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Pacto, una parroquia amenazada por la minería metálica y concesiones mineras
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 20 de diciembre de 2022
Pacto es una parroquia ubicada al noroccidente de Pichincha que forma parte de la reserva de la biosfera del Chocó Andino, sin embargo, es una zona amenazada por la minería. El 19 de diciembre, habitantes de esta parroquia realizaron un plantón de resistencia en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para exigir que se dicte sentencia de una demanda interpuesta contra el Estado ecuatoriano y frenar así la minería.
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Yuly Tenorio, abogada del gobierno parroquial de Pacto, cuenta que la comunidad ha sido impactada por la minería metálica desde hace 20 años y desde entonces, sus pobladores han emprendido un proceso de defensa de sus territorios y del agua, debido a la falta de una consulta ambiental por parte del Estado ecuatoriano a las comunidades. Esta resistencia inició además, por la forma en que las empresas mineras ingresan a las comunidades para socializar sus proyectos o inician sin consentimiento previo, procesos de exploración, perforación minera.
Un documento en calidad de amicus curiae, compartido por la abogada Tenorio, muestra que en 2002, el Ministerio de Energía y Minas otorgó el título de concesiones mineras a favor del señor W. Calozuma, representante de las empresas Melina y La Conquista. Para el 2008, el señor W. Calozuma y R. Erazo constituyeron la compañía ecuatoriana Melinachangó Santa Bárbara Cía. Ltda.
En 2011, el Ministerio del Ambiente dispuso la suspensión inmediata de la actividades extractivas de las concesiones Melina y La Conquista, por “incumplimiento de la normativa y por no tener la licencia ambiental” y el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables autorizó la cesión y transferencia de los derechos mineros de las concesiones Melina y La
Conquista, a favor del señor Robert Erazo, representante legal de la empresa Melinachangó Santa Bárbara.
Mientras que en 2019, la Empresa Nacional Minera, ENAMI, solicitó a la Agencia de Regulación y Control Minero un amparo administrativo por presunta actividad de minería ilegal dentro de la concesión Ingapi, por parte de la empresa Melinachangó Santa Bárbara. Según un artículo La megaminería llega a Quito de Alberto Acosta y William Sacher, el ministerio de Recursos Naturales No Renovables otorgó a ENAMI en 2012, “dos concesiones de Urcutambo con 2.251 hectáreas e Ingapi con 2.394 hectáreas”. Para los investigadores, la explotación de estas concesiones mineras iban a impactar negativamente en las parroquias de Pacto y Gualea.
Dentro del documento en calidad de amicus curiae hay información de que en 2020, la empresa Melinachangó Santa Bárbara no contaba con la licencia ambiental para la fase de exploración y explotación simultánea de minerales metálicos bajo el régimen de pequeña minería; sin embargo, empezaron a realizar actividades de minería ilegal, según las denuncias en redes sociales.
A pesar de que la Agencia de Regulación y Control Minero realizó operativos y colocó prohibiciones de las actividades mineras, la empresa minera no paró.
Por tales motivos, en 2021, según la abogada Tenorio, interpusieron una acción de protección por vulneración de derechos constitucionales y de la naturaleza y hace siete meses fue presentado un recurso de apelación para prevenir y evitar la violación de derechos constitucionales por las actividades mineras en la concesión Melina. Este recurso también pide que se repare integralmente a las comunidades de Pacto. Sin embargo, no han tenido un pronunciamiento por parte de los jueces y la jueza a pesar de que se desarrolló una audiencia del juicio en segunda instancia donde comparecieron las partes procesales y se reconoció la ilegalidad de las operaciones minera de la compañía a Melinachangó Santa Bárbara, según un comunicado de prensa de las organizaciones ambientales y de derechos humanos.
En consecuencia, comuneros y comuneras de Pacto realizaron un plantón el 19 de diciembre de 2022, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para solicitar a los jueces que tomen medidas sobre la minería ilegal que se desarrolla en la parroquia.
Inti Arcos, coordinador técnico de la Mancomunidad del Chocó Andino, cuenta que hay material aurífero, es decir, oro en bruto que está siendo custodiado por la comunidad. En la zona de Pacto hay 12 concesiones mineras, “todas ilegales, sin consulta previa, sin socialización sobre áreas protegidas” y de manera “ilícita, armados, amedrentando a las personas, armados, por las fincas, la empresa Melinachangó están amenazando a la gente”.
Según Arcos, otro de los problemas que tiene Pacto es con la empresa Natural Resources, de la cual aseguran, destruye su patrimonio arqueológico, promueve un estado de violencia, contamina la carretera del río San Francisco y no suficiente con eso, demanda a los y las comuneras de la zona. “Somos más de 30 personas demandadas”, quienes están imputadas por: sabotaje, daño al bien ajeno e intimidación, señala el abogado.
Desde la parroquia de Pacto exigen que los jueces realicen una inspección en la concesión Melinachangó para que corroboren que hay basura, destrucción, explosivos y costales de minerales que ha sacado la minera. También piden que las concesiones mineras salgan del área de conservación y uso sostenible del Chocó Andino y que el Consejo Nacional Electoral, CNE, dé paso a la consulta popular para salvar la Mancomunidad del Chocó.
