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A dos años de la sentencia a favor de Paola Guzmán, Estado ecuatoriano aún no cumple con medidas de no repetición
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 15 de agosto del 2022
La sentencia a favor de Paola Guzmán Albarracín fue el primer dictamen relacionado con casos de abuso sexual en el ámbito educativo que resolvió la Corte IDH. Entre las medidas dictadas por el máximo tribunal regional está la conmmemoración del Día de Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas, que se realiza cada 14 de agosto en Ecuador.
A dos años de la sentencia, el Estado ecuatoriano aún tiene pendiente cumplir con las medidas de no repetición ordenadas por la Corte IDH.
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Paola Guzmán Albarracín tenía 14 años cuando empezó a ser abusada sexualmente por Bolívar Espín, el vicerrector del colegio al que asistía en la ciudad de Guayaquil, “Dr. Miguel Martínez Serrano”. Paola empezó a tener problemas académicos, con riesgo de perder el año lectivo, por lo que el vicerrector ofreció “ayudarla” a cambio de salir con él. Espín acosó y violó a Paola en reiteradas ocasiones, lo que provocó un embarazo. Espín le dijo que debía abortar y le sugirió ir al médico del plantel con el doctor Raúl Ortega, quien también abusó sexualmente de ella.
Al cumplir 16 años, Paola tomó pastillas de fósforo blanco, conocidas como “diablillos” y fue llevada al departamento de enfermería del colegio, tiempo después sus amigos llamaron a su madre, Petita Albarracín, para que fuera a verla. Paola fue llevada a la Clínica Kennedy de Guayaquil donde falleció por intoxicación con fósforo blanco que le provocó un edema agudo pulmonar.
Petita, su madre, en búsqueda de justicia llevó a cabo tres procesos: uno penal, civil y administrativo y con ninguno de esos procesos los agresores, Bolívar Espín y Raúl Ortega fueron sancionados. Esto obligó a Petita y la familia de Paola a llevar el caso hasta instancias internacionales. Así en 2005, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, conoció, analizó y determinó que el caso cumplía con todos los requisitos para llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH.
Posteriormente, el caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se inició el proceso en contra del Estado ecuatoriano por omisión en el tema de justicia y reparación a la familia de Paola. La Corte IDH, el 24 de junio de 2020, emitió la sentencia en la que responsabiliza al Estado por la violación del derecho a la vida e integridad personal, la honra, educación, garantía de derechos sin discriminación.
Dentro de la sentencia se estableció que como medida de reparación se debía declarar un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas. Bajo el decreto presidencial, N°1205, se declaró el 14 de agosto de cada año como el “Día de Lucha contra la Violenacia Sexual en las Aulas”, buscando reconocer y crear conciencia en la comunidad educativa del Sistema Educativo nacional, Estado y sociedad, sobre la gravedad de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
A dos años de la sentencia y la declaratoria del Día de Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas, la Alianza Feminista para el Cambio, publicó que el Estado ecuatoriano aún trabaja en el cumplimiento de las medidas de no repetición que la Corte IDH le ordenó cumplir dentro del primer año posterior a la publicación de la sentencia. Entre las medidas de no repetición están:
-Contar con estadísticas permanentes y actualizadas en relación a los casos o situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas
-Lograr la detección y denuncia de casos de violencia sexual contra niñas o niños
-Llevar a cabo procesos de capacitación de personal educacional para abordar y prevenir situaciones de violencia sexual
-Tener programas y protocolos de orientación, asistencia y atención a las víctimas de violencia sexual y sus familiares.
Por lo tanto, la Alianza Feminista para el Cambio, plantea que para lograr el cumplimiento eficaz de las medidas de no repetición por parte del Estado se debe “contar con una política pública que genere un impacto real, que asegure a niñas, niños y adolescentes gozar de una educación sexual interal, de forma tal que tengan la capacidad para poder detectar y denunciar los hechos de violencia secial que ocurren en el contexto educativo, a fin de prevenir y erradicar que hechos como los perpetrados en contra de Paola se sigan repitiendo”.
“¿Por qué levantamos nuestras voces?”
Cepam Guayaquil, una organización que trabaja en la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos y una vida libre de violencia, el 14 de agosto, publicó en twitter, “levantamos nuestras voces para exigir educación integral de la sexualidad, y así tener herramientas para identificar y denunciar la violencia sexual en las aulas”.
La organización también presentó cifras de violencia dentro de las aulas, donde exponen que desde el 2014 hasta agosto de 2021, las Coordinaciones Zonales del Ministerio de Educación, reportan un total de 12.452 denuncias de situaciones de violencia sexual detectadas o cometidas en el Sistema Educativo, en la que los agresores fueron: el 57.6 % docentes, autoridades, 37.9 % estudiantes y 4.5 % personal administrativo y de limpieza.
