DERECHOS

Gustavo Garzón, los Restrepo, Las Dolores

tres casos de desaparición forzada que aún buscan justicia en Ecuador

Por: Gabriela Peralta   @gaperalta07

Publicado 01 de septiembre 2023

16 ecuatorianos y una persona de nacionalidad peruana fueron víctimas de desaparición forzada en Ecuador, entre 1984 y 2008, según el informe de la Comisión de la Verdad, publicado en 2010. Recordamos tres casos emblemáticos de desaparición forzada  en Ecuador, en el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

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León Febres Cordero inició su gobierno el 10 de agosto de 1984. Febres Cordero impuso un gobierno autoritario y de permanente confrontación con todos los sectores que discrepaban con su proyecto político. Además, llevó a cabo una represión sistemática basada en la Doctrina y Ley de Seguridad Nacional que fue expedida por el triunvirato militar (1976-1979), una política que encontró sus raíces en institutos militares de Estados Unidos y de Brasil. Esta doctrina consideraba que al interior de la sociedad ecuatoriana existía un «enemigo interno» al que se debía neutralizar y/o eliminar a cualquier costo. Los intentos de reivindicación social eran etiquetados como comunistas o subversivos, lo que llevó a la persecución de sindicalistas, militantes políticos, religiosos e intelectuales que sostenían ideas de izquierda. Así lo explica el Informe de la Comisión de la Verdad, 2010.

Las huelgas, reuniones, paros y manifestaciones fueron considerados amenazas al orden estatal y fueron reprimidos por la Policía y las Fuerzas Armadas. La Ley de Seguridad Nacional militarizó la sociedad ecuatoriana y justificó la persecución, identificación, fichaje y vigilancia  de personas con inclinaciones de izquierda en nombre de la seguridad nacional. 

De los 17 casos de desaparición forzada identificados por la Comisión, nueve ocurrieron durante el gobierno de Febres Cordero. Durante su mandato también se registraron 310 víctimas de violaciones de derechos humanos. Los siguientes gobiernos de Rodrigo Borja (1988 – 1992), Durán Ballén (1992 – 1996), Bucaram (1996 – 1997), Mahuad (1998 – 2000) y Gutiérrez (2002 – 2005) dieron continuidad a la política de corte neoliberal, pero también de persecución, de León Febres Cordero.

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Santiago y Andrés Restrepo (1988 – gobierno de León Febres Cordero)

Una máquina respira por Pedro Restrepo. Él se encuentra en terapia intensiva desde hace un año. Hospitalizado, sin poder respirar por sí solo y con un traqueostoma puesto –orificio en la tráquea que le permite respirar–, pero consciente, responde que la lucha en búsqueda de sus hijos: Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi, detenidos por la Policía Nacional de Ecuador, el 8 de enero de 1988, y posteriormente desaparecidos mientras se encontraban bajo la custodia de esta institución, ha significado su razón de vivir. María Fernanda, su tercera hija, concuerda con eso. “Es la razón por la cual seguimos de pie y vivos de algún modo; sin haber fallecido de dolor, de angustia, de locura o de puro dolor”, dice.

Para María Fernanda, la lucha y búsqueda incansable por sus hermanos son un motivo de fuerza y de convencimiento de que hicieron las cosas bien por Santiago y Andrés, de que no los olvidaron, de que no callaron. “Esa es la manera más real de demostrarles cuánto los amamos. Si los amábamos tantísimo cuando estaban vivos, ahora que están y siguen desaparecidos los amamos mucho más”.

María Fernanda relata que la lucha de sus padres, Pedro Restrepo y Luz Elena Arismendi, junto a Elsie Monge y Laura Glyn de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, sentó un precedente para buscar respuestas por los desaparecidos de manera forzada, los desaparecidos por el Estado, por la fuerza pública: policías o militares. “En este país nunca se había reclamado antes por un desaparecido, no de manera abierta, pública y constante, de miércoles a miércoles como lo hicieron mis padres, emulando a las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Esa lucha la empezaron ellos junto con mi tía Martha Arismendi y sin duda marcó un antes y un después, marcó un precedente en este país en cuanto a la lucha activa por aclarar la verdad y hacer justicia por mis hermanos, otros jóvenes, mujeres y hombres desaparecidos forzadamente en este país”.  

