Elecciones Ecuador 2023
Pregunta #5 de la Consulta Popular: Designación de autoridades de control
¿Asamblea o CPCCS?
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 24 de enero de 2023
Karina Ponce Silva, presidenta de Mega Mujer, destaca que, entre las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social están la designación de autoridades, la lucha y combate contra la corrupción, la promoción y participación ciudadana y promoción del control social.
Ahora, con la propuesta de Consulta Popular del Ejecutivo se pretende que una de estas funciones: la designación de autoridades de organismos de control pase a manos de la Asamblea; cambiando además, el actual mecanismo de designación de autoridades que son en concreto, los concursos y procesos de designaciones por ternas y autopostulación que se da en el Consejo de Participación Ciudadana.
Es decir, en caso de ganar el Sí, el CPCCS ya nunca más designaría autoridades de control y en su reemplazo, sería la Asamblea Nacional por medio de una votación de mayoría absoluta, la encargada de designar a las más de 60 autoridades de los organismos de control como los son la Contraloría General del Estado, Procuraduría General o el Consejo Nacional Electoral.
Mauro Andino Espinoza, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, dice que al revisar los anexos, la disposición general única señala que al aprobarse la enmienda de manera automática todos los concursos públicos de oposición y méritos que está llevando a cabo el actual CPCCS quedarán sin efecto. Mientras que las disposiciones transitorias indican que en un plazo de 180 días a partir de la aprobación de la enmienda, el presidente Guillermo Lasso tendrá que enviar uno o varios proyectos de ley que permitan viabilizar la aplicación de esta enmienda constitucional.
Posteriormente, la Asamblea Nacional tendrá un plazo de un año para aprobar estos proyectos de ley y si no lo logran en ese tiempo, tendrán tres meses de prórroga. Esas disposiciones transitorias también establecen que hasta que no se aprueben los proyectos de ley, no se podrá llevar a cabo ningún concurso de mérito y oposición para designar a las autoridades de los organismos de control. De manera que las actuales autoridades que ya debían ser removidas de sus cargos se prorrogarán en sus funciones.
Por su parte, la presidenta de Mega Mujer, Karina Ponce, asegura que las autoridades de control tienen como deuda pendiente, llegar con legitimidad e independencia a sus cargos. Sin embargo, esta situación no cambiaría aún si es la Asamblea Nacional quien designe a las nuevas autoridades de control, pues en el fondo se cuestiona el mecanismo de selección.
Para que la Asamblea designe una autoridad, deben conformarse ternas de candidatos; es decir, una lista con el nombre de tres personas, mismas que deben cumplir, primero, con los requisitos constitucionales que se establecen para el cargo y segundo, ser conocida o conocido por el presidente de la república y tener su confianza para ser nominado. Entonces cuando la autoridad sea electa, no va a tener independencia completa porque “va a deberle la gracia a quien los colocó dentro de la terna”, agrega Ponce.
De ganar el Sí en la pregunta 5, también se eliminaría por completo la autopostulación. Actualmente un ciudadano o ciudadana ecuatoriana formada académicamente, con ganas de servirle al país y cumpliendo con los requisitos que establece la Constitución y la ley, puede postularse para los cargos de contralor, defensor del pueblo, entre otras dignidades, y luego su designación se da por un concurso público.
Esto quedaría eliminado por completo y esa sería “una de las grandes pérdidas que tiene consulta. Porque la idea de generar la expectativa, ilusión sueño de que un ecuatoriano o ecuatoriana que se ha formado lejos de la participación política, partidista, de la pugna de poderes, cercana a la élite que ha estado manejando, administrado el poder público, pueda tener la oportunidad de presentarse ante iguales como otros e inclusive terminar dirigiendo un organismo era algo que provocaba el sueño de quienes se estaban formando en la universidad”, asegura la representante de Mega Mujer.
El docente Mauro Andino también explica que la propuesta del Ejecutivo para calificar a las nuevas autoridades de control, es que se conforme una Comisión Técnica de Selección conformada por 9 miembros; cinco representantes de la funciones del Estado, dos representantes de la ciudadanía, elegidos por sorteo y dos de universidades, cuyos delegados serían definidos por el Consejo de Educación Superior CES, entre las universidades de mejor renombre o más alto prestigio. Para el docente esto es arbitrario, pues debería ser la Asamblea Universitaria y Politécnicas del país la que definan de manera democrática a las dos personas delegadas. Además, según la propuesta del presidente Lasso, es esta Comisión la que ponga las reglas del juego.
Por otro lado, si gana esta pregunta, el Consejo de Participación Ciudadana se encargará de la promoción, de la transparencia, el control social, el combate y lucha contra la corrupción, en un país donde según Ponce, la institucionalidad pública tiene niveles de credibilidad por debajo del 15%. La falta de transparencia genera en gran parte esta desconfianza, por lo que el consejo tiene mucho por hacer, asegura Ponce.
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