A pocos días de finalizar el 2021, el gobierno ecuatoriano expidió el Decreto Ejecutivo 302, del 27 de diciembre.
Este decreto, en su artículo 1, resuelve: “Delegar al Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la suscripción de todos los Actos Administrativos, necesarios para la autorización del ejercicio de las actividades de industrialización de hidrocarburos, de conformidad a la normativa vigente”.
La industrialización de hidrocarburos se refiere a las actividades de envasamiento y procesamiento de los derivados de petróleo. Con este decreto, el Estado central delega al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables que contrate a diversas empresas para este servicio.
Al respecto, el Frente de Defensa Petrolero ecuatoriano emitió un pronunciamiento, el 3 de enero de 2022, donde señala que este decreto violenta la Sentencia de la Corte Constitucional No. 001-12-SIC-CC, CASO No. 0008-10-IC, emitida el 5 de enero de 2012.
Esta sentencia recalca que, por mandato constitucional, el Estado debe constituir empresas públicas para el aprovechamiento de los recursos naturales.
De allí que el Frente, en su pronunciamiento, manifiesta que la política hidrocarburífera, responde a un objetivo único: “Atender los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el capital financiero internacional” y a la privatización.
Por esta razón considera que la política implementada por el gobierno de Guillermo Lasso es la misma política impuesta por el gobierno del ex presidente, Lenin Moreno.
Jorge Cáceres, coordinador del Frente, en entrevista con WambraEc, manifestó su rechazo a la política del gobierno de Guillermo Lasso y, sobre todo, a la privatización de la industria petrolera. A decir de Cáceres, desde julio de 2018 hasta la presente fecha, “se han emitido alrededor de una docena o más de decretos ejecutivos que comenzaron dando paso a los contratos de participación en el sector privado”.
El presidente Guillermo Lasso, el 7 de julio de 2021, planteó el decreto 95, que para el Frente es “inconstitucional e ilegal”, ya que, mediante ese decreto, se expidió un plan de acción para privatizar la industria petrolera ecuatoriana y trasladar la renta petrolera a empresas privadas.
Para Cáceres, este decreto entró en vigencia “violando así las disposiciones constitucionales que determinan que los recursos naturales no renovables son propiedad inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado ecuatoriano”, asintió.
Además, el coordinador aseguró que el decreto 95 “reformula el modelo de contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos que reducen la participación del Estado en beneficio de las empresas y somete al Estado al arbitraje internacional (CIADI)”. Cáceres también aseveró que el gobierno de Guillermo Lasso ha decidido que el motor y quien debe dinamizar la economía del país sean los sectores privados.
Frente a eso, el coordinador considera indispensable que los diversos sectores se junten para levantar propuestas de defensa de los bienes públicos en general, que no solo se ligan al sector petrolero, sino al sector emergente eléctrico y la banca. “Como frente petrolero creemos en la necesidad de unir todos los esfuerzos”, dijo Cáceres.
Jorge Cáceres indicó que, entre las acciones que ha realizado el Frente, desde su conformación, y que no han sido atendidas, está la entrega de más de 12 propuestas de inconstitucionalidad respecto a la adhesión al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). “Son demandas que están en trámite y que la Corte Constitucional debería atender”, indicó.
El Frente exhorta a los ciudadanos, a las organizaciones sociales y al país en general a fortalecer la organización de la Coordinadora por la Defensa de los Bienes Públicos que fue creada el 12 de agosto de 2021 con diversas organizaciones del sector energético ecuatoriano, con el fin de luchar contra la “entrega de la renta petrolera y de los bienes públicos a intereses privados”.
El Frente se conformó en 2018 con el fin de evaluar la política petrolera y agrupa a varias organizaciones sindicales, sociales y gremiales. Está presente en Esmeraldas, Quito, Guayaquil, Santa Elena, Sacha y Cuenca.
