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Resumen 16 de octubre de 2020

DATOS COVID-19

 

Las cifras oficiales de COVID-19 corresponden únicamente a la cantidad de personas que han accedido a una prueba, no incluye los casos sospechosos, tampoco casos sin identificar. Las cifras reportadas a nivel nacional suman los contagios confirmados por pruebas PCR. Existen varios casos de contagios y muertes que no son reportados en las cifras oficiales.

Adicionalmente el Ministerio de Salud pública a partir del 6 de septiembre de 2020 modificó los indicadores en la infografía sobre la situación epidemiológica a nivel nacional. Por lo que ahora solo se contabilizará los casos confirmados de pruebas PCR, ya no habrá reporte de casos confirmados por pruebas rápidas. El reporte de personas fallecidas por COVID-19 agrupa a todas aquellas personas que fallecieron con una prueba RT-PCR positiva, más los fallecidos probables que son las personas con síntomas, otras pruebas de laboratorio o imagen relacionados a COVID-19, sin una prueba RT-PCR.

Estas son las cifras oficiales:

Hoy, 16 de octubre de 2020, se registran 151.659 personas con casos confirmados de COVID-19 (solo pruebas PCR), 128.134 personas se han recuperado 20.249 personas han recibido el alta hospitalaria. Adicionalmente se registran 500 personas hospitalizadas en situación estable y 331 con pronóstico reservado; se contabilizan 8.072 personas fallecidas con diagnóstico confirmado de COVID-19 y 4.285 que fallecieron con sintomatología asociada al virus. En total fallecieron 12.357 personas.

Entre el 15 y el 16 de octubre de 2020 se registran 1.299 nuevos casos de contagios de COVID-19.

 

Póngale atención

Juez rechazó Acción de Protección presentada por ciudadanos que exigían se permita el uso de dióxido de cloro como tratamiento para la COVID-19

Un juez rechazó la acción de protección presentada por diversos grupos de la sociedad civil, en contra del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). Los grupos exigían se permita el uso y consumo del dióxido de cloro en el tratamiento de la COVID-19 en Ecuador.

El juez negó la acción de protección porque en la actualidad no existen estudios científicos que demuestren o garanticen la efectividad de la sustancia en el tratamiento y cura del coronavirus, sino que por el contrario se ha demostrado que el consumo de dióxido de cloro perjudica la salud de las personas.

Según informó el Ministerio de Salud, el uso de esta sustancia ha provocado 28 casos de intoxicación y dos fallecimientos e informó que las y los profesionales que prescriban o recomienden a sus pacientes el uso de dicha sustancia química, que además no cuenta  con el registro sanitario correspondiente, serán sancionados.

 

Solidaridades y acciones de las comunidades y organizaciones sociales

El Consejo de Protección de Derechos de Quito emitió pronunciamiento frente a la crisis socieconómica

Luego de que el martes 13 de octubre de 2020 se viralizara un video que exponía el asesinato de un agente metropolitano de control, a consecuencia de una agresión sufrida mientras realizaba acciones de control en el espacio público, el Consejo de Protección de Derechos de Quito emitió un pronunciamiento en el que expone que “este hecho no es aislado” y responde a la realidad social que atraviesa el país y la capital ecuatoriana.

Según el comunicado el empobrecimiento y la precariedad de miles de familias, provocado por las decisiones tomadas y aplicadas por el gobierno nacional, se evidencia en las calles, en donde el comercio informal en muchos casos constituye la única posibilidad de subsistencia. “Hace una semana veíamos el caso de una mujer tratando de quitarse la vida porque no tenía recursos para poder subsistir, hoy somos testigos de otro hecho de violencia que atenta contra el derecho elemental a la vida y la integridad de los seres humanos”.

El Consejo de Protección lamentó el fallecimiento del agente metropolitano de control y rechazó “este acto de violencia en contra de un servidor público que cumplía con su deber”, pero además instó al Estado a cumplir con su rol de garante de derechos y a buscar mecanismos para que el desempleo no afecte la vida de más personas, pues el empobrecimiento de miles de familias es un claro retroceso en la garantía y protección de derechos.

Adicionalmente el Consejo pidió al Municipio de Quito construir una política pública inclusiva y solidaria que también tome en cuenta a las y los vendedores autónomos no regularizados que recurren a esta actividad para sostener su vida en medio de la crisis; y a la ciudadanía a no naturalizar estos hechos de violencia que atentan contra la vida y la integridad de todas las personas, respetando el trabajo que realizan servidores y servidoras públicas en el ámbito de sus competencias. El Consejo de Protección de Derechos dijo que continuará vigilante de todos aquellos hechos que pongan en riesgo la vida, la integridad y la vivencia plena de derechos en el Distrito Metropolitano de Quito.

Los pueblos de Fierro Urco denunciaron criminalización y violencia de las empresas mineras transnacionales

Los Pueblos de Fierro Urco y el Colectivo de Defensores del Agua y la Vida denunciaron la criminalización y violencia de las empresas mineras transnacionales en el territorio de Gualel y de Fierro Urco.

En el comunicado emitido informaron que las empresas mineras asentadas en Gualel en complicidad con una parte de la junta parroquial y un grupo pequeño grupo a favor de minería se enfrentaron con los defensores del agua de Gualel que se resisten al ingreso de empresas mineras a sus territorios al “dada su ilegalidad e inconstitucionalidad al no contar con licencia social de la población” y no haber realizado una consulta previa e informada.

Según el comunicado, estos actos provocaron un “autoatentado” que terminó en la destrucción de un vehículo de la empresa Guayacan Gold “con el claro propósito de criminalizar a los dirigentes de las organizaciones a favor del agua en Gualel”, en el comunicado se destaca que varias personas integrantes del Comité de Defensa del Agua y los Páramos fueron detenidos en sus hogares de manera arbitraria.

Por ello rechazaron la detención de los representantes del Comité y no de las personas que habrían propiciado los actos violentos y responsabilizaron al gobierno nacional y a la gobernadora de la provincia por las vulneraciones de derechos “y sobre todo por los hechos violentos que se viene dando, y que se han recrudecido desde el mes de marzo, provocados por las empresas mineras dejando un reguero de sangre y personas heridas” y exigieron que los terrenos expropiados para estas actividades mineras sean devueltos a sus legítimos dueños y se reconozca la propiedad familiar, comunal o ancestral des estas tierras.

 

Resumen elaborado por Wambra Medio Digital Comunitario

 

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