por Verónica Calvopiña @kinoraxx
fotos SINANGOE
El río ya no era el mismo, había pocos peces que recolectar y llevar a las casas, fue entonces que las alertas se prendieron en la comunidad Sinangoe de la nacionalidad A´i Kofan. Los niños y niñas saben que si algo le pasa al río peligra su vida; en esto coincide Lina María Espinoza, abogada de la comunidad: “El río hace parte de su territorio, de su cosmovisión y cultura por lo que cualquier alteración a estos territorios y a los ríos, generará un grave impacto ambiental, cultural para la integridad de esta comunidad”
Sinangoe se asienta en la confluencia de los ríos Cofanes y Chingual, donde nace el Río Aguarico, en el Cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos; su territorio se reparte entre la Reserva Cofán Bermejo y la Reserva Cayambe Coca, en esta última se encuentran caudalosos ríos la convierten en la fuente de agua más importante del norte del país, brindando agu a ciudades como Quito.
Por ello, la nacionalidad A´i Kofán sabe que si su territorio se contamina no solo está en riesgo su población, sino otras nacionalidades indígenas y pueblos mestizos de Sucumbíos y otras provincias. Solo en la provincia amazónica, alrededor de 80 mil personas de las comunidades y de las ciudades de Lago Agrio y Pacayacu viven y dependen del Río Aguarico, uno de los pocos ríos sin contaminación petrolera de Sucumbíos.
Pero no solo la poca pesca era un indicio de que algo pasaba en el territorio indígena A’I Kofán, se habían visto hombres extraños, maquinarias y tala de árboles. Por ello, y haciendo uso de su Derecho a la Autodeterminación, la nacionalidad aprobó el cinco de mayo del 2017 la “Ley Propia de Control y Protección del territorio Ancestral A’I Kofán de Sinangoe”. Esta ley prohíbe la pesca con uso de dinamita o veneno, la cacería, la venta de animales silvestres y la minería en cualquier escala. Con el fin de controlar este tipo de actividades ilícitas se conformó una Guardia Indígena, de la que son parte tanto hombres como mujeres de la comunidad.
La Guardia A´i Kofán inició sus actividades en septiembre del 2017, hizo recorridos, registrando todo lo que sucedía por el territorio; así pudo constatar que la minería había llegado. La preocupación de que las aguas del Aguarico se contaminen con metales tóxicos, y de que se entreguen más concesiones a proyectos mineros sin consulta a las comunidades, llevó a que este pueblo amazónico, denuncie estos hechos ante el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minas, y la Agencia de Control Minero, ARCOM. Los funcionarios inspeccionaron, pero no dieron seguimiento y las actividades mineras continuaron.
Más tarde a inicios de 2018, en momentos en que el país aprobaba la pregunta cinco, referente a la minería en la Consulta Popular, se entregaron trece concesiones más en territorio A´i Kofán, entre las que se encuentran los proyectos: Prosperidad, Puerto Libre, La Bonita 1, y la Bonita 2; otorgados por un promedio de 25 años a personas naturales y empresas. Los representantes de estas concesiones en muchos casos son familiares; tal es el caso de la familia González Osorio, representante de la empresa Consorcio Minero Minexplot, que, según la información de la comunidad, mantiene diez concesiones.
En total sobre el Río Aguarico, Chingual y Cofán, hay veinte proyectos mineros de pequeña y mediana escala, que abarcan cerca de 20 mil hectáreas; trece de estos, otorgados entre enero y febrero de este año. De estos nuevos proyectos, Prosperidad y Puerto Libre estaban en explotación. La comunidad registró que estas dos concesiones causaron ya afectaciones al territorio, según la abogada Lina Espinoza. La Guardia Indígena constató que hubo tala del bosque, cambio de la estructura de las playas del Río Aguarico, afectaciones que fueron verificadas posteriormente por la justicia ecuatoriana.
Estas concesiones no solo que están en territorio Kofán sino también en zonas biodiversas, como el caso del proyecto Puerto Libre que está a los márgenes de la reserva Cayambe Coca. Según María Espinoza, la comunidad se enteró de estos proyectos por la página web del Ministerio de Minas.
Tras el otorgamiento de estas concesiones mineras, en los ríos comenzaron a aparecer retroexcavadoras, dragas y bombas de agua, se instalaron canalones que son grandes conductos donde se lava y separa el oro de las rocas; para lograr esta separación es necesario metales como el mercurio, lo que encontró la Guardia Indígena del Pueblo A´i Kofán en su río.
Sinangoe recurrió a la denuncia administrativa en ARCOM, pero nuevamente sin resultados. Se emitieron además alertas que luego permitieron a la Fiscalía abrir una indagación previa por delitos ambientales y minería ilegal.
Después de varias acciones ante el Estado sin recibir respuesta, la nacionalidad A’I Kofán impuso una Acción de Protección presentada por Sinangoe. Ahora el caso será resuelto por la Corte Provincial de Nueva Loja.
foto tomada de redes SINANGOE
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Una acción para proteger el Aguarico
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La Constitución ecuatoriana reconoce la Acción de Protección como un mecanismo inmediato frente a la vulneración de un derecho. En el caso de Sinangoe se presentó esta medida a mediados de julio, en conjunto con la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos; se solicitaron además medidas cautelares, con el fin de frenar los proyectos mineros en la cabecera del Río Aguarico.
