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Resumen, 26 de agosto de 2020

DATOS COVID-19

Las cifras oficiales reportadas en este resumen, y corresponden únicamente a la cantidad de personas que han accedido a una prueba, no incluye los casos sospechosos, tampoco contagios, ni fallecimientos a causa de la COVID-19 no identificados. Las cifras reportadas a nivel nacional suman los contagios confirmados por pruebas PCR y pruebas rápidas.

Nacional:

Hoy se registran:
110.549 personas con casos confirmados
80.264 personas se han recuperado
14.833 personas han recibido el alta hospitalaria.
835 personas hospitalizadas en situación estable y 370 con pronóstico reservado
6.410 personas fallecidas con diagnóstico confirmado de COVID-19 y 3.703 que fallecieron probablemente por el virus.

Póngale atención:

Concluye el estado de excepción

La Corte Constitucional dictaminó la constitucionalidad del decreto ejecutivo N° 1126 del 14 de agosto que extiende el estado de excepción por 30 días, al mismo tiempo señaló que esta es la última vez que puede renovarse el estado de excepción, que desde marzo de este año se realizó en dos ocasiones por lo que el gobierno nacional deberá adoptar las medidas necesarias para enfrentar la crisis sanitaria por herramientas ordinarias, una vez que expire la última renovación. Según la ministra de gobierno, María Paula Romo, a partir del 12 de septiembre, Ecuador pasará «a otro tipo de controles y a otro tipo de actividad en donde la mayor parte de la responsabilidad se ponga en el autocuidado y la autoprotección».

COE cede responsabilidad a las intendencias

Con la finalización del estado de excepción las competencias del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional también se limitan; y a partir del 13 de septiembre estas estarán en manos de las intendencias. El COE nacional ya no podrá prohibir reuniones públicas o privadas, ni regular la circulación vehicular por el número de placa. Al concluir el estado de excepción esa facultad responsabilidad recaerá sobre los municipios.

Mirada de género:

Código Orgánico de la Salud (COS)

Tras la aprobación del COS, el Centro de Apoyo y Protección de Derechos Humanos Surkuna emitió un comunicado en el que explica que la aprobación del nuevo COS es un logro para el movimiento de mujeres y feminista, pues reconoce el derecho de las mujeres a recibir atención y asesoramiento en salud sexual y reproductiva. Además, que garantiza los derechos humanos de las mujeres y adolescentes a poder tomar decisiones informadas sobre su sexualidad. En el comunicado también se celebra que se garantice la obligación de las y los profesionales de la salud a guardar la confidencialidad, se reconozca el derecho de las personas adultas mayores, con discapacidad y privadas de libertad a acceder a atención integral en materia de salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a medicamentos e insumos.

El comunicado también destaca que temas como el embarazo infantil y adolescente, el aborto en condiciones de riesgo, la mortalidad materna, la salud mental y suicido sean reconocidos como un problema de salud pública. Sin embargo, manifestaron su preocupación frente al artículo 14 que cede el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes a sus padres y representantes legales, sin tomar en cuenta las decisiones de niñas, niños y adolescentes vulnerando así su derecho a tomar decisiones; así como la falta de claridad en casos de explotación sexual y sobre la necesidad de garantizar el acceso a servicios en casos de aborto legal.

Solidaridades y acciones de las comunidades y organizaciones sociales

Derecho a acceder a la educación

Ante la falta de garantías para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes accedan a su derecho a la educación, el 24 de agosto el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito emitió un pronunciamiento en el destaca que la emergencia sanitaria ha agudizado las desigualdades y brechas sociales y ha expuesto las dificultades de esta población para acceder a herramientas tecnológicas fundamentales y necesarias para continuar con los estudios virtuales, pues su padres y madres en muchas ocasiones no cuentan con los recursos para garantizar ese acceso. El pronunciamiento también destaca que las y los docentes del sector público no han recibido sus remuneraciones.

Por ello exigió al Estado ecuatoriano cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la educación y su acceso universal a lo largo de la vida, al Ministerio de Educación a regular, controlar, auditar y sancionar a las instituciones educativas que no cumplen con las decisiones tomadas respecto a la rebaja en la matrícula y pensiones, porque estas constituyen acciones discriminatorias y antipedagógicas que perjudican a las y los estudiantes. Asimismo, se solicitó al Ministerio de Economía, priorizar los recursos para garantizar los derechos humanos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo.

 

Resumen elaborado por Wambra Medio Digital Comunitario

 

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