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Ampliación del proyecto Llurimagua podría dejar sin hogar a más de 100 familias

 

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 06 de marzo de 2023

 

Las comunidades que forman parte del Valle de Intag, llevan 30 años defendiendo el territorio, el agua y la vida de las actividades mineras. Para ello, han recurrido a la justicia e interpuesto una acción de protección para evitar que el proyecto minero Llurimagua desarrolle sus actividades en la zona; sin embargo, su derecho a la consulta ambiental les ha sido vulnerado. 

El Ministerio de Ambiente aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del 2014 para el desarrollo del proyecto minero en Intag, lo que pone en riesgo a más de 100 familias que serían afectadas directamente y por ende, deberán ser reubicadas. Las empresas Enami EP y Codelco están a la espera de la licencia ambiental que permitiría ampliar la zona de exploración. 

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El Valle de Intag, ubicado en la provincia de Imbabura, cantón Cotacachi, es una zona bastante biodiversa que limita con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Contiene especies animales en peligro de extinción, pero se encuentra amenazada por la minería. Desde hace 30 años, defensores del ambiente se declararon en resistencia antiminera. 

El proyecto minero Llurimagua fue concesionado a la empresa estatal Enami EP y la compañía chilena Codelco, aunque anteriormente otras empresas ingresaron a la zona. En 2014, el Ministerio de Ambiente entregó a estas empresas estatales, la licencia ambiental para la fase de exploración avanzada de minerales metálicos. Esta fase consiste en la perforación de pozos, mediante el uso de taladros. En esa etapa, se realizaron cerca de 90 perforaciones en la zona. 

Pero las comunidades de Intag no fueron consultadas. Gustavo Redín, abogado de los demandantes del caso Intag, asegura que no hubo el proceso de consulta ambiental en la zona, como lo demanda el artículo 398 de la Constitución: “toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado”. A esto se suma, que el estudio de impacto ambiental “está muy mal hecho” y no considera que las actividades mineras ponen en peligro a especies como las ranas Atelopus Longirostris y otras especies que están en peligro de extinción. 

En 2018, se pararon las actividades y las empresas Enami EP y Codelco estaban a la espera de la licencia ambiental para la ampliación de la zona de exploración y con ello, hacer 95 perforaciones más. En consecuencia, las empresas mineras presentaron un estudio complementario al Estudio de Impacto Ambiental ante la Dirección de revisión de solicitudes de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente. El primer estudio fue presentado en 2014. Mientras que el estudio complementario de 2018, tampoco contempló algunas especies de ranas que habitan la zona, puesto que ya se creían extintas. 

Con dichos estudios, la empresa espera la entrega de la licencia ambiental que permita la ampliación de sus actividades. Las comunidades de Intag en cambio, se encuentran vigilantes para conocer si el Ministerio entregará la licencia de ampliación. “En caso de que el Ministerio de Ambiente apruebe la licencia de ampliación, sería una vulneración nuevamente de las comunidades. Inclusive será una burla, porque nos encontramos en la mitad de un litigio complejo”, dice Redin. 

En 2021, personas defensoras de la naturaleza y varias organizaciones defensoras del Valle de Intag colocaron una acción de protección por la vulneración de los derechos de la naturaleza y la falta de consulta. Sin embargo, el juez a cargo negó la medida porque determinó que no hay vulneración al derecho de la naturaleza. Tras el fallo del juez, las organizaciones decidieron apelar a esa resolución. 

La audiencia de apelación debía darse el 20 de julio de 2022; pero, para esta fecha el juez fue cambiado y se anuló todo el proceso bajo “el principio de inmediatez. A mi juicio, extendiendo la norma y lo que eso representa para la gente: más trabajo, recursos. Es un problema grave que se mueva constantemente los procesos”, dice Redin.

Dada la nulidad del proceso, fijaron un nueva fecha de audiencia para enero de 2023; sin embargo, esa audiencia no se dio porque fue cancelada, para los días 16 y 17 de marzo se realizara una inspección judicial y posteriormente se desarrollará la audiencia. Para el abogado Gustavo Redin, la dilatación del proceso ha sido injustificada y espera que la inspección judicial de los próximos días, sirva para que los jueces conozcan la vulneración al derecho de consulta ambiental y a los derechos de la naturaleza.