Esas cifras demuestran que la violencia sexual es “un problema endémico, y de larga data, en el sistema educativo ecuatoriano”, agregó el comunicado de Cepam Guayaquil.
Sybel Martínez, directora del grupo Rescate Escolar, dijo que a pesar de la sentencia en el caso de Paola Guzmán Albarracín “vemos que las garantías de no repetición no se han cumplido, refiriéndome a que no se cuenta con información estadística actualizada que el Ministerio de Educación se supone tiene”. Martínez explicó que cuando se solicita o se requiere la información desagregada por edad, sexo y procedencia, esta no es de fácil acceso y se desconoce que el ministerio esté levantando la información. Estos datos deberían estar cruzados con la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura; ser reales y actualizados, señaló.
Cuando se trata de ejecutar mecanismo de detección, fiscalización, supervisión a las entidades privadas públicas en casos de violencia “se nota que no se está trabajando en eso y prueba de eso es lo que pasó en el Colegio Dillon”, agregó Sybel. Según ella, en el caso de la chica del Dillon se volvió a repetir un patrón similar al del caso Aampetra en 2017, “no les cree a las víctimas, no se sanciona a las escuelas y a los directores por actuar con negligencia. No hay protocolos que faciliten la denuncia, atención a los y las estudiantes en temas de violencia sexual, pese a que hay reformas a la LOEI”.
Al respecto, el artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, prohíbe a los y las representantes legales, directivos, docentes, madres y padres de familia de las instituciones educativas correspondientes, lo siguiente:
– Cometer infracciones de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos sexuales;
-Incumplir la obligación de denunciar a las autoridades jurisdiccionales correspondientes los casos de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos sexuales cometidos por funcionarios educativos en contra de los estudiantes. La omisión injustificada de esta obligación dará lugar a la destitución.
“La violencia en general es un flagelo social que requiere de conocimiento para poder erradicarla, entenderla, prevenirla y repararla y más allá de este conocimiento se requiere voluntad política y eso es algo que falta porque se necesita presupuestar los fondos técnicos y financieros suficientes para poder poner en marcha un plan o programas para la erradicación de la violencia escolar, incluida la violencia sexual”, añadió Sybel.
Por su parte, el Ministerio de Educación, en conmemoración al Día de Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas, realizará del 15 al 19 de agosoto, actividades para fomentar la reflexión, sensibilización, prevención y erradicación de violencia en instituciones educativas. María Brown Pérez, ministra de educación, a través de un vídeo en twitter, dijo que desde que asumió la cartera de Estado uno de sus compromisos fue brindar a los niñas, niñas y adolescentes espacios seguros y libres de todo tipo de violencia, donde los y las estudiantes puedan aprender, estar tranquilos y felices sin sentir temor por su integridad física, emocional o psicológica.
Asimismo la ministra Brown invitó a la ciudadanía a unirse a la semana por la erradicación de la violencia en el sistema educativo que contará con eventos y actividades que promueven la reflexión y el debate colectivo dentro y fuera de los espacios educativos. Además, hizo un llamado a la sociedad para denunciar casos de vulneración de derechos en las instancias competentes.
En contraste, la directora de Rescate Escolar, dijo que no se está dando una mirada integral, holística, sistémica y multisectorial para atacar el problema. Además debe ser un trabajo articulado con la Fiscalía, la Judicatura, el ministerio de Salud. Asimismo, es necesario trabajar para poder acabar con los patrones como la lealtad gremial que “socapan a los agresores, la ausencia de políticas integrales de protección de la violencia sexual con perspectiva de género, la inacción o negligencia que muchas veces posibilitan que los perpetradores se den a la fuga”.
Por lo que Sybel recomienda que todos los patrones de actuación dentro del sistema educativo deben formar parte de una política integral para bajar los índices de violencia, con trabajo mancomunado que “no se soluciona con una charla”.
Desde la Unesco, hacen un llamado a las autoridades nacionales para combatir de forma estructutal la violencia sexual dentro del ámbito educativo y otros ámbitos en los que se desarrollan los niños, niñas y adolescentes y reiteraron su unión con las voces que proclaman el cese de la violencia en las aulas y en otros espacios. El organismo también ratificó su compromiso con el Estado ecuatoriano y el Ministerio de Educación para aportar a una “educación equitativa, inclusiva, libre de discriminación y a la construcción de seres humanos iguales y respetuosos de las diversidades, en contextos libres de todo tipo de violencia”.
