaleza y los territorios es una tarea que históricamente se delegó a las personas adultas de los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, y comunidades cuyos territorios son amenazados por actividades extractivas. Sin embargo, en los últimos años las y los jóvenes han tomado protagonismo en diversas luchas para defender los derechos de la naturaleza en un país como Ecuador, donde las personas defensoras son hostigadas, amenazadas, criminalizadas, perseguidas y hasta asesinadas. Según un informe de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que agrupa a 18 organizaciones ecologistas y de derechos humanos, en los últimos 10 años 449 personas defensoras tuvieron que enfrentarse a múltiples formas de criminalización y hostigamiento en el país.  Ese es el caso de Dannya, Denisse, Bryan, Paola y Simón, activistas menores de 29 años que defienden la naturaleza, el agua y los territorios y, desde temprana edad, se han enfrentado a distintos poderes.

Denisse y Danya son dos de las nueve niñas, menores de catorce años, que ganaron al poder petrolero en la Amazonía. Ellas y sus compañeras lograron una sentencia histórica que obliga al Estado ecuatoriano a apagar los mecheros de empresas petroleras que emiten gas contaminante. Como las nueve niñas, Paola Ortíz, de 27 años, también sabe lo que significa enfrentarse a la industria extractiva, pues, en conjunto con Yasunidos Guapondelig, lograron un triunfo histórico en defensa del agua y los páramos, en Azuay. Bryan, 25 años, y Simón, de 29, en cambio, activan su lucha desde la comunicación comunitaria para la defensa de los territorios y el derecho al agua en la Amazonía y en la Costa de Ecuador.

Para proteger los derechos de quienes —como Dannya, Denisse, Bryan, Paola, Simón y Pablo— defienden la naturaleza en América Latina y el Caribe se creó el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Ecuador es uno de los doce países en ratificar el Acuerdo, en abril de 2021; sin embargo, ninguno de las y los jóvenes conocía el acuerdo y cómo este aportaría en su labor, cada vez más amenazada por las empresas extractivas y el mismo Estado.

Escazú: entre la amenaza y la esperanza

Para proteger los derechos de quienes como Dannya, Denisse, Bryan, Paola, Simón y Pablo defienden la naturaleza en América Latina y el Caribe, se creó el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Este documento entró en vigencia en Ecuador en abril de 2021, sin embargo, ninguna de las y los jóvenes conocía el acuerdo y cómo este aportaría en su labor cada vez más amenazada.

América Latina tiene los 10 países con más lideresas y líderes asesinados en el mundo según un estudio de 2019 de Global Witness. Colombia encabezó la lista con 64 personas asesinadas, le siguen Filipinas (43), Brasil (24), México (18), Honduras (14), Guatemala (12), Venezuela (8), India (6), Nicaragua (5), Indonesia (3). Ecuador no está en la lista, sin embargo, según otra lista publicada por  Tierra de Resistentes entre 2009 y 2020 en el país ecuatoriano se registraron 59 hechos violentos de los cuales defensoras y defensores de la naturaleza fueron víctimas: desplazamientos forzados (4), ataques directos (9), acoso judicial (33), amenazas (11) y asesinatos (2). Aunque estas cifras de por sí ya son altas, la realidad es que podrían ser mayores, porque no todas las personas acuden a denunciar por temor a la intimidación o la violencia que pudiera proferir el Estado o las empresas extractivas.

En Ecuador las defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza son criminalizados por tres circunstancias: deslegitimar su labor, para invisibilizar su lucha y para evitar que se produzcan más actos de resistencia y estos se extiendan a otros sectores, así lo explica el libro Criminalización de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Ecuador, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

Esta práctica ha sido sistemática, tanto que la propia Defensoría del Pueblo, en 2011, presentó el informe  “Los escenarios de la criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador” en el que detalló la existencia de una política de criminalización de la protesta social como mecanismo de control e intimidación, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. El informe recoge datos desde marzo del 2008 hasta junio del 2010 y expuso que la criminalización de la protesta social, fue (y continúa siendo) empleada como un mecanismo de «control social para intimidar, neutralizar, inhibir y hostigar cualquier tipo de conducta que pueda poner en riesgo o que cuestione las expresiones de poder». Las personas y colectivos que hicieron uso del derecho constitucional a la resistencia y a la protesta social fueron procesados bajo las figuras penales de sabotaje y terrorismo.

Es por eso que defensores de la naturaleza como Pablo Fajardo, parte de la UDAPT, miran con desconfianza el alcance del Acuerdo y lo califican como un “papel mojado”, porque pese a que es un instrumento jurídico vinculante no cuenta con herramientas jurídicas para obligar al Estado ecuatoriano a cumplir. “Cuando hay un Estado que no quiere cumplir, no hay forma de obligar a cumplir el Acuerdo de Escazú y esa es una gran debilidad de todo instrumento jurídico de carácter internacional”.

Pablo además destaca que parte de los objetivos planteados en el Acuerdo ya constan en la constitución y en las leyes ecuatorianas, por lo que el país tiene la capacidad para cumplir los objetivos y compromisos del Acuerdo, pero, según él,  se requiere voluntad política para su ejecución.

