Tiempo de lectura: 13 minutos

Justicia para Paola Guzmán Albarracín.

Un precedente para detener la violencia sexual contra las niñas

 

Redacción e investigación: Luisana Aguilar y Ana Acosta

Revisión: Verónica Calvopiña

Línea de tiempo: Luisana Aguilar, Génesis Anangonó

Asistencia en sistematización: Camila Albuja

 

Tiempo de lectura: 13 minutos

 

Petita sostiene dos fotografías de Paola en sus manos. En la una, Paola está de pie junto a un árbol de Navidad adornado para la época con una sonrisa leve, abrazando un peluche con forma de perro; en la otra fotografía aparece Paola cuando aún era niña, luciendo un vestido y una corona de flores blancos en el día de su primera comunión. Petita la recuerda así, como una niña dulce y tranquila, pero poco le dura esa imagen cuando viene a su memoria lo sucedido y sus palabras se cortan, se llenan de llanto.

Petita y su hija menor Denisse, viven en una pequeña casa de un solo andar, al sur de Guayaquil. Cuando conversamos con ella, en diciembre del 2017, se dedicaba a vender pollos pelados en un puesto del mercado, y su cuerpo, decía, estaba cansado de trabajar y de caminar en busca de justicia por su hija Paola. Hoy, dieciocho años después de la muerte de Paola, Petita al fin parece respirar, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado ecuatoriano como responsable por la violencia sexual que Paola vivió en el colegio donde estudiaba por parte de Bolívar Espín, vicerrector de la institución y su posterior suicidio. Esta es la primera sentencia sobre violencia sexual en el ámbito educativo que emite la Corte Interamericana, por lo que marca un precedente para que los Estados de América Latina y el Caribe tomen acciones para detener la violencia sexual y abuso contra niñas, niños y adolescentes en instancias educativas y eliminar los estereotipos de género que impiden una vida libre de violencia basada en género.

 

 

 

La llamada

Petita recuerda que estaba en su casa cuando recibió la llamada de varias compañeras de Paola, el 12 de diciembre de 2002. La voz en el teléfono le decía que venga al colegio porque Paola había ingerido “diablillos” y se encontraba en la enfermería . “Diablillos” es el nombre que en Ecuador se le da al fósforo blanco, en forma de pastillas diminutas, que se usa como fuegos artificiales  en las fiestas de fin de año. Paola, había ingerido varias pastillas de fósforo blanco en su casa, para después salir al colegio como todos los días en autobús. Sus amigas, lo cuentan en los testimonios dados posterior a su muerte, que Paola les contó que tomó la decisión de ingerir los “diablillos” porque estaba embarazada de Bolívar Espín Zurita, un hombre de 65 años, vicerrector del Colegio Técnico de Comercio y Administración “Dr. Miguel Martínez Serrano” donde estudiaba. Paola tenía dieciséis años recién cumplidos.

Cuando Petita llegó al Colegio, Paola estaba recostada en una camilla en el departamento médico, con fuertes dolores en el estómago, y las autoridades no habían pedido ayuda médica externa. Sus amigas recuerdan que, la inspectora general de la institución le había preguntado por qué  consumió ese veneno. En los testimonios recolectados en el expediente penal en 2003, se registra que la inspectora Luz Arellano, presentó su versión de los hechos ante la Fiscal de Guayas y declaró: “le sugerí pedir perdón a Dios por lo que había hecho y nos pusimos a orar”.

Petita recuerda el momento cuando encontró a Paola en el centro médico escolar en su testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre el 2015:

– Yo no podía creer lo que había hecho mi hija, no sabía qué hacer, estaba desesperada. (…) Cuando llegamos al colegio, mi hija estaba en un callejón donde había una camilla, ahí botada (…) Si no hubiese sido por la amiga que nos llamó, porque ellos, como jefes del colegio, como profesores, no le dieron los primeros auxilios. Yo llegué a lado de ella, me abrazó y me dijo:  mamita, perdóname. Y ahí estaba el vicerrector, pero yo sin saber nada, este hombre me dice: coja a su niña y llévesela al hospital, y yo me la llevé.

