Comunidades y Derechos

Los rostros de las amnistías

74% son para defensores de territorios, naturaleza y justicia indígena

 

Redacción e investigación: Viviana Erazo @vivianaerz y Ana Acosta @yakuana

Asistencia en investigación: Verónica Calvopiña @kinoraxx

 

Publicado 18 de marzo del 2022

De las 231 personas que figuran en la lista anexa del informe de amnistías, apenas 60 son para personas judicializadas por las protestas de octubre del 2019; 123  son para defensores y defensoras de territorios comunitarios, varias mujeres; 33 para defensores de los derechos de la naturaleza y 12 para quienes ejercieron  la justicia indígena. ¿Quiénes son las personas que recibieron la amnistía de la Asamblea Nacional?

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La Asamblea Nacional otorgó la amnistía a 268 personas, después de aprobar el Informe que elaboró la Comisión Especializada de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad con 99 votos afirmativos, 16 negativos y 10 abstenciones, el 10 de marzo de 2022, en una jornada del pleno que duró hasta la madrugada. Si bien el informe habla de 268 personas, la lista anexa de amnistiados es de 231 personas.

Las amnistías entraron en vigencia el martes 15 de marzo de 2022, al ser publicadas en el Tercer Suplemento N°21 del Registro Oficial. Con esto, los procesos judiciales que estaban en marcha tienen que suspenderse.

La Asamblea, según la ley, tiene la facultad de otorgar amnistías a delitos que se consideren políticos. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 99 sobre la amnistía, dice que la Asamblea podrá expedir la resolución “por delitos políticos o conexos con los políticos» y esta se ejercerá “a petición de parte en cualquier etapa pre procesal y procesal penal”.

Esta no es la primera vez que se otorgan amnistías a líderes sociales e indígenas y a defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza que participan en acciones de protestas y en la defensa del territorio, en especial contra empresas mineras y petroleras.

En marzo de 2008, la Asamblea Constituyente, encargada de elaborar la nueva Constitución, otorgó la amnistía a 362 personas, en su mayoría defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Dentro del grupo se encontraban campesinos que protagonizaron la protesta de Dayuma, una comunidad ubicada en la zona petrolera de la provincia de Orellana que paralizó los pozos petroleros exigiendo servicios básicos. Dentro de las personas criminalizadas por esta protesta estaba, la hoy presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Lllori, quien era prefecta de Orellana y no entró en la amnistía por estar también acusada de peculado por el  entonces presidente Rafael Correa.

En 2017, durante el inicio del gobierno de Lenin Moreno, la CONAIE solicitó la amnistía para 117 personas y el indulto para 20; sin embargo el pedido de amnistía no se logró. La mayoría de los casos eran de personas judicializadas por las protestas del Levantamiento Indígena de 2015, durante el gobierno de Rafael Correa, donde indígenas de Saraguro fueron golpeados y encarcelados y varios dirigentes amazónicos fueron acusados del delito de ataque y resistencia.

Lenin Moreno dio el indulto a los 7 líderes sentenciados por ataque y resistencia en Pastaza y a Pepe Acacho, líder shuar de Morona Santiago, sentenciado por sabotaje y terrorismo a 12 de prisión por las protestas contra la minería durante el gobierno de Rafael Correa.

En 2020, la Asamblea concedió la amnistía para 20 líderes indígenas de San Pedro de Cañar, por la aplicación de justicia indígena.

En 2022, vuelve a surgir el pedido de amnistías. Esta vez la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional conoció el pedido realizado por la CONAIE y otras organizaciones de defensa de derechos y de la naturaleza. Abrió comisiones para escuchar a los peticionarios y posteriormente elaboró un informe que pasó al pleno para su discusión y aprobación. Inicialmente, se estableció el pedido para 371 personas pero el informe fue aprobado con 268 personas, y en la lista anexa figuran 231.

El informe tiene entre sus antecedentes una base normativa internacional, el Sistema Universal de Derechos Humanos, el marco constitucional, legal y reglamentario. El documento firmado por el asambleísta de Pachakutik, Fernando Cabascango, Presidente de la Comisión,  divide las amnistías en cuatro grupos:

por la defensa de territorios comunitarios; por la defensa de la naturaleza; por el ejercicio de la justicia indígena; y por ejercer el derecho a la protesta y a la resistencia, de este último grupo la gran mayoría son por las protestas del Paro Nacional y Levantamiento Indígena de Octubre de 2019.

