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Último día para que Ecuador apele laudo de la Corte de La Haya en el caso Chevron-Texaco

 

 

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 28 de septiembre de 2022

 

 

Las comunidades indígenas y campesinas afectadas por la operación petrolera de Chevron Texaco llevan más de 29 años en búsqueda de justicia por los impactos que la explotación dejó en la amazonía, para el ambiente y las familias.  

En 2011, un tribunal arbitral de La Haya dictó un laudo final en el caso y ordenó al Ecuador a pagar una compensación a favor de la petrolera. La Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones petroleras de Texaco, Udapt, exige a la Procuraduría General del Estado que apele este laudo. 

 

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Texaco es una petrolera  transnacional estadounidense que operó en Ecuador desde 1964 hasta 1990. En 2001, fue comprada por la empresa Chevron, cambiando se nombre a Chevron Texaco. Durante su operación en el norte de la amazonía ecuatoriana, extrajo millones de barriles de petróleo sin “utilizar los métodos acordados en el contrato de explotación para la preservación de la naturaleza a pesar de que los patentaba y utilizaba en Estado Unidos”, según el expediente del caso elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en 2015. A causa de esta explotación, la petrolera ocasionó graves desastres ambientales que nunca remedió y además, generó graves consecuencias en la salud de las comunidades y la población de la Amazonía. 

Julio Prieto,  parte de la Unión de afectados y afectadas por las operaciones petroleras de Texaco, Udapt, en una entrevista para Wambra dijo que las operaciones de Chevron fueron diseñadas para contaminar y sacar el barril de petróleo lo más barato posible, ahorrando técnicas usadas en EEUU; por eso las aguas de formación “las vertían directo al río en lugar de reinyectarlas, por eso no utilizaron los tanques sino que hicieron unas fosas en la tierra”. Las aguas de formación son fluidos presentes en los pozos petroleros, que mezclan agua con gas y son altamente tóxicas. Estas aguas fueron depositadas en alrededor de 1000 piscinas que la petrolera abrió en la selva, donde además, arrojaba desperdicios petroleros y lodos tóxicos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana muestra que Chevron vertió en la tierra y en los ríos, 108 millones de litros de crudo y 59.9 millones de litros de residuos tóxicos, impactando en la flora y fauna de la región amazónica y contaminando cerca de 2 millones de hectáreas. 

A raíz de lo sucedido, 6 nacionalidades indígenas y 80 comunidades campesinas que sufrieron las consecuencias de la contaminación, presentaron una demanda primero ante las corte de justicia de Nueva York, Estados Unidos, en 1993. El caso no prosperó por pedido de la petrolera que argumentaba que sus actividades se desarrollaron en Ecuador. 

Julio Prieto, abogado de la Udapt, afirmó en entrevista que “Chevron nunca quiso estar en juicio y alegó que la causa pertenecía al Ecuador porque aquí estaban las pruebas, los testigos y que se sometería  a las cortes ecuatorianas. La estrategia de Chevron fue dilatar, enviarnos a las cortes ecuatorianas que ellos creían que podían controlar más fácilmente”.  

Luego, el juicio pasó hasta la Corte Superior de Nueva Loja, en la provincia de Sucumbíos. La transnacional vio la complicación del caso y antes de la sentencia involucró al Estado ecuatoriano en los tribunales arbitrales privados para forzar su intervención, pues de principio el juicio era entre las personas demandantes y la petrolera. En 2011, la Corte falló a favor de las comunidades y sentenció a la petrolera al pago de 9,500 millones de dólares por reparaciones. La compensación debía realizarse mediante la incautación de parte de los activos de la empresa. El fallo fue ratificado por la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional, a pesar de las apelaciones de la empresa; sin embargo, Chevron se niega a reconocer el pago de la indemnización. 

Para eludir su responsabilidad, Chevron inició desde 2004, tres procesos en contra del Estado ecuatoriano, buscando que se haga cargo de remediar los daños ambientales en la Amazonía. Además, la empresa petrolera desplegó una campaña de desprestigio internacional en contra de las comunidades, su equipo jurídico, la Corte de justicia de Sucumbíos, para desacreditar la sentencia y el proceso en su contra. También empezó procesos en organismos de arbitraje internacional con el fin de endosar la responsabilidad por la contaminación en la amazonía al Estado ecuatoriano. Así, en 2009, la petrolera llevó el caso a  la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en Países Bajos, asegurando que en Ecuador no tuvo justicia y que el país violó el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) firmado entre Ecuador y Estados Unidos en 1993.

En 2018, este tribunal internacional ordenó a Ecuador anular la sentencia de 2009 e indemnizar a la petrolera por daño económico y moral. Según Chevron, entre 1995 y 1998, firmó dos convenios con los gobiernos de ese entonces, donde se le desvinculó de sus responsabilidades sobre la contaminación ambiental en la Amazonía ecuatoriana. 