Paola falleció al siguiente día en la Clínica Kennedy a causa de una intoxicación con fósforo blanco que le provocó  un edema agudo de pulmón. En ese momento, Petita no comprendía lo que había ocurrido para que su hija tomara esa decisión. Solo después de que Paola murió, conoció la historia de abuso sexual que su hija sufrió por parte del vicerrector Bolívar Espín.

Las amigas de Paola y una periodista que cubría la nota le contaron lo que Paola les había dicho, y luego Petita encontró las cartas de despedida que su hija dejó en su mochila. 

Petita narra que en cuanto supo que su hija se encontraba probablemente embarazada solicitó al médico legista, que realizó la autopsia al cuerpo de Paola, verificar la existencia de dicho embarazo. Petita dice que al médico no le importó su dolor de madre, y sin ningún reparo, le mostró el cuerpo abierto de su hija.

­– Me llamó el doctor que le está haciendo la autopsia (…) me lleva a lado del cuerpo desnudito y abierta totalmente, todos los órganos yo le vi, en una mano tenía una carnosidad y me dice: esto es el útero, no hay embarazo.

En la autopsia de Paola se pueden observar un conjunto de deficiencias técnicas en los informes donde se constató que sus órganos en especial el útero fue raspado; tampoco se hicieron otros procedimientos necesarios, por lo que no se pudo determinar, producto de la negligencia, si existió o no un embarazo, según el informe de la CIDH.

Desde ese día Petita inició un camino para saber lo que le ocurrió a su hija y para obtener justicia. Exigió al sistema educativo sanciones para el vicerrector del colegio; interpuso una demanda penal por abuso sexual, luego una demanda civil; pero ni la justicia, ni el sistema educativo dieron respuesta, por lo que el caso fue llevado a instancias internacionales con el acompañamiento legal del Centro de Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM Guayaquil y el Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos, CRR.

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Los abusos

Petita, después de todo lo ocurrido, trata de repasar con lentitud cada episodio en la vida de su hija. Es así que recuerda, que en octubre de 2002 notó un cambio de actitud en su hija y también problemas físicos. Paola empezó a presentar soriasis, una enfermedad del sistema inmune que genera brotes en la piel, en momentos de estrés o preocupación. Petita recuerda haberle preguntado una y otra vez si tenía algún problema, pero Paola siempre negó que algo malo le ocurría

–No mamá, no es nada– recuerda Petita que le respondía.

Hoy Petita sabe que su enfermedad empeoró, porque Paola ya estaba sufriendo el abuso sexual.

Paola sufrió abuso sexual por parte del vicerrector del colegio Bolívar Espín desde que tenía catorce años, de acuerdo a los informes elaborados por CEPAM y el CRR en el proceso.

Paola tuvo problemas en dos materias, matemáticas e inglés, y tenía el riesgo de perder el año escolar. El entonces vicerrector le ofreció ayuda a Paola a cambio de que salga con él. Petita supo de la ayuda ofrecida, pero desconocía las exigencias del vicerrector para con su hija, por lo que habló con la autoridad del colegio y se determinó que Paola debía repetir el año lectivo. Todo esto es narrado en el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de octubre del 2018.

En los testimonios de las compañeras del colegio, recolectados por CEPAM, las estudiantes, en ese tiempo de catorce, quince y dieciséis años, cuentan que Bolívar Espín asediaba a Paola, la obligaba a estar con él, la tocaba, la llevaba en su auto y llegó al punto de mantener una “relación” por dos años. Esta supuesta relación, en realidad es un abuso sexual, hoy penado por la ley, ya que existe una relación desigual de un adulto con una menor de edad. El vicerrector abusó de Paola sistemáticamente sin que ninguna autoridad del colegio haga algo.

Además, según los testimonios de sus amigas, presentes en el informe de fondo de la CIDH de 2018, Paola les indicó una prueba de embarazo con su nombre y le avisó al vicerrector de dicha prueba. La solución de Espín fue entregarle dinero para que acuda al médico del colegio, Raúl Ortega, y este le aplique una inyección que le produzca un aborto.

Los testimonios recuerdan que Paola fue con el médico de colegio, pero este en vez de atenderla o denunciar el abuso, también la acosó y le extorsionó pidiendo sexo a cambio de la ayuda. Es así que, el martes 10 de diciembre del 2002, día del cumpleaños 16 de Paola, y dos días antes de su suicidio, ella tuvo una discusión con Espín.

