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Ecuador conmemora por primera vez el Día de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas

 

 

Por: Génesis Anangonó Ch.

 

Publicado 13 de agosto de 2021

 

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El 13 de agosto se conmemoró por primera vez en el Ecuador, el Día de Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas. La conmemoración de este día es parte de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tras la sentencia en el caso de Paola Guzmán Albarracín.

Paola Guzmán Albarracín tenía 14 años cuando empezó a ser abusada sexualmente por Bolívar Espín, el rector del colegio al que asistía, quien en aquel entonces tenía 65 años. Paola tenía bajas calificaciones en matemáticas e inglés y estaba en riesgo de perder el año escolar, por lo que Espín se ofreció a “ayudarla” a cambio de mantener relaciones sexuales con ella. Cuando Paola cumplió 16 años, quedó embarazada producto de los reiterados abusos sexuales a los que fue sometida. Espín la presionó para abortar y solicitó ayuda al médico del colegio para practicar el aborto, sin embargo, este le habría exigido mantener relaciones sexuales como condición para practicarle el procedimiento. 

El jueves 12 de diciembre del 2002, dos días después de su cumpleaños número 16, Paola ingirió pastillas de fósforo blanco, conocidas en Ecuador como “diablillos” y se dirigió al colegio, donde empezó a sentirse mal. Petita Albarracín, madre de Paola, recibió la llamada de las compañeras de su hija que le pidieron ir al colegio porque Paola había ingerido “diablillos” y se encontraba en la enfermería. 

Cuando Petita llegó al colegio vio a su hija Paola recostada en una camilla del departamento médico con un fuerte dolor de estómago. Las autoridades del colegio no habían solicitado ayuda médica externa, según los testimonios de sus amigas. La inspectora general de la institución le había preguntado por qué consumió ese veneno y posteriormente le sugirió “pedir perdón a Dios por lo que había hecho” y les exigió orar, esto consta en la versión que, la inspectora Luz Arellano, presentó ante la Fiscal de Guayas.

Paola falleció al siguiente día en la Clínica Kennedy a causa de una intoxicación con fósforo blanco que le provocó un edema agudo de pulmón. En ese momento, Petita no comprendía lo que había ocurrido para que su hija tomara esa decisión. Solo después de que Paola murió, conoció la historia de abuso sexual que su hija sufrió por parte de Bolívar Espín.

Petita llevó a cabo tres procesos legales en contra de Bolívar Espín. El primero fue una acusación penal ante la Fiscalía General del Estado por el delito de acoso sexual. El segundo fue un proceso administrativo ante la Dirección Provincial de Educación, en contra de Espín por su responsabilidad en la muerte de Paola y el tercero fue un proceso civil por daños y perjuicios. Ninguno de estos tres procesos culminó a favor de Petita Albarracín, por ello buscó justicia en instancias internacionales. 

El caso de Paola llegó a la Corte IDH en 2006 y fue el primero de abuso sexual en el ámbito educativo que resolvió el máximo tribunal regional. La Corte IDH dictó sentencia contra el Estado ecuatoriano, el 14 de agosto de 2020, en el caso de Paola Guzmán Albarracín. Allí la Corte declaró al Estado ecuatoriano responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección de la honra, a la dignidad y a la educación de Paola Guzmán y llamó la atención al Estado por el “incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos”.

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam- Gye), organización que acompañó el caso en estos años, aseguró en rueda de prensa, hasta el momento el Estado ecuatoriano solo ha cumplido con una parte de la sentencia. Por ejemplo, realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad en el que se le entregó el título póstumo de bachiller a Paola e implementó el Día de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas. Sin embargo, todavía no han implementado las otras medidas de reparación y no repetición que constan en la sentencia. Entre las que están: 

– Información estadística sobre agresiones sexuales en el ámbito educativo.

– Declarar un día en contra de la violencia sexual en las aulas.

– Capacitar al personal educativo para que en caso de detectar casos de abuso sexual o acoso denuncien y se pueda dar seguimiento y tratamiento adecuado.

– Acompañamiento a las víctimas.

– Políticas públicas para evitar que se repitan más casos como el de Paola.

La abogada Lita Martínez, del Cepam Gye, reconoció que ha existido «buena disposición» del Estado para cumplir con las medidas de no repetición y que «una muestra de ello es el establecimiento de una mesa interinstitucional liderada por de la Secretaría de Derechos Humanos. No obstante, sí manifestamos nuestra preocupación frente a la falta de enfoque de género» en la mesa interinstitucional, puesto que ningún organismo ha considerado que se trata de un tema exclusivamente de niñez. Lita Martínez además explicó que hasta el momento ni el Estado ecuatoriano ni sus instituciones no han entregado un listado que proporcione información sobre los casos de violencia sexual en el ámbito educativo y tampoco ha explicado cómo se garantizará la no repetición de los mismos.

Petita Albarracín, madre de Paola, también estuvo presente en la rueda de prensa y manifestó que, por fin, ella y su familia, han podido descansar. Dijo que espera que el Estado ecuatoriano cumpla con las medidas para prevenir que casos como el de su hija, Paola, se repitan. Sobre la sentencia manifestó que esta «ayudará mucho para que no se repita lo que se hizo con mi hija. Espero que esto sirva para bien, para los estudiantes, para que otras madres no sufran lo que yo he sufrido». 

En un informe de Human Rights Watch, se estableció que 4.221 niñas, niños y adolescentes, entre 2014 y mayo de 2020, sufrieron violencia sexual en el contexto educativo en Ecuador. Sin embargo, el Estado no posee cifras “concretas sobre violencia sexual en aulas” según explicó Lita Martínez. Aunque aseguró que entre abril y junio de este año se registraron 2.681 denuncias que, si bien no son en el ámbito educativo, generan alarma. 

Por ello instó al Estado ecuatoriano a convocar a «organismos internacionales y nacionales que tenemos experiencia en el tema y que podemos aportar en la construcción de la política pública» ya que existe una oportunidad histórica, de cumplir la sentencia y comprometerse a erradicar la violencia tanto en el ámbito educativo como en todos los ámbitos que se desarrollan niños niñas y adolescentes.