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¿Quiénes son las personas beneficiarias de las amnistías? 

De las 231 personas que figuran en la lista anexa del informe de amnistías, apenas 60 son para personas judicializadas por las protestas de octubre del 2019; 123  son para defensores y defensoras de territorios comunitarios; 33 para defensores de los derechos de la naturaleza y 12 para quienes ejercieron  la justicia indígena.

Esto quiere decir que de las 231 personas amnistiadas, el 74% son para defensores y defensoras de territorios comunitarios, de la naturaleza y de la justicia indígena.

 

Defensores y defensoras comunitarias

En el grupo de “Defensores de territorios comunitarios” recibieron amnistía 126 personas que estaban acusadas dentro de 27 causas judiciales, por 13 delitos como: Usurpación, ocupación, uso ilegal del suelo, tráfico de tierras, delincuencia organizada, intimidación, robo, paralización de servicios públicos, daño al bien ajeno, actividad ilícita de recursos mineros, asociación ilícita, delincuencia organizada, ataque y resistencia. En este grupo, 32% de las amnistías son para mujeres defensoras de los territorios comunitarios y ancestrales.

Entre las y los amnistiados se encuentran comuneros y comuneras de la Comuna Ancestral de la Toglla, en Quito; comuneros de Valdivia, en Santa Elena; campesinos de Buenos Aires y de Cahuasquí, en Imbabura, entre otras.

Homero de la Cruz, Jacinto Reyes y Bartolomé Barbor son los comuneros amnistiados de la Comuna Ancestral de Valdivia. Ellos fueron acusados de “daño al bien ajeno” y tenían una orden de prisión en su contra.  La Comuna de Valdivia ha enfrentado durante años un conflicto de tierras con la empresa Marfragata quien busca tener la propiedad privada del territorio comunitario, cuna de la cultura Wankavilka y lugar donde existe un patrimonio arqueológico protegido.

Al conocer la decisión, la comunidad organizó una marcha para celebrar la amnistía, sin embargo lamentaron que Homero de la Cruz, no pueda estar, ya que falleció de Covid-19, el 28 de enero de 2020, esperando la amnistía.

Félix Borbor, abogado de la Comuna Valdivia, en la rueda de prensa en CONAIE, denominó las amnistías como “justicia” para los comuneros y un aliento para continuar con la defensa y protección de su territorio.

La Comuna Ancestral La Toglla está ubicada en las faldas del Volcán Ilaló, en Pichincha. Durante varios años, esta comunidad ha sido asediada por proyectos inmobiliarios y gente externa a la comunidad que reclama la posesión de terrenos. Nancy Simba, una de las amnistiadas, declaró en la Comisión de Garantías Constitucionales el 21 de enero, que “son afectados por una persecusión judicial aduciendo que como defensora de sus tierras les catalogan como bandas criminales o traficantes de tierras, produciendo daños psicológicos a sus moradores”.

Nancy Simba y 28 personas más de la comunidad tienen en total 8 causas en su contra, siendo La Toglla, la comunidad con más causas judiciales en el Informe de Amnistías. De estas personas, Nancy Simba, Digna López, y Ninfa Coral están relacionadas cada una, con 5 causas en su contra; mientras que Rosa Cabrera, otra comunera, tiene 4 causas en su contra.

Junto a Rosa, su esposo Manuel Paucar y sus dos hijos Lenín y Jaime Paucar Cabrera fueron acusados bajo el artículo 201 del Código Penal de “usurpación, uso ilegal del suelo y tráfico de tierra”, que sanciona a la persona que “promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.

Rosa es más conocida como “Mama Rosita” y es una de las abuelas sabias que mantiene los conocimientos de medicina ancestral y espiritualidad con las que acompaña la lucha de su comuna ancestral.

En el grupo de amnistiados por defender los territorios también se encuentra José Esach Puenchir, presidente de la comunidad indígena shuar Yaapi o Yaupi, parte de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) ubicada en la Cordillera Kutukú Shaim, en la provincia de Morona Santiago en la amazonía sur. En este territorio habitan más de cien comunidades Shuar y en 2017 fue concesionado para la explotación minera de la empresa Ecuasólidus. Su lucha ha sido promovida con la campaña #YaupiResiste. Con José suman 7 los shuar acusados de “paralización de servicios públicos” por resistir a la minería en su territorio  ancestral y en bosque protector.