Paola no era la única adolescente que vivía el abuso sistemático en el Colegio Martínez Serrano. Los testimonios de las entonces estudiantes revelaron que tanto el vicerrector como los profesores acosaban y ejercían chantaje sexual en contra de estudiantes e incluso en contra de profesoras.

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La impunidad

Petita llevó a cabo tres procesos legales en contra de Bolívar Espín. El primero fue una acusación penal ante la Fiscalía por el delito de acoso sexual. El segundo fue un proceso administrativo ante la Dirección Provincial de Educación, en contra de Espín por su responsabilidad en la muerte de Paola. El tercero fue un proceso civil por daños y perjuicios. Ninguno de estos tres procesos culminó favorablemente. Más bien, todos se desarrollaron de forma lenta y revictimizante.

El proceso penal en contra de Espín inició en 2003. Smirnova Calderón fue entonces la Fiscal a cargo de este proceso, ella tomó las declaraciones de las compañeras y  amigas de Paola.

–Ella a mí me enseñó una prueba de embarazo y me dijo que la prueba era de ella y además en la prueba decía el nombre de ella. Me dijo que estaba embarazada del vicerrector Bolívar Espín Zurita– declaró una de las estudiantes.

Posteriormente, la fiscal Calderón solicitó pruebas para comprobar si Paola se encontraba embarazada. Con estos elementos, en febrero de 2003, ordenó la detención de Bolívar Espín y el allanamiento a su casa, pero para entonces Espín ya se había fugado. El proceso penal prescribió en el año 2008, sin la detención de Espín y hasta hoy se desconoce su paradero.

En 2003, Petita inició un proceso civil por daños y perjuicios en contra de Bolívar Espín. Dos años después, en 2005, Espín fue sentenciado al pago de 25 mil dólares. Sin embargo, esta sentencia nunca se ejecutó, ya que el agresor se encontraba prófugo de la justicia.

Durante estos procesos, las compañeras de Paola fueron amenazadas por las autoridades del colegio Martínez Serrano para impedir que se presenten a brindar los testimonio en el proceso. Quienes sí lo hicieron, recibieron represalias en sus calificaciones por declarar en contra del vicerrector.  Petita recuerda esto:

– A todas las amigas, al alumnado, las sacaron al patio y las amenazaron con que no apoyen porque si no las iban a botar del colegio (…) solamente hubo dos amigas valientes que declararon y por eso se pudo saber toda la verdad.

A la presión para evitar que el caso se sepa, se sumó el apoyo de parte de la institución al vicerrector. Las asociaciones de estudiantes y de empleados emitieron comunicados de respaldo a Espín y este presentó certificados buscando probar su honorabilidad.  

Petita no detuvo su lucha. Inició un proceso administrativo en la Dirección Provincial de Educación en contra de Espín, pero este también reveló una serie de irregularidades por parte del rector y el vicerrector del Colegio Martínez Serrano. Se constataron otros casos de acoso sexual perpetrados incluso contra las maestras de la institución. Finalmente en 2004 Bolívar Espín fue destituido por “abandono de cargo”, una falta leve, más no se señala en las razones de destitución la responsabilidad del abuso sexual. Esto para las abogadas que llevaron el caso muestra que el sistema educativo ocultó y permitió el abuso sexual. 

Petita recuerda que cada vez que acudía a la Dirección Provincial para dar seguimiento al caso de su hija, notaba como las autoridades educativas favorecían al agresor.

– Ahí no estaban haciendo nada, ahí me tenían como tonta. Yo venía nueve de la mañana dejando a mi hija encargada, Dennisse que era chiquita de seis años, y me atendían a las tres de la tarde, ahí era favoritismo para el violador, acosador. Ahí a uno le pierden los archivos, mandan hacer otros archivos para hostigarnos, cansarnos, para dejar botado el proceso. Esa es la corrupción grande ahí.

