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Por Verónica Calvopiña @kinoraxx

Publicado 16 de septiembre 2021

 

Emilio Lucitante de 103 años y Delfín Payaguaje de 99 años, son dos ancianos de la nacionalidad amazónica siekopai, a quienes la Fiscalía y Procuraduría General del Estado investigan por el presunto delito de cohecho, a favor de Nicolás Zambrano, ex juez de la Corte Provincial de Sucumbíos.  

Zambrano fue acusado por la multinacional petrolera Chevron, antes conocida como Texaco, de emitir una sentencia supuestamente fraudulenta a favor de las comunidades indígenas. En dicha sentencia, dada en 2011, la petrolera debía resarcir económicamente a las nacionalidades amazónicas afectadas por la explotación de la petrolera en la provincia de Sucumbíos durante 28 años. Sin embargo, un tribunal en EEUU determinó en 2014, que el fallo habría sido aparentemente fraudulento pues el juez habría recibido una promesa de soborno.

La Fiscalía ecuatoriana comenzó a investigar las acusaciones en contra del juez Zambrano, a fin de determinar si recibió dicho soborno. En entrevista para Radio Sucumbíos, Pablo Fajardo, abogado de las comunidades amazónicas, aseguró que en ocho años de investigación no se ha encontrado indicio alguno que pruebe esta acusación. 

La causa, sin embargo, fue reactivada en agosto 2020, por el Procurador del Estado, Iñigo Salvador, y por la Fiscal Diana Salazar. Ahora las investigaciones se centran en 30 personas de las nacionalidades indígenas, mismas que iniciaron la demanda en contra de la petrolera en los años 90.

Por ello, dos agentes de la Fiscalía de Pichincha llegaron este miércoles 15 de septiembre a la comunidad de San Pablo de Catenciaya, en la provincia de Sucumbíos, donde tomaron las declaraciones de 6 personas de la nacionalidad siekopai, entre las que se incluyen las versiones de los dos ancianos. 

El abogado de las comunidades afectadas, Pablo Fajardo, señaló que estas diligencias tienen por objetivo, indagar si los accionantes del juicio en contra de Chevron, en su mayoría indígenas y campesinos, entregaron dinero al ex juez Zambrano, para que dicte una sentencia a su favor. 

Según Fajardo, esta acusación constituye “una agresión del Estado Ecuatoriano” hacia las comunidades afectadas por la petrolera quienes, además, fueron “víctimas de la contaminación de Chevron”. Aseguró que esta acusación en parte de las acciones de Chevron para desvirtuar y anular la sentencia en su contra. 

Las y los dirigentes de la nacionalidad siekopai calificaron de su parte, como un acto vergonzoso esta acción de la fiscalía, pues aseguraron que ni los ancianos, ni la comunidad tienen recursos para cometer estos delitos. 

De acuerdo con la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco, UDAPT, alrededor de 30 mil personas, entre colonos e indígenas fueron afectados en su salud por la contaminación ambiental que dejó Chevron en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Las comunidades demandaron por primera vez a Chevron Texaco en 1993, en cortes estadounidenses.