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Wilma Salgado: “El FMI vela por los intereses de los países acreedores de deuda”

Por: Emilia Palacios @EmiliaPalaciosM

Edición: Verónica Calvopiña @kinoraxx

Edición de video entrevista: Karen Granada @stefagranada

El gobierno de Lenín Moreno Garcés firmó dos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en marzo de 2019 y septiembre de 2020. Sin embargo, ni las condiciones de los acuerdos, ni las cartas de intención fueron clarificadas, por lo que algunas organizaciones y colectivos interpusieron acciones legales en contra de estos acuerdos. El jueves 01 de julio de 2021, se dio la segunda audiencia en la demanda de Acción de Protección.

Al respecto, conversamos con Wilma Salgado, Doctora en Economía y analista, acerca de las repercusiones de estos acuerdos para el país, quien indicó que una de las medidas que se impuso en el Ecuador para alcanzar estos préstamos, fue la reducción del gasto y la inversión pública, lo que se  ha visto reflejado en la reducción de empleados públicos, remuneraciones y menor contratación del personal. Así mismo, la Dra. Salgado criticó el sistema de banda para fijar el costo de los combustibles ya que: «encarece el costo de vida y afecta a las familias».  

Para Salgado, las medidas del FMI sí han repercutido en el nivel de vida: «Son las políticas del Estado y FMI que provocan el empobrecimiento, las pérdidas de empleo y la recesión. Esta no es la única alternativa, más aún en plena pandemia». Por lo cual considera que no es justo cargar el peso de las medidas económicas, en las clases  medias y clases populares, cuando durante el gobierno pasado se dejó de cobrar impuestos a las clases más pudientes; montos que además son similares a lo solicitado a los organismos multilaterales. Cerca de un millón de ecuatorianos y ecuatorianas dejaron de pertenecer a la clase media y pasaron a las clases populares por la pérdida de empleos, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Inec. 

Acerca de la acción de protección presentada ante el juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Wilma Salgado explicó que en la primera audiencia, el juez determinó que, un número elevado de personas han perdido su trabajo, y que la política económica desarrollada por los demandados, responsables de la misma, está generando desempleo, no sólo en el sector público, sino también en el sector privado. Por lo cual, se vulneraron los derechos de las personas a un trabajo y una vida digna.