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El Estado es responsable

Después de un largo camino y de no obtener respuesta en la justicia nacional, Petita llevó el caso de Paola al CEPAM, y junto al Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos(CRR) de Colombia, realizaron la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Catalina Martínez, abogada del CRR, explica que a Paola se le vulneró el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a la igualdad y no discriminación. Estas vulneraciones de derechos humanos se hicieron extensivas hacia su madre y su hermana, después del fallecimiento de Paola. Martínez explica que existieron violaciones al derecho al debido proceso, a las garantías jurisdiccionales, entre otros. El caso de Paola en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es paradigmático, porque se demuestra cómo el sistema judicial les falla a las mujeres víctimas de violencia sexual y “cómo esa violencia puede venir de las instituciones que están encargadas de proteger a las niñas” explica Martínez.

La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), señalaron como víctimas a Paola, a su madre Petita y su hermana menor Denisse, por el daño que el Estado ecuatoriano les provocó. Para establecer esos daños, se realizó un peritaje psiquiátrico y psicológico realizada por la Dra. Ximena Cortéz Castillo, a pedido de las peticionarias y autorizada por la CIDH. Las conclusiones de autopsia psicológica fueron presentadas durante la audiencia de octubre de 2015, en la sede de la Comisión, en Washington D.C. Este informe explica que Paola cometió suicidio como una forma de denunciar la transgresión sexual que estaba viviendo. El peritaje psicológico, también se extendió a Petita y evidencia que sufrió graves afectaciones a su salud mental, a su salud física y a su salud social, tras el deterioro de la relación familiar con su hija menor Denisse.

Denisse tenía apenas seis años cuando su hermana Paola falleció. En su testimonio en la audiencia ante la Corte Interamericana, Denisse narró cómo su infancia y adolescencia quedaron marcadas por la partida de Paola. Lita Martínez explica esta afectación:

– A ella también le tocó vivir y acompañar todo el sufrimiento de Petita. Sufrió el temor de Petita de que a Denisse le volviera a pasar lo mismo. Cómo ella sentía la sensación física, emocional, económica de Petita y, por ella misma, todas las afectaciones, que para ella significaron incluso el no tener confianza en espacios en donde había profesores hombres, o pensar que todo iba a repetirse en ella.

Todos estos daños fueron provocados por agentes de Estado: el profesor de una institución educativa pública y sus autoridades; las autoridades de la Dirección Provincial de Educación, y en consecuencia, el Ministerio de Educación del Ecuador, así también los funcionarios del Ministerio Público, encargados de judicializar el caso y generar las garantías de protección a la familia. Esto, de acuerdo a las organizaciones peticionarias y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, constituyeron violaciones de derechos humanos en contra de Paola, Petita y Denisse.

Entre octubre de 2008 y febrero de 2019 Petita, las organizaciones que la acompañaron y el Estado tuvieron varios acercamientos para obtener un acuerdo amistoso. Este acuerdo incluía que el Estado acepte la responsabilidad sobre la muerte de Paola y se comprometa a reparar a las víctimas. Si este acuerdo se hubiese consolidado, el caso no habría llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

– En 2015, se trabó la negociación. Le exigíamos al Estado que conteste, pero el Estado ya no contestó más, simple y llanamente se quedó ahí – cuenta Lita Martínez, abogada y presidenta del CEPAM.

En octubre del 2015 Petita y las abogadas del CEPAM acudieron a la audiencia de la CIDH para la elaboración del informe de fondo, pero el Estado ecuatoriano no se presentó.

En esta audiencia, Petita Albarracín se presentó ante los comisionados y contó lo que había vivido durante trece años, cómo fue llevada ante el cadáver de su hija y el trato que recibió por parte de los operadores de justicia y autoridades del Ministerio de Educación. A decir de Lita Martínez, Petita regresó diferente ese día, porque tuvo la esperanza de que su duelo por fin se cerraría. Sin embargo, debió esperar cuatro años más. La CIDH determinó que no habían las condiciones para un acuerdo amistoso con el Estado Ecuatoriano, por lo que debía emitir el informe de fondo.

Lita Martínez asegura que incluso después de la emisión de informe de fondo, el Estado podía retomar la negociación, pero esto no ocurrió. Finalmente, la Corte Interamericana trató el caso en su 135avo Período Ordinario de Sesiones, realizado entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2020 y la sentencia final se emitió en agosto del 2020.