Por ejemplo, en Ecuador existe una Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin embargo, no ha sido suficiente garantía para que defensores y organizaciones accedan a información sobre proyectos que pueden afectar sus territorios. En Ecuador también existe el Código Orgánico del Ambiente (COA) y Ley de Participación Ciudadana, pero no ha sido considerada al momento de otorgar concesiones a favor de empresa extractivistas, porque a las y los habitantes de los territorios no se les consulta.

A esto se suma que, como en anteriores gobiernos, el actual presidente Guillermo Lasso propone una política económica basada en la extracción de recursos no renovables. Es así que, en agosto de 2021, emitió el  decreto 95 que establece la creación de políticas públicas para atraer la inversión privada, la identificación de campos productivos para que sean delegados a manos de privados, al igual que las gasolineras de Petroecuador que serán vendidas de manera “prioritaria e inmediata”.

El decreto también contempla una reforma a la Ley de Hidrocarburos y un Proyecto de Ley para crear un fondo de sostenibilidad petrolera, propuesta en la que participarán los Ministerios de Economía, Energía y tres miembros de la sociedad civil delegados por el presidente Lasso quien ha manifestado que la prioridad de su gobierno será duplicar la producción diaria de barriles de petróleo.

“¿Qué significa eso para Orellana y Sucumbíos? Significa que va a duplicar, por lo menos, los conflictos sociales y ambientales que tenemos acá. Que van a hacer lo posible para no cumplir con sentencias como esta –de los mecheros–, porque obviamente, eso ahuyenta la inversión extranjera” dice Pablo.

Además del decreto 95, el presidente Lasso emitió el decreto ejecutivo 151 en el que se establece una hoja de ruta que busca generar acciones concretas para facilitar las actividades mineras en el país. Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía, presentó este decreto como un “un hito porque define con claridad la política minera en el gobierno bajo pilares fundamentales como la atracción de la inversión privada”.

Es por eso que Paola Ortiz, de Yasunidos Guapondelig, cataloga al gobierno de Guillermo Lasso como “el gobierno del marketing” y recuerda que durante la campaña electoral el entonces candidato firmó un acuerdo con el Frente al Ambiente y se comprometió a “promover los derechos humanos y de la naturaleza, impulsar el desarrollo y la protección del ambiente con una agenda sostenible”; sin embargo, una vez posesionado “cuando tiene que cumplir, resulta que pretende duplicar la producción de petróleo y dar licencia ambiental para empresas mineras que están en el cantón Cuenca”.

La joven estudiante cuestiona la actuación del presidente Lasso porque “lo que está haciendo es totalmente contrario a los compromisos que firmó tanto en petróleo como en minería”. Además, su crítica se dirige también al retorno de Ecuador al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Naciones de otros Estados (CIADI) que el gobierno ratificó este año, “nos clava el TLC con Estados Unidos, es decir su campaña y su gobierno son un marketing”.

Paola y Pablo son claros: las actuaciones de este gobierno, al igual que los anteriores, no garantizan ni protegen a las defensoras y defensores y mucho menos a la naturaleza. Pablo Fajardo lo sabe desde la práctica del derecho y el acompañamiento a comunidades y explica que con los derechos garantizados en la constitución, y ahora con el Acuerdo de Escazú, el camino es el empoderamiento de la sociedad civil para defender a las y los defensores del medio ambiente.

“Necesitamos informarnos y educarnos en esas herramientas” dice, y también reconoce la importancia de que el Estado garantice el cumplimiento de las normas nacionales y, ahora, de este acuerdo, priorizando la defensa de la naturaleza y los derechos humanos frente a escenarios económicos en donde siempre “se le da preferencia al derecho económico y comercial y no al derecho humano”

Por eso, Pablo, tiene claro el  escenario de actuación de las organizaciones sociales, de las comunidades y de las y los defensores de la naturaleza: continuar luchando “contra el crimen que comete el Estado al autorizar, de manera perversa y criminal, concesiones cerca de nuestras viviendas, nuestros cultivos y nuestra agua”.

Danny, Denisse y Paola saben de luchas, pues ellas lograron sentencias favorables y defendieron la naturaleza y el agua en sus territorios; y como dice Paola lo hicieron frente a la devastación de la naturaleza y la inacción del Estado.

– “Las organizaciones tenemos que tratar al menos de  hacer ver esas contradicciones y  sobre todo,  además de la denuncia, plantear alternativas porque, aunque siempre es muy agotador, no se trata solamente de denunciar, también hay que proponer y resistir porque es el derecho que todas y todos tenemos y que se vuelve más necesario cuando nuestra vida y ambiente están en riesgo” dice Paola.

Denisse, Dannya, Bryan, Paola y Simón, al igual que otros defensores y defensoras esperan que, con la entrada vigencia del Acuerdo de Escazú, la situación para las defensoras y defensores pueda cambiar y admiten que, con o sin acuerdo, continuarán con la lucha por el medio ambiente. Bryan seguirá acompañando la defensa de los territorios amazónicos con su cámara y en compañía de sus hermanos y hermanas en San Jacinto del Pindo; Denisse y Dannya, con sus siete amigas, continuarán trenzando lazos que detenga la contaminación petrolera en la Amazonía; y Simón se mantendrá en la defensa del agua, sensibilizando a más personas con “Olón Comunica” porque como explican Paola y Simón, su lucha es una forma de garantizar su vida y la de los que vendrán.