El Estado ecuatoriano tiene como plazo final hasta este 28 de septiembre de 2022, para apelar la sentencia de la Corte de la Haya. 

 

Cronología del Caso

Fecha Detalle
2003 Las personas afectadas presentan una demanda por daño ambiental contra Chevron/Texaco en la Corte Superior de Nueva Loja, Sucumbíos
2006 El gobierno del Ecuador acusó a Chevron de fraude en su programa de remediación, mientras que el Frente de Defensa de la Amazonía pidió al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que investigue los actos de corrupción
2009 Chevron presentó una denuncia en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya contra el Estado ecuatoriano, en el exigió que la sentencia de la Corte de Sucumbíos que le obligaba a pagar 27 mil millones a los y las afectadas de la Amazonía, sean cobrados al Ecuador
2011 Chevron presentó una denuncia en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya contra el Estado ecuatoriano, donde exigió que la sentencia de la Corte de Sucumbíos que le obligaba a pagar 27 mil millones a los y las afectadas de la Amazonía, sean cobrados al Ecuador
2011 Un tribunal arbitral de La Haya dictó un laudo final en el caso Chevron y ordenó al Ecuador pagar una compensación de 77 millones de dólares más intereses
2013 Ecuador apeló a esta sentencia y la Corte Suprema de los Países Bajos negó el pedido de nulidad del laudo
2013 La Corte Nacional de Justicia de Ecuador mantuvo la sentencia que condena a Chevron a pagar 95 millones de dólares para la reparación ambiental
2013 Chevron solicitó la anulación de la condena ante la Corte Constitucional
2018 La Corte Constitucional declaró que no existe vulneración de derechos constitucionales y negó la acción extraordinaria de protección planteada

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y Defensoría del Pueblo

 

El caso Chevron vs Ecuador lleva más de 29 años en litigio y desde entonces, las y las afectadas no han encontrado justicia ni reparación. El 26 de septiembre de 2022, realizaron una rueda de prensa para pedirle a la Procuraduría General del Estado que apele al laudo final que ordena al Ecuador pagar 77 millones de dólares, hasta antes del 28 de septiembre. 

Según Prieto, el Estado ecuatoriano “está capturado por Chevron”. En el gobierno de Lenin Moreno, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó Ecuador y durante esa visita, se habló del caso Chevron. El gobierno se comprometió a solucionar el caso y la manera de hacerlo, afirma Prieto, era “rendirse en estos juicios. Nos parece que están llevando una defensa jurídica aparente”. 

A pesar del panorama, está pendiente agotar el último recurso ante la Corte Suprema de Países Bajos para anular el laudo arbitral, pero, la Procuraduría General del Estado “ha mostrado muy pocas ganas e interés en defenderse de este caso, lo dan por perdido, yo creo que lo tiene ya arreglado de tal manera que la condena contra el Ecuador no sea tan fuerte”, agregó Prieto. 

 

“Una empresa que ha acabado con nuestra vida”. 

Durante la rueda de prensa intervino Donald Moncayo, coordinador general de la Unión de afectados por las operaciones petroleras de Texaco, hoy Chevron, Udapt. Él hizo un llamado al Procurador general del Estado, Íñigo Salvador, para que apele a la sentencia y presente los argumentos necesarios para derogar la decisión del Tribunal arbitral de La Haya. Agregó que a causa de la contaminación que se provocó en la amazonía, hay 400 casos de cáncer registrados, de los cuales han fallecido 132 personas entre el 2019 hasta abril de 2022. “¿Acaso eso no es un genocidio?”, cuestionó Moncayo. 

En la misma línea, Pablo Fajardo, abogado de las personas demandantes, dijo que el 72 % de los casos de cáncer registrados en la Amazonía son en mujeres y que esa es otra forma de “agresión y violencia que hay que repudiar y rechazar”. enseguida mencionó que existe una grave amenaza de las transnacionales y de Chevron en contra de todo el Estado ecuatoriano. “Hay un juicio que por 29 años consecutivos hemos llevado los pueblos indígenas y campesinos de Orellana y Sucumbíos”.  

La Unión de afectados y afectadas por las operaciones de Texaco, hoy Chevron, Udapt, acompañados de las organizaciones sociales nacionales e internacionales como: Acción Ecológica, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confeniae, el Centro de Derechos Económicos y Sociales, Cdes, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Coica, Fundación Inredh, Fian Ecuador, Amazon Watch, entregaron una carta el pasado 23 de septiembre a la Procuraduría General del Estado por la falta de respuesta del Estado frente al caso, pues exigen la impugnación adecuada al laudo arbitral.

Julio Prieto señaló que frente al aparente desinterés del actual gobierno por este tema, las y los afectados buscarán justicia en instancias internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de DDHH.