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Ecuador ratificó Convenio Regional contra toda forma de discriminación e intolerancia

 

 

Por: Génesis Anangonó Ch

 

Publicado 14 julio de 2021

 

Con 126 votos, la Asamblea Nacional ratificó la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia durante la sesión 717 del 13 de julio de 2021. Esta convención es el primer documento regional vinculante que reconoce a la orientación sexual, la identidad y la expresión de género como motivos de discriminación. Así mismo, establece la obligación de los Estados que han suscrito al convenio para evitar, prevenir, prohibir y sancionar todos los actos de discriminación e intolerancia.

La convención también reconoce formas de discriminación que no están consideradas en otros instrumentos internacionales como son: la expresión de género, la condición migratoria, las características genéticas, entre otras. Además, dispone de mecanismos para el cumplimiento y seguimiento de denuncias por discriminación múltiple como, por ejemplo: manifestaciones de discriminación en contra de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres que se encuentran en situación de movilidad, provienen de sectores rurales o pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas, negras y afrodescendientes; y que deben ser analizadas de manera específica. 

Este instrumento internacional tiene carácter vinculante, es decir, el Estado ecuatoriano deberá velar por su cumplimiento, garantizando los derechos humanos a la igualdad, a la dignidad, a la no discriminación, que se encuentran en la Constitución, y acoplando sus leyes a los mecanismos de protección de derechos previstos en dicho Convenio. También se deberán crear políticas públicas, investigaciones y todas aquellas acciones que impulsen la prevención, eliminación, prohibición y la sanción de todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia.

La Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia fue adoptada en Guatemala, en 2013, y en ese mismo año Ecuador se unió; sin embargo, en 2018 la Corte Constitucional dictaminó que la vinculación a este instrumento necesitaba la aprobación de la Asamblea Nacional. Y recién en 2020, el entonces presidente Lenín Moreno remitió al Legislativo este convenio para que sea analizado y aprobado.