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Por Verónica Calvopiña @kinoraxx

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá designar en los próximos días, a una persona encargada para dirigir la Defensoría del Pueblo. Este nombramiento provisional viene luego de la censura y remoción aprobada por la Asamblea Nacional en contra de Freddy Carrión, ex titular de la Defensoría.

Al respecto, las organizaciones que conforman la Alianza de DDHH exigieron que la designación del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo sea transparente y apegada “al principio de participación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de DDHH”, enmarcadas en los principios de las Naciones Unidas. 

De su parte, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, hizo un llamado a las organizaciones de DDHH para hacer “una profunda reflexión y autocrítica sobre el rol de la Defensoría del Pueblo y la importancia de ésta para limitar los abusos del poder”. Para INREDH, la persona que ocupe el cargo de Defensor del Pueblo, debe tener un accionar ético en su carrera y en su vida privada; así como “estar sujeto a un estricto escrutinio de la sociedad y de las instancias de control administrativo y político”. 

Tanto la Alianza como INREDH coinciden también en rechazar cualquier uso político que se pretenda hacer del organismo rector de los DDHH en Ecuador, por parte de cualquier gobierno o partido político. Finalmente, señaló que lo sucedido con Freddy Carrión no puede desvirtuar lo actuado por la Defensoría, y menos desvirtuar el informe sobre las violaciones de derechos cometidas por el Estado en el marco de las protestas de octubre de 2019. 

La Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas solicitó, además, que se conforme una veeduría ciudadana “a fin de que la asignación del defensor o defensora goce de legitimidad, transparencia y escrutinio en todo su sentido”, y de las organizaciones de derechos humanos del país puedan verificar y participar en esta designación. 

Zaida Rovira, quien se mantuvo en las funciones de Defensora del Pueblo Subrogante, terminó sus funciones este 17 de septiembre. En su informe de labores, Rovira dio cuenta del trabajo de la Defensoría en estos meses, donde resaltó los informes sobre Furukawa y la presentación del proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo a la Asamblea Nacional.