María Fernanda y Pedro Restrepo, luego de 35 años de la desaparición de Santiago y Andrés continúan reclamando al Estado ecuatoriano sus cuerpos o cualquier resto, “para cerrar esta historia de dolor y no solo el cuerpo de ellos, sino de todos los desaparecidos”. También reclaman por la falta de fiscales, el cambio de los mismos año a año o cada seis meses. “Retoman un caso, lo dejan, empiezan de cero. Eso es jugar con el cansancio y el dolor de las familias. Eso es un juego cruel y un Estado fallido”.

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Gustavo Garzón Guzmán (1990 – gobierno de Rodrigo Borja Cevallos)

El día de los desaparecidos debe ser todos los días, no solo el 30 de agosto, dice Byron Garzón, hermano de César Gustavo Garzón Guzmán, escritor desaparecido en 1990, en Quito, Ecuador. Byron relata que ya son 33 años de la desaparición de Gustavo, pero que su hermano sigue vivo.

Gustavo tenía 32 años cuando desapareció; era militante y desarrolló su actividad literaria y política en La Mosca Zumba, colectivo de creación literaria y de crítica social, que luego abandonó para unirse, en 1985, al Movimiento Montoneras Patria Libre (MPL). Por su activismo político, el 7 de agosto de 1989, Gustavo fue detenido por miembros del entonces Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P), creado en el gobierno de León Febres Cordero, pero aún vigente en el gobierno de Rodrigo Borja.

Sus familiares, en el informe No. 70/10, del 2 de julio de 2010, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), relataron que Gustavo fue incomunicado y torturado en los primeros días de su detención con el fin de que confesara pertenecer a un grupo armado ilegal. Luego, fue trasladado al Centro de Detención Provisional de Pichincha (CDP), que en aquellos años se encontraba junto al expenal García Moreno. Allí permaneció preso por más de 13 meses, tiempo que continuó escribiendo sus obras literarias.

El 7 de septiembre de 1990 fue liberado después de que el juez de la causa declaró sobreseimiento definitivo (suspensión) del procedimiento judicial. Sin embargo, ya estando en libertad, permaneció en constante vigilancia por las fuerzas de seguridad del Estado. La mañana del 9 de noviembre de 1990, Gustavo fue a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) a realizar su tesis para su grado de Doctor en Literatura. Al medio día, cobró un cheque por la publicación de su libro Las coplas populares del Azuay y por la noche, a las 21 horas, realizó una última llamada a su madre Clorinda Guzmán para comunicarle que tardaría un poco en llegar a casa. Luego se reunió con sus amigos en la discoteca “Son Candela”, ubicada en la Avenida Amazonas y Reina Victoria (Quito) y, aproximadamente, a las 12:00 am del 10 de noviembre, cuando salía de la discoteca, desapareció.

Byron, su hermano, cuenta que la lucha y búsqueda incansable de su familia por Gustavo no solo fue con el objetivo de encontrarlo y saber qué sucedió, sino también saber qué sucedía en el entorno. A decir de Byron, el vivir una desaparición cambia la perspectiva de vida y eso le alegra. “Gustavo dejó legado de pensamiento. Él ya preveía en alguno de los cuentos su situación”, dice Byron, quien, además, cree que cada desaparición tiene un triunfo: el despertar de los demás.

Byron recuerda a su hermano por su sonrisa, alegría, fuerza y tenacidad; “por esa lucha y despertar que tuvo como ser humano, escritor y pensador”. Aunque tenían una diferencia de edad de 10 años y 8 días compartieron mucho tiempo juntos. Byron también relata que cuando vives la desaparición de uno de los tuyos es muy difícil dejar la pelea. Una vez alguien le preguntó a Byron si durante esos 33 años de lucha él o su familia se cansó. “Hasta la fecha no. Ninguno de la familia se ha cansado”, le contestó.

