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Sebastián, hombre trans, estuvo 12 horas detenido por la Policía Nacional en Guayaquil

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 06 de diciembre de 2022

Hombres y mujeres trans, activistas, feministas, diversas colectivas y organizaciones asistieron al plantón Drag, el pasado 03 de diciembre de 2022, en el Mercado del Río, ubicado al interior del Malecón 2000 en la ciudad de Guayaquil. La actividad era en contra de la discriminación y para reivindicar el uso del espacio público y los derechos de la población trans.

Sin embargo, durante la marcha hubo represión policial y el arresto de Sebastián, un hombre trans activista, a quien la Policía, lo mantuvo por 12 horas incomunicado y retenido. El Comité permanente por los Derechos Humanos en Guayaquil intervino, al igual que la Fundación Mujer y Mujer, para lograr su libertad. 

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La colectiva “Haus of Locas” organizó el evento , previsto a desarrollarse en el Mercado del Río, en el Malecón 2000 de la ciudad de Guayaquil. El evento contaría con performances, música, un bingo y comida de una cevichería del Mercado. Sin embargo, el restaurante canceló el evento, a pesar de que ya se había realizado la  preventa de entradas. La administración del espacio se excusó diciendo que en el sitio sólo se podían llevar a cabo “eventos normales”, según aseguró Diana Maldonado, activista en derecho humanos y de la población LGBTIQ+.

Tras lo sucedido, activistas feministas y de las diversidades decidieron convocarse a través de redes sociales para el día sábado 03 de diciembre desde las 15:30 en el Mercado del río, para realizar un plantón Drag en contra la discriminación. “No podemos seguir todavía a estas alturas permitiendo que haya estos espacios transfóbicos o lgbti fóbicos”, recalca Diana. 

El plantón se desarrolló con normalidad. Las activistas empezaron a tocar los tambores y a gritar consignas, cuando una persona del staff del Malecón 2000 se les acercó y les dijo: “Si ustedes quieren estar aquí tocando, deben tener un permiso de la Fundación Malecón 2000”. Las colectivas señalan que el malecón es un espacio público, por lo que consideraron que no debían solicitar permiso para realizar la acción; después de eso, tres policías se acercaron: dos mujeres y un hombre, para pedir información de la protesta, pero en ese momento, por el sonido de los tambores, las personas de los alrededores empezaran a acercarse a bailar, sacar fotografías, videos. Hasta ese momento los policías mantuvieron su distancia, asegura Maldonado. 

El plantón continuaba y avanzó por los predios públicos del Malecón. Pasado las cuatro de la tarde, las personas asistentes empezaron a recoger los instrumentos musicales de la batucada, y en ese instante ocho policías llegaron al lugar. El jefe del operativo, quien jamás se identificó, se acercó hasta el plantón y les dijo de forma grosera que salgan porque habían recibido llamadas al 911, que aseguraban que: “nosotras estábamos haciendo bulla, escándalo y nos portamos malcriadas con las personas que estaban allí”, según los relatos de la activista; situación que la negaron.

Mientras eso sucedía, una de las compañeras de Diana sacó su celular y empezó a filmar lo que estaba sucediendo. El policía tumbó el celular de la joven con su mano y eso provocó la reacción del resto de feministas y personas de la población LGBTIQ+, asistentes al plantón.  Al preguntarle al policía del por qué de su reacción, éste llamó a una de sus compañeras para que arreste a Diana Maldonado por haberle “levantado la mano, cosa que nunca pasó”, aseguró la activista. 

“Mis amigas al ver eso, lo que hicieron fue apartarme para que la policía no me llevará. Mientras yo iba caminando me percaté de que una de esas mujeres policías iba a sacar el gas para gasear a mi compañera que le tumbaron el teléfono y le dije que no haga eso, pero ya le habían echado gas. El ambiente ya nos molestaba, tuvimos que retroceder y decirles a las personas que estaban en los alrededores con niños, niñas que se retiren porque había mucho gas”, cuenta Diana.

