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Madre de Cristina Palacios ya alertaba la liberación del femicida de su hija

Por: Verónica Calvopiña @kinoraxx

Publicado el 03 de marzo de 2023

 “Sé que muchos otros están pidiendo, bien ya sea la locura, para internarles en un centro para pasar por enfermos”. Estas fueron las palabras de Sonia Salamea, madre de Cristina Palacios, víctima de femicidio en 2017, quien en una rueda de prensa ofrecida el 17 de enero por familiares y organizaciones feministas para hablar de las cifras de feminicidios en 2022, alertaba sobre las estrategias que los femicidas estarían llevando para evadir sus condenas.

Estas palabras se hicieron realidad este jueves 2 de marzo, pues Carlos Flores Santander, femicida de Cristina, obtuvo medidas cautelares por parte de la jueza Gina Zambrano, alegando tener problemas de salud, lo que habría dado paso a su liberación. Esta jueza también concedió medidas cautelares, permitiendo la liberación de Luis Cordero, femicida de Bertha Michala.

La Red de Familias de Víctimas en su cuenta de twitter, manifestó “rechazamos públicamente la liberación de Carlos Flores Santander, sentenciado a 34 años por el femicidio de Cristina Palacios. Exigimos a las autoridades que se mantenga la justicia con las sentencias dadas».

Los recursos a favor de Flores no eran nuevos

Carlos Flores S. fue acusado y sentenciado a 34 años y 8 meses de prisión por el femicidio de Cristina Palacios en 2017. Flores era compañero de trabajo de Cristina, y además, según Sonia Salamea “hijo de un político de Cuenca”. Esta situación, hizo que el juicio se dilate por varios meses y sea desgastante para su familia, principalmente por los recursos económicos que destinaron para la asesoría legal, asegura Sonia,

Sin embargo, pese a toda esta lucha, Sonia se enteró que la justicia le había concedido hace meses, un hábeas corpus a Flores; de manera que pudo pasar su condena en la cárcel de Azogues, aun cuando la sentencia ordenaba que la debía cumplir en El Turi. Sin embargo, este proceso jamás le fue comunicado a Sonia. En la rueda de prensa de inicios de año, la madre de Cristina también denunció que el femicida de su hija estaría siendo ayudado por la administración de la cárcel y en las noches salía a dormir en su casa. 

En su intervención, Sonia relató la larga lucha que llevó junto con su familia para lograr una sentencia que les dé justicia: “Se siguió un juicio largo, 7, 8 meses, donde todo estaba claro, pero nosotros, la familia teníamos que probar que el asesino estaba diciendo la verdad, que sí dijo la verdad”.

Sonia también aseguró que ni los hijos de mujeres, víctimas de femicidio, ni sus familias obtienen reparación económica o psicológica, ni tampoco una justicia plena. Por lo que ante las estrategias de los femicidas y los periplos que sufrió para obtener justicia, mencionaba: “No tengo más dinero para seguir enfrentando otro juicio”. Sonia en estos años, se ha articulado junto con otros familiares, en la Red de Familias de Víctimas de Femicidios, por lo que ha podido conocer de cerca otros casos similares al suyo.

“Dónde están las sentencias, el cumplimiento de la reparación que el presidente nos ha ofrecido, no solo Lasso sino también los otros presidentes”, preguntaba la madre de Cristina en esta rueda de prensa.

La sentencia reducida de Luis Cordero

Luis Cordero era esposo de Bertha Minchala. En 2017, fue procesado por asesinato; inicialmente el Tribunal Penal condenó a Luis a 22 años de cárcel, sin embargo, el mismo tribunal dio paso a varios atenuantes que permitieron la reducción de la condena en 14 años.

Inicialmente, Luis aseguró que la muerte de su esposo se dio durante un robo a su domicilio, pero las pruebas encontradas por la policía concluyeron que él la mató. La jueza Zambrano de Manabí también otorgó medidas cautelares a Luis, el 2 de marzo, quien al igual que Flores, femicida de Cristina Palacios, también alegó problemas de salud. 

Tanto Cordero como Flores formaron parte de una lista de personas privadas de la libertad que pedía medidas cautelares por problemas de salud. La decisión de indultar a personas privadas de la libertad que sufren enfermedades catastróficas fue decretada en noviembre de 2021 por el presidente Guillermo Lasso, como una solución para reducir el hacinamiento en las cárceles.