tomado de La Tinta
Actualmente en Latinoamérica miles de niñas menores de 15 años sufren violencia sexual y son obligadas a ser madres, lo que representa un grave problema de salud pública y de derechos humanos. Las consecuencias que enfrenta una niña son físicas, emocionales y sociales.
Los derechos a la autonomía y a la dignidad de estas niñas son persistentemente vulnerados. En primer lugar, por haber sido víctimas de abuso sexual, y posteriormente porque se les ha negado el derecho a ejecutar un proyecto de vida libremente elegido al imponerles, la continuación de un embarazo y una maternidad que ponen en riesgo su salud y futuro.
Esta campaña que promueven varias organizaciones internacionales y es un llamado a la sociedad y a los Estados de América Latina para que cumplan con su obligación de garantizar la protección de los derechos de las niñas.
Una niña o adolescente víctima de violencia sexual, que además resulta embarazada tiene que enfrentar una realidad sombría:
- No tendrá acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva
- Se verá forzada a ser madre siendo una niña
- Su salud física y emocional estará en riesgo durante el embarazo, así como durante y después del parto
- Preservará el círculo de pobreza y marginación en el que muy probablemente vive, ya que la maternidad precoz suele interrumpir la educación de las niñas y adolescentes, y por consiguiente, su potencial económico
Contexto latinoamericano
Las experiencias de las mujeres en toda la región evidencian el poder del personal médico, los funcionarios del Estado y ciertos grupos religiosos para imponer sus propias convicciones sobre las mujeres y las niñas. Este poder se ejerce con frecuencia a expensas de los derechos humanos, la salud, la integridad física, la autonomía, la intimidad y la vida de las mujeres.
En años recientes, en caso de embarazo, se constata en la región una tendencia creciente a establecer protección absoluta del feto, dándole prioridad sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Varios países de la región han incorporado el concepto de la protección absoluta del feto a su legislación penal a través de la prohibición total del aborto en todos los supuestos (El Salvador, República Dominicana y Chile) o a través de prohibiciones parciales del aborto que, con frecuencia, en la práctica terminan siendo absolutas (Argentina y Paraguay).
Estas leyes infligen un sufrimiento y una violencia enorme a las mujeres y las niñas. Ningún órgano internacional de derechos humanos ha reconocido jamás al feto como objeto de protección en virtud del derecho a la vida o de otras disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño.
En Ecuador 8 de cada 10 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 13 años
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