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Niños, niñas y adolescentes heridos por desalojo forzoso efectuado por militares y policías en Guayaquil
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 01 de junio del 2022
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció el 31 de mayo de 2022, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron un desalojo forzoso en la Cooperativa Nueva Esperanza en Guayaquil. El desalojo se desarrolló a la par de la audiencia de Acción de Protección interpuesta por las familias de la Cooperativa. Producto del desalojo resultaron heridos más de 15 niñas, niños y adolescentes en condición de movilidad humana y refugio.
Las familias de la Cooperativa rechazaron el accionar de la fuerza pública y anunciaron acciones legales para identificar a los policías y militares responsables de los desalojos forzosos y violentos.
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La Cooperativa Nueva Esperanza es una de las 39 cooperativas que se asientan en Monte Sinaí, populoso sector ubicado al noroeste de Guayaquil. Esta cooperativa, según Fernando Bastias, defensor de Derechos Humanos e integrante del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, tiene más de tres años de conformación “como asentamiento irregular, la pandemia y la crisis agravó bastante la economía de las familias. Esos asentamientos son resultado de la falta de acceso a trabajo digno y la falta de una política de vivienda social”.
Es así que desde el Comité Permanente por la defensa de Derechos Humanos ”hicimos un levantamiento de información, porque en la comunidad se encuentran en su mayoría personas en condición de movilidad humana y algunas con características de refugiados, es decir, son personas que están protegidas por el Derecho Internacional, por su condición grave de vulnerabilidad”, agregó Bastias.
En la comunidad Nueva Esperanza existen 51 familias migrantes, que representan 164 personas que están distribuidos de la siguiente manera: “80% son venezolanos, 18% colombianos y un 2 % son cubanos. Además, el 50 % de todas estas personas son niños, niñas y adolescentes entre un mes y 17 años de edad”.
Del total de estas familias, el 41% ya sufrieron desalojos de manera forzosa el 25 de agosto de 2021, lo que dió pie a que presentaran una acción de protección cuya audiencia se realizó la mañana del 31 de mayo de 2022. “Lo curioso de todo esto, es que la Secretaría Técnica de Prevenciones no acudió, pero sí ordenó un desalojo forzoso en la comunidad Nueva Esperanza”, aseguró Fernando Bastias.
Y dijo que es importante analizar el proceder de las instituciones porque “mientras la mayoría de los adultos se encontraban presentes en la audiencia de acción de protección, los militares y policías estaban ejecutando el desalojo”.
Derecho a vivienda digna
Yang Chang, parte de la Coordinadora Anti Desalojos y por el Derecho a la Vivienda Digna, añadió sobre el desalojo forzoso de la Cooperativa Nueva Esperanza que la comunidad tiene puesta una denuncia desde hace dos años en contra de la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares “por agresiones, violencia física y psicológica a la gente de la comunidad por los intentos de desalojos sin justificación previa”.
Además, señaló que ingresaron una carta a la Asamblea Nacional para contar que la comunidad lleva “dos años en este proceso legal y al estar en proceso de legalidad es irregular que se acerque la Secretaría Técnica a desalojar, sin embargo, lo ha hecho. Por eso, nosotros como Coordinadora conjunto con la CDH, organizaciones de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, colectivas feministas hemos dado frente y cara a esta situación con denuncias en medios, enfrentándonos con las autoridades, pidiendo requerimientos y notificaciones”.
Tras todas estas acciones, la Cooperativa Nueva Esperanza logró una audiencia sobre su caso, pero cuando las familias regresaron a sus casas, aseguró Chang, se encontraron con “la fuerza pública, policías, militares, antimotines y miembros de la Secretaría Técnica, personas con chalecos, carros de policías y militares sin placa intentando desalojar justo en esta zona que está en proceso legal. Porque sabían muy bien que estaban en audiencia”.
La Coordinadora Anti Desalojos y por el Derecho a la Vivienda Digna se conformó entre varias comunidades de la ciudad de Guayaquil para “crear otras alternativas de vivienda y eliminar por completo el desalojo que es usado como herramienta dentro de las instituciones y para el Estado”, contró Chang.
Algunas de las comunidades y cooperativas, “están en proceso legal por el tema de la pertenencia de tierras. Otras ya han pasado ese proceso, pero están dentro de la Coordinadora en apoyo a las comunidades desalojadas”.