El abogado de los demandantes del caso Intag ha presentado varios escritos al Ministerio de Ambiente solicitando la suspensión del proceso de entrega de licencia ambiental para la ampliación de la zona de exploración hasta que la audiencia se resuelva, pero, no han recibido respuesta. Según Redin, revisando el reglamento a la Ley de minería y al proceso de otorgamiento de licencias ambientales del 2018, se muestra que los plazos no se cumplen y que el Ministerio de Ambiente de manera ilegal le dio a las empresas mineras 180 días más de lo que establece la ley, para que Enami y Codelco presenten las observaciones y resoluciones en relación al estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, el ministerio debió archivar el proceso, pero no lo ha hecho.  

A pesar de que las actividades mineras del proyecto Llurimagua están suspendidas, Gustavo Redin, denuncia la contratación de personal por parte de las empresas a cargo de esta concesión, aunque desconoce con qué objetivo, pues hasta el momento no pueden operar. 

 

Familias que podrían perder sus viviendas

Gustavo Redin, abogado de los demandantes del caso Intag, explica que hay más de 100 familias de las comunidades de Junín y Chalguayacu Alto que están dentro de la zona de afectación directa del proyecto Llurimagua y en caso de desarrollarse las actividades mineras, esas familias tendrían que ser trasladadas. Además, según el abogado, este desalojo no está contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental, a pesar de que sus fincas constan en las zonas de afectación directa. Tampoco han sido consultadas y eso ahonda todavía más en las vulneraciones de derechos de las comunidades. 

El Estudio de Impacto Ambiental también contempla las zonas de impacto indirecto como Cerro Pelado, Barcelona y García Moreno; sin embargo, el abogado Redin destaca que estas comunidades se encuentran a una cuadra de donde se desarrollará el proyecto minero, por ende, el impacto también será directo y tendrán que ser desplazadas.   

         

¿Es posible la minería en Intag?

Pablo Duque, ingeniero geólogo, explica que la minería no cuida el medio ambiente, “de hecho, la actividad más dañina que realiza el hombre, es la minería, la que más contamina y destruye la vida y el ambiente. No hay otra actividad que se compare”. A esto, agrega que el Ecuador no es un país minero debido a su geología, por lo cual, pensarse el país como minero, es una idea forzada e irreal porque es un recurso al que no se debe llegar. 

Para el geólogo, en el Valle de Intag, la minería subterránea no es posible porque uno de los prerrequisitos es que se necesita “un cuerpo a profundidad y casi vertical, lo cual es todo lo contrario de lo que sucede en Llurimagua. Es muy diseminado, ocupa una gran extensión, es irreal”. Además, es importante analizar la humedad, Intag cuenta con un clima húmedo, con precipitaciones extremas que hacen “prácticamente imposible pensar en este tipo de minería. Para este tipo de minería se necesitan terrenos secos, preferencialmente en desiertos; es decir, donde el agua subterránea esté a mucha profundidad para que no socave las paredes laterales como suelo y superficie”, agrega Duque. 

Otro de los peligros por los que atraviesa el Valle de Intag con las actividades mineras es la construcción de relaveras; depósitos donde acumulan los desechos tóxicos. Según Pablo Duque, geólogo, para construir una relavera se necesitan cuencas muy amplias y de poca profundidad, algo con lo que Intag no cuenta por sus valles encañonados, por lo tanto, construir relaveras es altamente peligroso.   

 

Ecuador ¿próximo destino minero?

Mientras las comunidades de Intag están vigilantes del proyecto minero Llurimaguas, el Ministerio de Energía y Minas participa en la convención minera Prospectors and Developers Association of Canadá o PDAC 2023, donde asisten empresas mineras de todo el mundo. En su exposición, el Ministro Fernando Santos señaló que Ecuador busca aumentar su producción minera para el 2030, alcanzando “USD 52 mil millones por exportaciones”. También señaló que el gobierno de Lasso está comprometido con luchar contra la minería ilegal, pero en desarrollar la industria minera responsable en el país. 

De su parte, la CONAIE y el Frente Antiminero rechazó la presencia del gobierno en este encuentro y recordó que una de las demandas de las mesas de diálogo con el gobierno, fue que el país entre en una moratoria minera y que se auditen los proyectos en marcha, por lo que aseguró que el gobierno no cumple con este acuerdo.