 

 

Defensores y defensoras de la naturaleza

 

 

Entre las personas que recibieron la amnistía por defender la naturaleza, 25 son hombres, mientras que 8 son mujeres. Entre las y los amnistiados están comuneros y comuneras de la  parroquia Gualel del cantón Loja, donde se ubica Fierro Urco, considerada la “Estrella Hídrica del Sur”, donde nacen las vertientes que alimentan los ríos Jubones, Santiago, Catamayo y Puyango.

Las comunidades indígenas y campesinas defienden el agua de Fierro Urco y lo han hecho con movilizaciones constantes. El 4 de febrero de 2022 fue una de las últimas movilizaciones donde participaron representantes de las 12 parroquias potencialmente afectadas por los proyectos mineros en la región, en apoyo a la acción de protección interpuesta por los habitantes de Gualel.

Otro beneficiario de las amnistías en este grupo fue Víctor Guaillas defensor del agua y de los derechos de la naturaleza de la comunidad de Molleturo, una parroquia del cantón Cuenca, en la provincia andina de Azuay, que defiende las fuentes de agua de la minería. Victo Guaillas fue sentenciado a cinco años de prisión por presunto sabotaje en las protestas de octubre de 2019. La amnistía para Guaillas es una acción simbólica, ya que él fue asesinado en la masacre de la Penitenciaría del Litoral la noche del 12 de noviembre de 2021 en Guayaquil, donde fueron asesinadas, junto a Víctor, 62 personas presas.  

El movimiento Yasunidos que ha acompañado la lucha antiminera de Molleturo, felicitó las amnistías y se pronunció sobre la inclusión del caso de Guaillas “Seguiremos exigiendo #NoMásDefensoresEnPeligro. No olvidamos a Víctor Guaillas, criminalizado por defender el agua y asesinado en manos del Estado ecuatoriano.”

El asambleísta Fernando Villavicencio, quien votó a favor de las amnistías, se pronunció en su cuenta de twitter sobre este caso, “ Vìctor Guaillas, activista anti minero de Molleturo, persona con discapacidad, estuvo detenido injustamente en la penitenciaría. Víctor fue asesinado en la masacre carcelaria de noviembre. De haberse anticipado la amnistía, él estuviese vivo.”

Otro caso emblemático, es el de los hermanos Javier y Víctor Ramírez, ambos defensores de la comunidad de Junín, en el Valle de Intag. Los dos junto con la comunidad de Intag llevan más de 20 años en la defensa del territorio y en contra del proyecto minero Llurimaguas. Entre 2014 y 2015, Javier fue detenido diez meses tras una reunión con el ex Ministro del Interior José Serrano en Quito, durante el gobierno de Rafael Correa y fue acusado de los presuntos delitos de “rebelión, sabotaje y terrorismo”. Víctor Ramírez, en cambio, se declaró en la clandestinidad, al ser acusado de rebelión. Hoy recibió la amnistía para seguir con su lucha por la naturaleza y la vida.

 

Derecho a protestar y resistir

Las personas que recibieron la amnistía por “ejercer su derecho a la protesta y a la resistencia” durante el Paro de octubre 2019 suman 60 personas, que equivale al 26% de las amnistías, entre ellas 55 para hombres y 5  para mujeres.

En este grupo constan 16 causas judiciales por 10 delitos como: Sabotaje,  Paralización de un Servicio Público, Incumplimiento de Decisiones, Grupos subersivos, Rebelión, Secuestro, Terrorismo, Instigación, Actos de Odio, Daños de un bien ajeno.

Uno de ellos es Leónidas Iza, indígena del Pueblo Panzaleo, actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. El dirigente contaba con 5 causas judiciales abiertas en su contra, de las cuales 2 eran por secuestro, 1 por instigación, 1 por daño al bien ajeno y 1 por terrorismo.

Jaime Vargas, indígena achuar de la Amazonía,  ex presidente de la CONAIE, también tenía 5 causas judiciales en su contra,  por delitos como: secuestro, terrorismo, instigación, actos de odio y grupos subversivos. Dentro de la causa por “grupos subversivos” se encontraba también Severino Sharupi, indígena shuar y presidente de la Federación Shuar de Pastaza; Marlon Vargas, indígena achuar y presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, CONFENIAE, y Andrés Tapia, Dirigente de Comunicación de CONFENIAE. La denuncia contra los tres fue iniciada por la Fiscal General, Diana Salazar, de oficio. 