Según la comunidad, ellos tenían suficientes argumentos que lograron probar la vulneración de sus derechos al territorio, a la naturaleza, al medio ambiente, al agua, a la salud y a la alimentación, por parte de las concesiones mineras.
El 27 de julio, el juez Jorge Sacancela Cusi de la Unidad Multicompetente del cantón Gonzalo Pizarro aprobó la Acción de Protección, reconoció la vulneración del derecho a la Consulta Previa y decretó la suspensión de las actividades mineras otorgadas y en trámite, en el territorio Kofán.
Según la abogada Espinoza, la sentencia reconoció la vulneración del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada por ello, la decisión judicial fue suspender los proyectos mineros. Mientras que la comunidad en un boletín emitido el 8 de agosto, calificó a esta sentencia como histórica ya que “sienta precedentes para la lucha de los pueblos indígenas y de los derechos colectivos”.
Sin embargo, el Ministerio de Minería, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el Ministerio del Ambiente (MAE), la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), la Procuraduría General del Estado (PGE) apelaron la sentencia de Acción de Protección presentada por Sinangoe. Ahora el caso espera ser resuelto por la Corte Provincial de Nueva Loja.
El caso de Sinagoe abrió la mirada para todas las concesiones mineras que se han entregado en lo últimos años en la Amazonía. Si bien la provincia de Sucumbíos es, desde los setentas, uno de los polos de la explotación petrolera en Ecuador, es en los últimos años que ha avanzado la minería metálica. Solo, la Empresa Nacional Minera, ENAMI, tiene tres concesiones sobre el Río Cofanes que abarcan más de 12 mil hectáreas. Otra de sus concesiones importantes está en el Cantón Sucumbíos Alto, se trata del proyecto La Bonita de más de 13 mil hectáreas.
Según la abogada de la comunidad Sinangoe en toda la provincia habrían “70 mil hectáreas, entre concesiones pequeñas distribuidas a lo largo no solo del Río Aguarico sino de otras áreas de la provincia”. Hay más concesiones en la parte baja del Río Aguarico, muchas de las cuales, no han sido consultadas; “si estos proyectos entran en explotación causarán graves daños en este río y afectarán a otros pueblos indígenas kichwas, sionas y secoyas, y a comunidades indígenas y campesinas” afirma Espinoza.
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Molleturo, un precedente jurídico contra la minería
Extracto de la sentencia de Río Blanco
Días después de que fuera aceptada la Acción de Protección a favor de la comunidad de Sinangoe; la Corte Provincial de Azuay, ratificó otra sentencia en contra de la minería.
Río Blanco, una comnidad campesina en Azuay, que lleva años luchando en contra de la minería a gran escala, ganó una demanda de Acción de Protección. Los jueces del Tribunal de Justicia Constitucional de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Azuay resolvieron que el proyecto minero Río Blanco vulneró el Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada de la parroquia de Molleturo. El proyecto debía suspenderse y se debía realizar el proceso de consulta previa, pero la sentencia incluyó algo más: respetar la decisión de la comunidad que ya había decidido en la Consulta Popular de febrero del 2018, por lo que ya no era necesario hacer otra consulta.
Lea la nota de Wambra: https://wambra.ec/rio-blanco-la-primera-batalla-contra-el-festin-minero/
Para la abogada Espinoza, la Corte Provincial de Sucumbíos puede tomar elementos de la sentencia de Molleturo en lo relacionado al “carácter, al espíritu de la consulta y a la necesidad de garantizar los derechos plenos de la población”. Por esta razón esperan que la Corte ratifique la sentencia a favor de la comunidad de Sinangoe, reconociendo que se vulneró el Derecho a la Consulta, y que al igual que en Molleturo, se tome en cuenta la votación respecto a la pregunta cinco de la Consulta Popular. En el cantón Gonzalo Pizarro, ganó el sí en esta pregunta con el 66.21%.
Sin embargo, la abogada recalca que el país no cuenta con una ley que reglamente los procedimientos para realizar una Consulta Previa, incumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Sarayaku versus el Estado de Ecuador, que ordenó que se establezca esta ley en el país. Por ello, para Espinoza: “La comunidad de Sinangoe no puede ser consultada mientras no exista una ley en el país que defina cuáles son los procedimientos, el alcance de la consulta previa y que incorpore estándares internacionales en materia de consulta para pueblos y nacionalidades”.
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A la espera de justicia
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Este 5 de septiembre se desarrollará la audiencia que ratifique o no la sentencia en el caso de Sinangoe. María Espinoza confía en que la decisión de la Corte Provincial de Sucumbíos será favorable pues asegura: “Tenemos suficientes argumentos de carácter técnico, jurídico y cultural, en los cuales ya se sustentó el juez de Lumbaquí que esperamos sean el sustento de los jueces en el tribunal de Lago Agrio. La abogada además confía en que se sancionen otros derechos vulnerados por la minería como los derechos de la naturaleza, al agua y a la alimentación.
Sinangoe espera que, tras la ratificación de la sentencia, se suspendan las concesiones mineras otorgadas, que se reparen los daños ambientales y que el Estado reconozca sus omisiones en este caso, pues según Espinoza: “La obligación del Estado va más allá de los simples procedimientos y tienen que convertirse en una acción efectiva e idónea que garantice la protección de derechos, y en esa medida las entidades no cumplieron con su obligación, omitieron el cumplimiento de sus obligaciones”.
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