Niños, niñas y adolescentes en resistencia
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos a través de twitter demandó los desalojos forzosos y la agresión a 15 niños, niñas y adolescentes en Nueva Esperanza. La plataforma señaló, “es indolente e indignante que el Estado haga uso abusivo de la fuerza y además contra niñas y niños que se encontraban en sus hogares mientras la comunidad buscaban la protección de sus derechos”.
“Los niños pusieron el cuerpo para poder defender el tema de las viviendas y rechazar los desalojos forzosos. Y la respuesta de la fuerza pública fue golpearlos con toletes inclusive, ahorcarlos, empujarlos y a uno casi lo atropellan”, contó el defensor de Derecho Humanos, Fernando Bastias.
A esto, Chang agregó que durante los desalojos efectivamente los policías y militares golpearon a los niños y niñas “se metieron a las casas, los sacaron de ahí. Tumbaron cinco casas. La gente pedía alguna notificación, comunicado, no daban ninguna razón, se burlaban de la comunidad, se robaron los cables como lo saben hacer cada que van a desalojar”.
Pero lo más preocupante de todo es la agresión a los niños “en ese momento, como Coordinadora, llevamos a seis niños y niñas al hospital más cercano por emergencia de Monte Sinaí y otros fueron atendidos en un Centro de Salud de la zona, porque tenían menos lesiones”, agregó Chang.
No se respetó el derecho a los niños, niñas y adolescentes a la resistencia y la oposición al desalojo por parte de la fuerza pública “lo cual fue totalmente antidemocrático y por supuesto, que lo estamos catalogando como ilegal”, añadió Bastias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su texto: Protesta y Derechos Humanos de 2019, estableció que: “La resistencia a un desalojo puede, en algunos casos, constituir una forma de protesta cuando el operativo represente una violación del derecho a la vivienda”.
María Eugenia Delgado, lideresa de la Comunidad Nueva Esperanza, dijo que después de las acciones violentas de la policía y militares “ellos ya no los ven como personas que pueden ayudarlos, les tienen miedo. Y eso es malo”.
Por eso, en defensa de la dignidad y la integridad de los niños, niñas y adolescentes que fueron agredidos y sufrieron vulneración a sus derechos, el Comité permanente de Derechos Humanos, junto a las organizaciones que conforman la Alianza de Derechos Humanos, pedirán medidas de protección por parte del Consejo Cantonal, en favor de los niños y niñas, porque no solo fueron amenazados, sino que vivieron contextos traumáticos”, dijo Fernando Bastias.
“Porque ver militares y policías destruir sus casas y tener que lanzarse a defender sus casas es una escenario traumático para el niño o niña” agregó y exhortó a la Asamblea Nacional para que revise el desempeño de la Secretaría Técnica porque no está cumpliendo con su mandato legal de regular y controlar los asentamientos.
Asimismo, María Eugenia Delgado, lideresa de la Comunidad Nueva Esperanza, dijo que después de lo sucedido tomarán acciones legales, junto a Fernando Bastias, defensor de Derechos Humanos, el abogado Blas Hernández, la Coordinadora de antidesalojos y el abogado Diego Delgado.
El desalojo forzoso: una práctica constante
Fernando Bastias aseguró que la Secretaría Técnica de asentamientos está confundida en cuanto a sus competencias. “Nosotros como CDH, queremos posicionar que las prácticas de desalojos forzosos se han convertido en algo simultáneo y progresivo por parte de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Irregulares, porque su competencia legal es regular y controlar, pero no existe ninguna competencia legal para efectuar desalojos forzosos”, dijo Fernando Bastias.
“Exigimos que se respete el debido proceso y el proceso legal que se está llevando porque las personas que viven ahí, tienen la necesidad de un hogar, son población en condición de movilidad humana, refugiados de distintos países y no es legal el proceder y accionar de la Secretaría y el Estado”, agregó Yang Chang .
Según Bastias “el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que los desalojos forzosos son la última opción que tiene el Estado frente a los asentamientos irregulares o frente a una zona donde hay peligro o terrorismo y para ello hay que tomar en cuenta algunas situaciones como la evaluación de la población afectada y buscar medidas alternativas a los desalojos”.
Las Naciones Unidas, en el folleto informativo El derecho a una vivienda adecuada, señala que “el Derecho a una Vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo, debe considerarse más bien como el Derecho a Vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”.