Lenin Yumbay también es parte del grupo de los amnistiados por ejercer su derecho a la protesta. Él tiene 24 años, es parte del pueblo Waranka, de la nacionalidad kichwa de Guaranda. Lenin es músico y artista, que fusiona la música andina con el hip-hop. Lenin fue detenido durante las protestas de octubre del 2019 y acusado de tres delitos: sabotaje, paralización de un Servicio Público y destrucción de registros, junto con 16 hombres y una mujer. Con Lenin, suman 18 los acusados en la misma causa, relacionada con lo ocurrido en la Contraloría.

Lenin, en rueda de prensa en la CONAIE, dijo que de los delitos que le acusaron no encontraron pruebas. “Mi única arma ha sido mi voz, la única arma de todo el pueblo ha sido nuestra voz. Que si nos levantamos al Paro, a la protesta es para exigir que nos escuchen y exigimos que la justicia prevalezca y sino seguiremos luchando”. Sobre la justicia, habló de la necesidad de recordar y exigir justicia por las personas heridas y asesinadas en octubre del 2019 “¿Dónde está la justicia para nuestros hermanos que fallecieron, que fueron heridos y mutilados. Aquí no hay justicia, hay agresión institucionalizada por el Estado”.

Ernesto Pazmiño, ex Defensor Público y abogado de  Lenin y de otras personas acusadas por lo ocurrido en la Contraloría, en Quito, mencionó en entrevista para Wambra dijo que, en este caso, “no existe evidencia de responsabilidad”. Aseguró que por este hecho inicialmente fueron detenidas 33 personas, de las cuales 5 eran menores de edad, quienes luego fueron liberados. Según Pazmiño, este grupo habría sido detenido a las 10:35 de la mañana, del sábado 12 de octubre de 2019, pero “la Cruz Roja, la Policía y los Bomberos dan fe, con sus informes y testimonios, de que fueron alertados a las 3 de la tarde del incendio”. A pesar de que sus defendidos fueron acusados de “destrucción de registros» (Art. 347), asegura que este delito no ha podido ser probado, pues según versión de la misma Contraloría “no hubo ningún archivo desaparecido, que todos los archivos fueron recuperados”.

Dentro del grupo de amnistiados por protestar en octubre de 2019 también se encuentran Paola Pabón, prefecta de Pichincha; Virgilio Hernández, Parlamentario Andino y Christian Narváez, quienes enfrentaban cargos por “Rebelión” según el artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal.

 

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Por ejercer la Justicia Indígena

Entre las personas que recibieron la amnistía por aplicar justicia indígena 9 son hombres,  mientras que 3 son mujeres.

La Constitución del Ecuador desde 2008 garantiza el respeto de las decisiones que se den en la jurisdicción indígena. Si bien la justicia indígena es un régimen alternativo al ordinario, tiene ciertos límites: no puede ser contraria a la Constitución ni a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

Es decir, el Estado le otorga potestad de juzgamiento en su comunidad, le otorga un marco de discrecionalidad para la toma de decisiones, pero les impone a su vez, los límites que aplican a todo el ordenamiento ecuatoriano. Es decir, los principios de supremacía constitucional y protección de derechos reconocidos tanto interna como externamente, son el tope a este marco de discreción.

El Art. 171 de la Constitución dice que “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”.

 

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La legitimidad de las amnistías

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en un comunicado expresó que las amnistías fueron concedidas por justicia y presión social y sientan un precedente contra la criminalización de la protesta, ya que reivindica la lucha social, el derecho a la resistencia y la democracia. “De los crímenes de Estado no hay retorno ni perdón” dice el comunicado.

