Reformas a la Ley de Eduación son constitucionales según dictamen de la Corte
Por: Génesis Anangonó Ch.
Publicado 12 de agosto de 2021
La Corte Constitucional (CC) emitió una sentencia en la que declaró la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) aprobada por la Asamblea Nacional, en marzo del 2021 y dispuso el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas por la Sala de Admisión que impedían su implementación.
El máximo órgano judicial del país también dispuso que, en un plazo de 30 días, la Asamblea Nacional subsane los artículos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que hablan de la implementación de un sistema de jubilación especial y del incremento del salario de las y los docentes. El organismo “reprobó” la actuación de la Asamblea Nacional y del expresidente Lenín Moreno que aprobaron las reformas a la LOEI sin garantizar “el principio de sostenibilidad de la seguridad social”, puesto que algunas de las disposiciones que incluye la reformatoria de la Ley de Educación implican un aumento en el gasto público.
Por ello determinó que, la actual Asamblea Nacional, luego de subsanar “la omisión” del presidente y los legisladores del período pasado, deberá en 6 meses, “discutir y votar en dos debates sobre los textos propuestos por la comisión legislativa en ratificación o sustitución de las disposiciones normativas”, pero este análisis debe realizarse considerando la “factibilidad financiera” del país.
La reforma a la LOEI, impulsada por la Unión Nacional de Educadores (UNE) y organizaciones estudiantiles, aprobada en marzo de 2021 y promulgada por el Ejecutivo en abril de este mismo año, plantea la reinserción de docentes que fueron despedidos en el marco de la pandemia por la COVID-19, la reactivación de programas de atención a la primera infancia, fijar el salario docente en 1.000 dólares. Además, dejaba la jubilación sin límite de edad, siempre y cuando se hayan cumplido mínimo 25 años de trabajo o 300 imposiciones mensuales. Este punto fue el que motivó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a interponer una demanda de inconstitucionalidad argumentando que lo previsto en la ley podría tener consecuencias en la sostenibilidad económica de esta institución.
Tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional, Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), dijo que: “el trabajo de los maestros unionistas, recogidos durante 11 años” por fin fue declarado constitucional, destacó que es una obligación del Estado destinar el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación y que esperan que, con la implementación de la LOEI, así suceda. La representante nacional de la UNE también agregó que tras la sentencia habrán “algunos artículos que deberán ser modulados por la Asamblea Nacional” e instó a la presidenta de la Asamblea Nacional a que estos cambios se realicen en la brevedad posible.
Uno de los maestros que participó en la huelga de hambre, que hoy cumplió 32 días, manifestó “que el llamado del pueblo, de la organización nacional” ha obligado a la Corte Constitucional a emitir un pronunciamiento a favor de la educación. Destacó la participación de las maestras y maestros en la huelga de hambre y agradeció por el compromiso que permitió “que nuestros derechos se ratifiquen”. En una rueda de prensa convocada por la UNE nacional, el coordinador nacional de la UNE, Andrés Quishpe, anunció que las maestras y maestros han decidido levantar la huelga de hambre que mantenían en 11 provincias del país desde hace 32 días, pero que se mantendrán vigilantes a los debates de la Asamblea Nacional.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional, manifestó que “la victoria ha sido evidente” y aseguró que Asamblea Nacional cumplirá con la sentencia de la Corte y lo hará de manera coordinada con las y los maestros a quienes felicitó por sostener “este proceso de lucha y reivindicación que ha tenido la UNE nacional”.
Cuando se cumplan los tiempos para que la Asamblea revise la LOEI, el texto deberá regresar a la Corte Constitucional para resolver la declaratoria de inconstitucionalidad de las disposiciones legales y hasta que eso ocurra “tales disposiciones no estarán vigentes por contener un vicio formal de inconstitucionalidad”.
