Familias del equipo periodístico de El Comercio solicitan a la Corte Constitucional la desclasificación de información
Por: Génesis Anangonó Ch @genestefa
Publicado 13 julio de 2021
Familiares de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas, integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio, presentaron una demanda ante la Corte Constitucional para solicitar la desclasificación de las actas del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), referentes a las reuniones sobre el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico ocurrido entre marzo y abril de 2018. Paul, Javier y Efraín fueron secuestrados en 2018 cuando realizaban actividades periodísticas en Mataje, población de Esmeraldas y fronteriza con Colombia. Tras el secuestro, el equipo periodístico fue llevado a Colombia, en donde fueron asesinados por disidentes de las Farc que pertenecían a la narcoguerrilla “Oliver Sinisterra”, en aquel entonces dirigida por Walter Arízala Vernaza, alias Guacho.
El colectivo #Nos faltan 3, conformado por los familiares y amigos de Paul, Javier y Efraín, ha solicitado en reiteradas ocasiones la desclasificación de la información al Estado ecuatoriano, sin obtener resultados. La primera promesa vino por parte del entonces presidente Lenín Moreno, quien anunció el 13 de abril de 2018, que había ordenado al Cosepe la desclasificación de las actas, sin embargo, esto no ha ocurrido hasta la fecha.
En 2019 la Asamblea Nacional también exhortó a Lenín Moreno para que haga pública la información del secuestro y del asesinato del equipo periodístico. Posteriormente en 2020, la Fiscalía solicitó al Cosepe la desclasificación de la información para incluirla en el expediente judicial del caso, sin embargo, este pedido fue tramitado un año después y fue rechazado.
Yadira Aguagallo, vocera del colectivo Nos Faltan 3, en entrevista con Wambra Medio Digital Comunitario recordó que el de 20 mayo de 2018 en una reunión en Carondelet se les entregó seis sobres con casi 700 hojas de “supuesta información, que fue puesta a criterio de un equipo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que determinó que esa información ya era de carácter público y constaba en la investigación previa. De ningún modo tenía carácter de desclasificada”. Estos incumplimientos junto a la falta de celeridad en el caso, según Yadira Aguagallo, configuran un panorama de impunidad.
La vocera del Colectivo Nos Faltan 3, Yadira Aguagallo, manifestó que desde el secuestro de Paúl, Javier y Efraín han pasado 3 años, 3 meses y 17 días y no existen avances ni resultados en la investigación. Según explicó, la Fiscalía no ha podido ni siquiera entregar “una teoría sólida del caso o por lo menos una línea del tiempo, de los hechos, de los involucrados enfocada y debidamente justificada”, por ello, familiares y amigos de Paúl, Javier y Efraín, basados en el artículo 18 de la Constitución segundo inciso y en el artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, solicitaron a la Corte Constitucional, la desclasificación de las actas de las reuniones del Cosepe en lo relacionado al secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico ocurrido entre marzo y abril de 2018.
El documento, de acuerdo al comunicado, recoge, además de la demanda, recomendaciones que la CIDH realizó a Ecuador sobre la necesidad e importancia de desclasificar la información. La causa ya fue sorteada y será el juez constitucional Hernán Salgado el encargado de dar trámite a la misma, por ello, los familiares y amigos del equipo periodístico solicitaron al juez “un tratamiento expedito de la demanda” que como explicó Yadira Aguagallo “tiene como finalidad la no repetición de los hechos, porque cuando un hecho de esta magnitud queda en la impunidad las posibilidades de que se repitan hechos similares son altamente probables como pasa, casi, con el 90% de periodistas que han sido víctimas de agresiones en América Latina”.
El colectivo dijo que, aunque el actual gobierno no tiene una responsabilidad personal sobre los hechos debe asumir la representación del Estado, sus instituciones y comprometerse con la verdad, para garantizar a los ciudadanos el acceso a la información.
