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Yasunidos logra Consulta Popular sobre explotación petrolera en el Yasuní

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 07 de septiembre de 2022

El Tribunal Contencioso Electoral, TCE, ordenó al Consejo Nacional Electoral en 15 días declarar válidas las firmas recogidas por el colectivo YASunidos en 2014, para la consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní. Con lo resuelto por el TCE, la Corte Constitucional deberá emitir un dictamen y dar paso a la consulta popular, en febrero de 2023.

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El Colectivo YASunidos en 2014, recolectó 727,947 firmas para solicitar una consulta popular para salvar el Yasuní de la explotación petrolera. Así, para abril de ese año, con una caravana que partió desde el Parque el Arbolito, en Quito, se realizó la entrega de firmas al Consejo Nacional Electoral; sin embargo, la consulta popular no se dio. 

Antonella Calle, vocera del colectivo YASunidos, explica que después de entregar las firmas, se anularon más del 60 % por cuestiones de gramaje de papel y otros temas técnicos. Aseguró que el Consejo Nacional Electoral de aquel entonces, presidido por Domingo Paredes, “de manera fraudulenta cambió los reglamentos, mientras ya nos encontrábamos en el proceso de recolección. Todo esto para negar la consulta popular”. El proceso no se llevó a cabo y desde hace nueve años, el colectivo ha presentado acciones legales. En una rueda de prensa realizada el 7 de septiembre, Calle dijo que la iniciativa de la consulta popular es impulsada desde varios sectores de la ciudadanía con un amplio respaldo, pese a todos los intentos del “gobierno de ese momento que quiso boicotear y que finalmente lo logró”.

Entre las acciones realizadas por Yasunidos, en agosto de 2018, un informe de la Defensoría del Pueblo resolvió requerir al Consejo Nacional Electoral, CNE, que en consulta y participación con el Colectivo YASunidos, se realice una auditoría independiente al proceso administrativo de verificación de las firmas presentadas en 2014 y ordenó que de verificarse irregularidades en el proceso, el CNE debía disponer las acciones que reparen los derechos vulnerados, incluida la falta de convocatoria a consulta popular. Es así que, se realizó una auditoría independiente conformada por el Consejo Nacional Electoral en 2018. Los resultados del informe “reconocen la vulneración de los derechos de participación de los firmantes de la iniciativa de consulta popular y por lo tanto, su inmediata reparación”, según Pedro Bermeo, integrante de YASunidos.

Pese a ese reconocimiento, el Consejo Nacional Electoral presidido por Diana Atamaint negó una vez más la consulta en 2019; por lo que el Colectivo presentó un recurso ordinario de apelación al Tribunal Contencioso Electoral, que tampoco dispuso que se lleve a cabo el proceso. Por lo cual, YASunidos acudió a la Corte Constitucional para que analizará el caso. La Corte dio una sentencia favorable y ordenó al TCE revisar nuevamente la causa; es así que, el 05 de septiembre, esta entidad aceptó el recurso de apelación presentado, dando paso a la consulta popular de iniciativa ciudadana con respecto a la pregunta: “Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”.

Asimismo, el Tribunal dispuso al Consejo Nacional Electoral, en un plazo de 15 días a partir de la ejecutoria de la sentencia, declarar válidas las firmas de respaldo recolectadas por YASunidos en 2014. Con la resolución de la Corte Constitucional, se deberá emitir un dictamen y dar paso a la consulta popular. 

Agregando a lo anterior, Sylvia Bonilla, abogada de derechos humanos, dijo que el CNE no tiene otra opción más que entregar entregar el requisito; es decir, “no puede conocer, resolver o negar”, simplemente debe entregar el certificado en los próximos 15 días. Además, señaló que dentro de la sentencia del TCE no cabe ningún recurso ordinario que pueda interponer el CNE para que otro tribunal revise la decisión. Una vez cumplidos los requisitos se espera que la consulta sea en febrero de 2023.

En este contexto, el presidente Guillermo Lasso y sus ministros han hablado de hacer una consulta popular, aunque todavía no se conocen cuáles serían las posibles preguntas; mismas que primero deberán ser aprobadas por la Corte Constitucional. Sin embargo, ante la posibilidad de que la consulta popular de Yasunidos se realice en conjunto con la consulta que propone Lasso, junto con las elecciones seccionales de 2023, Antonella Calle, vocera del Colectivo YASunidos dijo que lo que propone el gobierno es una consulta que ya han realizado otros gobiernos y que “busca legitimarse en el poder viendo que tiene una nula aceptación y que además, ha usado las diferentes luchas para llegar al poder y no le importa el pueblo”. La abogada Bonilla por su parte, agregó que serían dos procesos electorales distintos, con papeletas individuales.  

Yasuní: “el hogar de los pueblos”

Alicia Cahuilla del pueblo Waorani y dirigenta de la Conaie, durante la rueda de prensa, dijo que el Yasuní es un patrimonio y el hogar no solo del pueblo Waorani, sino de los Tagaeri y Taromenane, ambos pueblos en aislamiento voluntario. En ese territorio están sus familiares y sus conocimientos, además, de la conexión de saberes que les dejaron sus antepasados, aseguró Alicia. 

“Cada vez los gobiernos entrantes nos han reducido. Las petroleras están matando nuestra vida, abriendo las carreteras, los pozos petroleros, el río contaminado. Nuestro hogar lo queremos libre. Queremos una vida libre de esas petroleras que nos están persiguiendo, encarcelando y matando a los líderes cuando reclamamos”, agregó Alicia Cahuilla. Y explicó que las petroleras han violado sus derechos y los de la naturaleza. Por lo tanto, exigió que se lleve a cabo la consulta popular e hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la explotación petrolera en su territorio, pues ya no quieren que sus familias se acaben. “!Queremos que el Yasuní se respete!”, añadió la dirigenta.