El 10 de noviembre de 2022, al cumplirse 32 años de la desaparición de Gustavo y en cumplimiento de las medidas de reparación integral de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el Gobierno de Guillermo Lasso desarrolló el acto público de “Reconocimiento de Responsabilidad Internacional, en el marco del caso Garzón Guzmán y otros VS. Ecuador”. Ese día, el gobierno emitió disculpas públicas a la familia de Gustavo. También les ofreció una indemnización, pero ellos decidieron no aceptarla. “Eso no alivió de ninguna manera el dolor que se puede sentir por un desaparecido, esta lucha no se acaba. La lucha no es por el dinero, no puedes canjear por dinero nada. Yo sé que otras familias han aceptado, pero lo han hecho por necesidad”, asegura Byron. Él y su familia siguen esperando una respuesta, un rastro de Gustavo, quien hoy tendría 65 años.

Byron exige que cada gobierno de turno escuche a los familiares de desaparecidos y a las voces que pueden tener la llave o pistas del paradero de las personas desaparecidas.

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Caso González y Otros (2003 – gobierno de Lucio Gutiérrez)

 Una ilustración inspirada en la foto del “Caso González y Otros”, conocido anteriormente como Caso Fybeca y Caso Dolores (en referencia a la denuncia puesta por las esposas y madre de las víctimas: Dolores Vélez, Dolores Briones, Iris Vergara y Olga Reyes), ocupa la portada del Informe de la Comisión de la Verdad Ecuador, emitido en 2010. La foto fue tomada por Martín Herrera durante su cobertura periodística para Diario El Universo y se publicó el 20 de noviembre de 2003.

El “Caso González y Otros” ocurrió la mañana del 19 de noviembre de 2003 dentro de una de las farmacias de Fybeca, una cadena farmacéutica con más de 85 años de existencia, ubicada en la Ciudadela La Alborada, al norte de Guayaquil. Ese día, a las siete de la mañana, aproximadamente, se realizó un operativo policial que dejó a ocho personas asesinadas con disparos a corta distancia por la espalda. Además, cuatro personas detenidas desaparecieron.

Fuente: Comisión de la Verdad, Ecuador 2010.

En el informe de la Comisión de la Verdad se explica, entre otras cosas, que “los impactos de bala en la espalda, la muerte de un mensajero de la misma empresa y de otra persona que fue a comprar en el lugar, junto con la desaparición de otras tres personas, son fuertes presunciones acerca de la violencia policial con la que se consumó el hecho”. Mientras que la versión policial expuso que un grupo de policías se percató e irrumpió un presunto asalto en la farmacia, viéndose obligado a abrir fuego en contra de los presuntos asaltantes.

Billy Navarrete, Director Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, considera que el “Caso González y otros” es un caso emblemático en materia de derechos humanos en el país. Billy relata que la unidad de la Policía que actuó estuvo al mando del Mayor Eduardo González, actualmente prófugo en los Estados Unidos. Además, asegura que nunca se encontraron las armas que inicialmente se decía que portaban las víctimas.

Billy recuerda que la propia Policía, en su investigación inicial, indicó que hubo un mal procedimiento y que los policías no habían seguido los protocolos para intervenir. Según Billy, el Caso Fybeca generó varias acciones judiciales, tanto en el orden jurídico interno de la Policía como en la justicia ordinaria, pero ambos fueron exonerando, en el lapso de uno y dos años, a todos los policías implicados. “Además se señaló que los desaparecidos no eran desaparecidos, sino que estaban prófugos y que las familias eran cómplices de la banda de asaltantes”, dice Billy. Tras eso, el caso fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en 2007 fue analizado. En 2013, luego de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, la Fiscalía reabrió el caso y ordenó el juzgamiento de 31 personas, entre ellos operadores de justicia por dos causas: las muertes y desapariciones de las víctimas. 

El 11 de noviembre de 2016 se ratificó la sentencia en el juicio por las ejecuciones extrajudiciales seguido en la Corte Nacional de Justicia y se condenó a cinco policías y a un ex agente a 16 años de prisión, según explica el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en su portal web, pero esta fue postergada hasta 2022. Actualmente, se encuentran detenidos algunos responsables de las muertes; sin embargo, en relación a las desapariciones, Billy cuenta que, hasta la fecha, no se ha convocado a la audiencia de formulación de cargos que la misma unidad de Fiscalía ofreció retomar.

En 2017, la CIDH, emitió un informe en el que se señala la responsabilidad directa del Estado ecuatoriano en el Caso Fybeca. El próximo 19 de noviembre se cumplirán 20 años de aquel hecho; sin embargo, las desapariciones siguen impunes y los familiares de las víctimas aún no tienen respuestas.