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Defensoría del Pueblo presentará un exhorto al Diario el Comercio en defensa de 135 trabajadores y trabajadoras

 

 

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 02 de diciembre de 2022

 

 

Un grupo de 135 trabajadores y trabajadoras del Diario el Comercio se reunieron con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la mañana del 02 de diciembre de 2022, para entregar una solicitud de intervención por la vulneración de derechos de los y las trabajadoras ante la falta de pago de sus sueldos.  

 

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“Nosotros nos hemos ya cansado de estar dos años poniendo el hombro para que El Comercio no se caiga. No es nuestro objetivo ver a nuestra casa editorial caerse, un diario tan importante de este país y un referente. Pero llegó el momento de decir: ya basta, se están vulnerando nuestros derechos, nuestra tranquilidad y salud mental”, son las palabras de Paúl Jaramillo, vocero de 135 trabajadores y trabajadoras del Diario el Comercio.

Jaramillo junto a otros de sus compañeros y compañeras de trabajo, se presentó en la Defensoría del Pueblo para presentar una solicitud de intervención por la vulneración de sus derechos por parte del Diario. El trabajador cuenta que desde el 2020, sus sueldos han llegado de manera intermitente y en los últimos tres meses del 2022, no han recibido su sueldo, por lo que, para realizar su trabajo ponen de sus propios recursos -los pocos que aún les queda- para no parar de trabajar a pesar de esas múltiples vulneraciones de derechos que han sufrido. Entre las personas afectadas están trabajadores del área de redacción, prensa, producción, distribución.  

“Ya dijimos basta, es momento de alzar nuestra voz como trabajadores; el temor está, hay muchos que tienen mucho miedo de que haya represalia porque hay gente que trabaja más de 20 años y no quieren que todo eso se vaya a la basura”, por tales motivos, recurren a la Defensoría del Pueblo.

La institución de derechos tiene la función de proteger y tutelar los derechos de los y las habitantes del Ecuador y la agenda de los derechos de los y las ecuatorianas dentro y fuera del territorio. Asimismo tiene la atribución de emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos, vigilar el debido proceso entre otras funciones establecida en artículo 215 de la constitución.

Entre los pedidos que realizó Jaramillo, en nombre de los 135 trabajadores y trabajadoras, estuvo que el Diario se ponga al día con sus remuneraciones. Es decir, que le cancelen los tres meses de sueldo que les adeudan y les paguen el salario completo de los dos últimos años donde han recibido su sueldo por porcentajes. “Nosotros no trabajamos por porcentajes, trabajamos las ocho horas y tenemos compañeros y compañeras que trabajan más de las ocho horas por su labor periodística y tampoco están siendo reconocidas por el empleador”, señala el trabajador. 

Según el vocero de los y las trabajadoras, ellos han realizado acercamientos y agotado todas las medidas pero no obtienen respuestas de cuando se les pagará su sueldo. Eso ha afectado de manera grave a algunos de ellos, pues “hay compañeros que ya no pueden vivir porque los han tenido que desalojar, porque son tres meses de impago ¿cómo pagamos servicios básicos? ¿cómo compramos alimentos para nuestras familias? trabajar con esa incertidumbre nos va a enfermar física y mentalemente”.

Entre los y las 135 trabajadoras hay mujeres embarazadas, quienes no han podido acceder a sus controles prenatales. Además, no cuentan con un seguro privado en el Diario porque “están en la lista negra de los deudores” y eso impide que hagan alianza con clínicas privadas, explicó Jaramillo. También señaló que a los mismos trabajadores les toca revisar constantemente si El Comercio está al día con los pagos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, para hacer préstamos quirografarios que les permitan subsisti. “Nos están obligando a sobre endeudarnos. Eso ya no es dignidad”, dijo Jaramillo.

Roberto Durazno, también trabajador del Diario el Comercio, es una persona con discapacidad y mencionó que esta situación es una burla a sus derechos. Explicó que en 2020 durante la pandemia por la Covid-19, trabajó al igual que el resto de sus compañeros y compañeras: “Hemos puesto nuestro dinero, incluso para venir acá y gracias a nuestro carnet podemos pagar los 10 centavos, pero ya no se tiene”. 

Según Durazno los únicos comunicados que llegan del Diario es que “no hay plata para pagar y nada más. No es justo, tenemos familia que depende de nosotros también, tenemos enfermedades y necesitamos medicamentos. No sé que tenemos que hacer las personas con discapacidad para que nos paguen, soy el único de mis compañeros que está acá porque algunos tienen discapacidad intelectual y ellos trabajan y punto. Yo trabajo en la noche y me parece injusto lo que están haciendo con nosotros”, dijo el trabajador mientras trataba de contener sus lágrimas. 

En consecuencia, el abogado defensor de los y las 135 trabajadoras, Harold Burbano, pidió a la Defensoría del Pueblo realizar un exhorto de manera urgente a Diario el Comercio para que cumpla con el derecho económico de las personas trabajadoras y de sus familias. Asimismo, indicó que la medida permitirá que el medio ni alguna autoridad tome represalias contra alguna de las y los trabajadores que están exigiendo sus derechos. De igual forma, pidió que se realice una investigación defensorial. 

Las y los trabajadores de El Comercio presentarán una acción de protección de derechos frente a un juez constitucional para que no se repita la violencia al derechos económicos, sociales, culturales en contra de otros trabajadores.        

Por su parte, Ximena Díaz, funcionaria de la Defensoría del Pueblo, dijo que en el marco de sus competencias van a proceder a presentar el exhorto por el derecho al trabajo y para que los y las trabajadoras no reciban represalias por la exigibilidad de sus derechos.

Al igual que los 135 trabajadores y trabajadoras, ex trabajadoras del Diario el Comercio se encuentran exigiendo el pago de su indemnización.  Patricia González y  Verónica Morejón en una entrevista para Wambra hablaron sobre su situación como ex trabajadoras del Diario y exigen el cumplimiento de los acuerdos de pago en cuotas que acordó el diario con el Ministerio de Trabajo, pero que sin embargo, no se hacen efectivos y también hay retrasos.