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Human Rights Watch presentó informe sobre la criminalización del aborto en Ecuador

 

 

Por: Génesis Anangonó Ch

 

Publicado 15 julio de 2021

 

La organización internacional Human Rights Watch presentó el informe¿Por qué me quieren volver hacer sufrir?: El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador” en el que detalla el impacto de la criminalización del aborto sobre la vida de las niñas, adolescentes y mujeres. 

En el documento, que consta de 128 páginas, se relata la historia de 148 mujeres y niñas que han sido, en muchos casos, judicializadas por abortar. El informe detalla que la criminalización del aborto tiene una consecuencia directa sobre la vida de mujeres y niñas puesto que aumenta la mortalidad y morbilidad materna, impide que las mujeres, adolescentes y niñas accedan a servicios esenciales, generando estigmas y dificultad en el acceso y promoción de salud sexual y reproductiva.

De los 148 casos analizados, el 73% de mujeres y niñas fueron denunciadas por profesionales de salud. 146 mujeres (el 99%) fueron interrogadas por personal de la policía en ausencia de su abogado. Por otro lado, solo el 58% de las 148 mujeres recibieron el consejo de un defensor público para que se declaren culpables y se acojan a un proceso abreviado. De este 58%, el 81% fueron encarceladas de entre seis a cuatro meses.

Las niñas y mujeres acusadas de aborto, según detalla el informe, fueron sometidas a reiteradas violaciones de sus derechos como, por ejemplo: violación al secreto profesional, a la inocencia, al debido proceso y a la defensa. Además, se explica que “las judicializaciones afectan no solo a mujeres que desean interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado, sino también a quienes tienen abortos espontáneos o emergencias obstétricas, o requieren atención postaborto”. Estas mujeres, dice el informe, suelen ser persuadidas y denunciadas por médicos que las interrogan bajo amenazas, para obligarlas a confesar abortos y no les garantizan atención ni paliativos para el dolor.

Ximena Casas, investigadora de las Américas y parte de la división de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch, en entrevista con Wambra Medio Digital Comunitario, dijo que la criminalización del aborto afecta a las mujeres, pero no de la misma forma y esto se evidencia con las cifras encontradas y detalladas en el informe con el que se determinó que las mujeres indígenas, negras, afrodescendientes, mujeres jóvenes y aquellas que se encuentran en situación de pobreza son las más criminalizadas por aborto. “De los 78 casos de mujeres y niñas en los cuales se pudo determinar su edad, el 61% (48) tenían entre 18 y 24 años, el 21% (16) tenían entre 25 y 29 años, el 6% (5) tenían entre 30 y 39, y el 12 por ciento (9) eran niñas de menos de 18 años. Una cantidad desproporcionada procedían de zonas rurales del país”.

La investigadora Ximena Casas explicó que una de las conclusiones del informe fue que las mujeres y las niñas sí están siendo judicializadas por aborto en Ecuador y no solo las que desean interrumpir un embarazo, sino también aquellas que tienen emergencias obstétricas. Por ello, instó al Estado a eliminar todas las sanciones penales al aborto y a garantizar que las personas con posibilidad de gestar tengan acceso seguro y legal al aborto como servicio de atención médica esencial, puesto que “una legislación restrictiva sobre el aborto no impide que las mujeres aborten, solo pone en riesgo la vida de mujeres empobrecidas y de sectores rurales” quienes, además, son criminalizadas.

En Ecuador, la Corte Constitucional emitió una sentencia, el 28 de abril de 2021, a través de la cual despenalizó el aborto en casos de violación. Antes de ese día el aborto solo era permitido para mujeres que tenían algún tipo de discapacidad intelectual. Entre lo dictado por la Corte, también se dispuso a la Defensoría del Pueblo para que, en un plazo de dos meses, elabore un Proyecto de Ley que regule la despenalización del aborto en casos de violación y lo presente ante el legislativo. La Defensoría del Pueblo presentó el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación el 28 de junio y a partir de ese día, la Asamblea Nacional tendrá seis meses para tramitarlo.