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Por: Emilia Palacios @EmiliaPalaciosM

Un grupo de trabajadores autónomos se ha mantenido en movilizaciones desde el viernes 24 de septiembre, para exigir su libre derecho al trabajo, garantizado en el artículo 33 de la Constitución ecuatoriana. Las y los vendedores ambulantes y no regularizados exigen no ser desplazados de la calle Jorge Garcés, ubicada en el barrio Comité del Pueblo, al norte de Quito.

César Díaz, Secretario General de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, explicaba a través de un tweet que los controles realizados “permiten que la ciudadanía pueda caminar con tranquilidad en sus veredas”. Mientras que, según Gabriela Vivanco, miembro de la Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados, Asotrab, los agentes no permitieron laburar a las y los trabajadores autónomos bajo el argumento de la seguridad y la limpieza del espacio público. 

Para Gabriela Vivanco “existe un discurso hegemónico que busca posicionar a las ventas ambulantes como las propiciadoras de la delincuencia y de ensuciar el espacio” ya que, según la Asociación, las y los vendedores realizan mingas para la limpieza de los espacios que utilizan en su trabajo diario. 

En su cuarto día, la movilización rechazó a una serie de operativos realizados por parte de agentes metropolitanos, la Policía y el Ejército Nacional. Las y los vendedores insisten en permanecer en la calle Jorge Garcés para continuar con sus labores diarios. Sin embargo, en la tarde de este lunes, Asotrab registraba en sus redes sociales un nuevo operativo por parte del distrito y la Policía Nacional. “No nos moveremos y no nos moverán, queremos el trabajo en la principal” fue el grito de vendedores y vendedoras durante estas acciones. 

Durante los plantones y movilizaciones realizados durante estos 4 días, las y los comerciantes autónomos no han tenido respuesta del Municipio, más que la reubicación de las y los vendedores en el mercado del Comité del Pueblo. Según Vivanco, este mercado no se encuentra en una zona comercial por lo que muchos de los vendedores que ya se encontraban en esta instalación, se han visto en la necesidad de reubicarse en la calle Jorge Garcés al no lograr ventas. 

Asotrab asegura que la movilización y las razones de las y los comerciantes son legítimas, y se respaldan en el artículo 329 de la Constitución, donde se enfatiza en que “se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones”. 

El Distrito Metropolitano de Quito no tiene cifras actuales de vendedores informales. En mayo de 2021, Fernando Pareja, coordinador de la Agencia Distrital del Comercio, prometía que se llevaría a cabo un nuevo censo sobre la situación de las y los trabajadores ambulantes en Quito; sin embargo, dicho estudio aún no ha sido publicado. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec), para finales del 2020: “el 51,1% de las personas con empleo se encuentra en el sector informal de la economía” lo que demuestra un aumento en comparación con las cifras de diciembre de 2019.