En medio del conflicto, relata que logró percatarse del arresto de Sebastián, un hombre trans, activista que también participaba del plantón. Diana cuenta que empezó a caminar detrás de los policías para saber a dónde se lo llevaban a su compañera, pero en ese momento, fue abordada por un policía, con su rostro cubierto por una mascarilla, quien le lanzó gas desde atrás. En unos segundos, asegura sintió como el gas le llegó a la cara, “el dolor era indescriptible y tuve que ir hasta la casa de una compa, que vive cerca, para sacarme eso como sea. Estaba tan mal que pensé en ir a emergencias”, relata.

El Comité Permanente por los Derechos Humanos de Guayaquil alertó sobre la detención de Sebastián y sobre el actuar de miembros de la Policía Nacional, quienes se negaban a brindar información sobre el paradero de Sebastián. Además, la CDH agregó que el Malecón 2000 es un espacio público y el derecho a protestar está protegido por la Constitución y por instrumentos internacionales. “Todo  intento de restringir este derecho, como la detención o represión, es un incumplimiento de funciones”, indicó la organización. 

Asimismo, recordó que es obligación de la fuerza pública, informar sobre las razones para una detención, así como leer los derechos de la persona detenida e informar a familiares sobre el destino de detención; cosa que no ocurrió en el caso de Sebastián. El activista estuvo 12 horas detenido y nadie conocía su paradero. Según Diana, durante esas 12 horas, la Policía “lo estaba chantajeando, diciéndole que ellos lo soltaban y no le podrían cargos, si él entregaba los nombres de las personas que participaron del plantón; si bajaban los videos de las agresiones y si el resto de personas dejaban de twittear”.

Fernando Bastías, coordinador del área de litigio estratégico del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que a Sebastián le estaban imputando cargos por una contravención, es decir, por faltarle el respeto a la Policía Nacional. Lo alarmante del caso es que la Policía le insistió a Sebastián que firme una conciliación donde él le pidiera disculpas a la institución y borrara los videos de las represiones difundidos en redes sociales. “Esa coacción se realizó sin la presencia de la abogada o abogado de Sebastián”, dice.  

Las y los defensores de derechos humanos lograron que el fiscal reformule la conciliación y ordenó a la Policía Nacional a presentar disculpas al activista. Sebastián quedó en libertad y su caso quedó en manos de asuntos internos de la Policía, debido a la represión y la detención que sufrió.

Bastías asegura que la estrategia desde el Comité Permanente por los derechos humanos es solicitar que cada policía presente un informe explicando en qué condiciones hizo uso de la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Esta petición se basa en los últimos artículos de la ley, indicó. Asimismo, esperan en los próximos días presentar un escrito a la Defensoría del Pueblo para que construya un expediente sobre la aplicación de la ley, en contexto de protesta social, a la luz de los estándares internacionales sobre derechos humanos.  

Diana cuenta que pudo leer el parte policial, donde decía que: “un grupo de feministas, prácticamente histéricas estuvimos en ese lugar insultado a las personas que estaban pasando y que debido a eso los llamaron porque nosotras estábamos hechas las agresivas y que cuando ellos llegaron empezamos a echarles las baquetas encima, cosa que nunca pasó”, asegura.

La activista de derechos humanos dice que está considerando colocar una queja en la Defensoría del Pueblo para que este organismo emita una resolución donde explique qué lugares del Malecón 2000, son o no espacio público. Maldonado demanda “que no hayan estos atropellos, cada vez que salimos a la calle a hacer un plantón, no solo nosotras, sino cualquier ciudadano, colectiva, organización y no sea fastidiado por la policía”. 

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos informó que la Subsecretaría de Diversidades que realizará el seguimiento de los sucesos acontecidos en Guayaquil e informó que están implementando espacios de socialización y sensibilización  sobre diversidad sexo genérica en las instituciones del Estado.