La sentencia determina que existió un nexo causal entre la muerte de Paola con la violencia sexual que sufrió por parte del vicerrector y el médico del Colegio Martínez Serrano, ambos funcionarios públicos. También se resolvió que el Estado Ecuatoriano vulneró los derechos humanos de Paola, pues no existieron “herramientas preventivas y de detección temprana” que prevengan este caso. Así mismo, la impunidad persistió debido a las negligencias en el sistema de justicia.

 

Para que no se vuelva a repetir

El caso de Paola ya ha dejado sus huellas en la institucionalidad ecuatoriana para evitar el abuso sexual contra las niñas. En estos 18 años, tras la muerte de Paola, el Ministerio de Educación generó una serie de protocolos de identificación, denuncia y tratamiento de los casos de abuso sexual en el contexto educativo. Aunque todavía se evidencias fallas en su aplicación, como lo demostró el informe de control político de la comisión AAMPETRA, en la Asamblea Nacional, la situación no es la misma que en 2002 cuando Paola vivió el abuso.

En el ámbito de la salud, el Ministerio de Salud, en 2011, creó las salas de primera acogida, con el propósito de que las mujeres víctimas de violencia de género sean atendidas por personal especializado. Una de las salas de primera acogida, ubicada en la sala de emergencias del Centro de Salud Materno Infantil “Martha Roldós” en Guayaquil, lleva el nombre de Paola Guzmán Albarracín.

La sentencia final de la Corte Interamericana, emitida el 24 de junio del 2020, contempla una serie de medidas que el Estado Ecuatoriano deberá tomar para reparar a la familia Guzmán Albarracín y establece un análisis sobre cómo los estereotipos de género afectan la vida de las niñas.

El abuso sexual por parte Bolívar Espín, como autoridad del colegio; la respuesta de la inspectora y de otras autoridades educativas culpabilizando a Paola de lo ocurrido, la extorsión del médico, la respuesta de la justicia, todo ello es observado en la sentencia de la Corte Interamericana como una de las causas de lo ocurrido: “En este marco, estereotipos de géneros perjudiciales, tendientes a culpabilizar a la víctima, facilitaron el ejercicio del poder y el aprovechamiento de la relación de confianza, para naturalizar actos que resultaron indebidos y contrarios a los derechos de la adolescente”

Es por eso que la sentencia incluye medidas de reparación de resarcimiento económico y el restablecimiento del buen nombre de Paola, pero también medidas para impedir que casos similares vuelvan a ocurrir. Como lo explican en su comunicado EL Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer CEPAM-Guayaquil “El tribunal regional concluyó que Ecuador no le garantizó a Paola los derechos a la vida, integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, educación, y a vivir libre de violencia y discriminación. Así, por primera vez se deja claro que el derecho a la educación debe contemplar la educación sexual y reproductiva.”

 La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena al Estado ecuatoriano realizar medidas como: 

– Información estadística sobre agresiones sexuales en el ámbito educativo.

– Declarar un día en contra de la violencia sexual en las aulas.

– Capacitar al personal educativo para que en caso de detectar casos de abuso sexual o acoso denuncien y se pueda dar seguimiento y tratamiento adecuado.

– Acompañamiento a las víctimas.

– Políticas públicas para evitar que se repitan más casos como el de Paola.

Fuente: Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos, 24 junio del 2020.

Esta sentencia no se solo involucra a Ecuador, es aplicable también en todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos(OEA).

Tras 18 años de lucha Petita y su hija menor Denisse hoy tienen justicia. Las palabras de Petita, compartidas después de conocer la sentencia, en un comunicado de las organizaciones, lo expresan:

– Se ha limpiado el nombre de mi hija, que fue culpabilizada de los hechos ante la justicia ecuatoriana. Ahora queda claro que mí Paola, fue víctima de un terrible abuso sexual que la llevó al suicidio. Ya los agresores no serán encubiertos nunca más. ¡Por fin se hizo justicia para mi Paola!

Hoy Petita sabe que en todo este largo proceso no solo se logró #JusticiaPorPaola, sino también dejar un presente para que ninguna niña o adolescente en Ecuador o en América Latina y el Caribe tenga que vivir la impunidad frente al abuso y la violencia sexual.