El 16 de marzo en la sede de la CONAIE, varios de sus dirigentes y personas beneficiarias participaron en una rueda de prensa. Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, recordó que en la movilización de 2019 estaban ejerciendo su Derecho a la Protesta y la Resistencia que consta en el Art. 98 de la Constitución del Ecuador que dice que “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”

Iza señaló que las amnistías no pueden ser politizadas y utilizadas para que el ejecutivo presione a la Asamblea ya que este “ Pretende imponer su autoridad sobre el primer poder del Estado que es el legislativo. Demandamos que los 5 poderes del Estado deben gozar de independencia política”. Iza además mostró su agradecimiento a los 99 asambleístas que dieron su voto a favor de las amnistías, pero sostuvo que “no es ningún favor político”. De cada caso se ha presentado la documentación necesaria para acceder a las amnistías que representan una reconciliación, “vemos sumamente preocupados que el único que no quiere reconciliación y quiere más caos, persecución y criminalización es el Gobierno Nacional.”

Jorge Rivera, celebró también las amnistías. Él es vicepresidente de la Asociación de Víctimas Inocencio Tucumbi, una organización creada en octubre de 2019, para agrupar a las personas que fueron heridas o mutiladas y a las familias de las personas asesinadas durante la protesta. Jorge perdió su ojo derecho en la represión de Octubre 2019 por el impacto de un proyectil, además le extrajeron alrededor de 40 perdigones de su cuerpo.

“Lo qué pasó en Octubre fue algo justo. Ahora en la Asamblea se reúne la aristocracia quiteña a pedir la derogación de las amnistías y nadie sale a reprimir a esa gente”, dijo Jorge Rivera y mencionó que hay una clara diferencia de parte de las fuerzas de control para elegir a quién se reprime y a quién no.

Rivera mencionó que ahora se tomarán acciones legales a escala internacional contra el ex presidente Lenin Moreno y la ex ministra de gobierno María Paula Romo. Esto sobre las violaciones a derechos humanos y las muertes de varias personas en el contexto de la represión policial.

Mientras tanto, el gobierno de Guillermo Lasso pocas horas después de hacerse pública la decisión de la Asamblea Nacional, mediante un comunicado, rechazó la decisión de otorgar amnistía a “quienes sometieron a la ciudad de Quito a ultrajes, destrucción y temor”. El Ejecutivo se solidariza con la capital, con periodistas, policías y militares agredidos y secuestrados.” enfatizó en el comunicado.

El Presidente Guillermo Lasso calificó de injusta la decisión del legislativo. “El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. La Asamblea Nacional cometió un acto de injusticia. Se olvidaron de Quito en llamas, familias que perdieron sus negocios, periodistas agredidos y personas violentadas. Mi respaldo a la Fuerza Pública y a los quiteños ante esta decisión”.  Los asambleístas del movimiento CREO su mayoría votaron en contra de la decisión.

De igual manera, el ex presidente Lenin Moreno en cuyo gobierno se desarrollaron las protestas de octubre de 2019, mencionó en su cuenta de Twitter: “Quienes atentaron contra la democracia en octubre de 2019 y pretendieron dar un Golpe de Estado entre protestas, secuestros, destrucción de ciudades patrimoniales y actos de vandalismo, hoy han sido absueltos con 99 votos por la Asamblea Nacional como si nada hubiera pasado.”

Por su parte, la ex Ministra de Gobierno de Lenin Moreno, María Paula Romo, mostró indignación en su cuenta de twitter sobre la decisión que tomó la Asamblea  “Los que aprobaron este informe y los que no fueron capaces de levantar su voz, han traicionado a Quito y han abandonado a policías que hicieron su trabajo”.

La mañana del 15 de marzo empresarios y políticos de Quito presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Asamblea en la Corte Constitucional y en la tarde realizaron una manifestación a las afueras de la Asamblea Nacional. Los protestantes exigen “muerte cruzada“, lo que significa que el presidente Guillermo Lasso disuelva la Asamblea y se adelanten elecciones generales. Una de las consignas de los manifestantes fue “ Justicia para Quito” en rechazo a las amnistías.

Ante esto la Fundación Regional de Derechos Humanos, INREDH, en un comunicado explicó que las amnistías se otorgan por delitos políticos y que si bien no existe esta clasificación legal,  la valoración del delito político “es subjetiva” y por lo tanto puede tener distintas miradas “Si la transformación social fue exitosa, el delito político se convierte en un acto heróico; si el objetivo fracasa y las élites políticas y económicas cuestionadas se mantienen en el poder, el delito político se convierte en delito penal y se busca su judicialización y sanción, a manera de castigo y como disuasivo para futuros cuestionamientos al poder” por lo que la organización de derechos humanos considera que las amnistías son legítimas.