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Feminismos

El silencio del gobierno de Lasso a la represión a mujeres el 8M

 

Por Michelle Mantuano @MishellMantuan1

Publicado 18 de marzo del 2022

 

 

En la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Colectivos y la Interculturalidad, el 16 de marzo de 2022, se instaló la sesión ordinaria 088 para recibir a 3 mujeres de colectivos feministas y una periodista agredida por el cuerpo policial en las marchas del 8 de Marzo en Quito, Guayaquil y Cuenca, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Para esta sesión se esperaba la comparecencia de las autoridades para que respondan por los hechos suscitados, pero no asistieron.

 

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El 11 de marzo de 2022, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Colectivos y la Interculturalidad envió un pedido de información a la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, solicitando información de los operativos policiales en Quito, Cuenca y Guayaquil, realizados el 8 de marzo de 2022, durante las marchas por el Día Internacional de la Mujer en estas ciudades.

La solicitud requiere la siguiente información:

-Persona o personas a cargo de los operativos de la Policía Nacional

-Disposiciones impartidas a las y los integrantes de la Policía Nacional durante las marchas del 08 de marzo de 2022

-Informe elaborado por la o el representante de la Policía Nacional sobre los hechos ocurridos y las acciones adoptadas por la Policía Nacional

-Número de bombas lacrimógenas utilizadas por la Policía Nacional

-Número de personal de la Policía Nacional de civil asignado durante las marchas

La ministra tiene 10 días para responder al pedido de información; es decir, hasta el lunes 21 de marzo.

Adicionalmente, la Comisión de Garantías Constitucionales envió un oficio a la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, al Comandante General de la Policía Nacional, Carlos Cabrera y la abogada Bernarda Ordóñez, Secretaria de Derechos Humanos, anunciando que el miércoles 16 de marzo de 2022 debían comparecer de manera presencial ante la Comisión para responder por las agresiones del cuerpo policial en contra de las mujeres y periodistas en la marcha del 08 de Marzo de 2022.

El 16 de marzo, se instaló la sesión ordinaria 088 en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional, pero ni la Ministra de Gobierno, ni el Comandante de la Policía, ni la Secretaria de Derechos Humanos se presentaron, pero mandaron una carta de excusas.

Daniela Jerves, secretaria de la Comisión, dio lectura a la respuesta enviada por las autoridades, frente al llamado de la Comisión. La abogada Bernarda Ordóñez, Secretaria de DDHH, informó que se encuentra de visita en Estados Unidos participando en una Comisión de la Mujer en una de las sedes de la ONU en Nueva York. Por su parte, el Comandante de la Policía Nacional, Carlos Cabrera, anunció que debía cumplir con una agenda previamente planificada para tratar temas de importancia para la seguridad ciudadana. En la misma línea, la Ministra Vela dijo que ese día atendía asuntos de diversidad nacional y que le resulta imposible asistir a la comisión. Todos los oficios de las autoridades concluyen pidiendo que se delegue hora y fecha para la comparecencia en los próximos días.

Las y los asambleístas iniciaron la comparecencia rechazando las acciones de represión policial y lamentando la inasistencia de las autoridades. Victoria Desintonio, vicepresidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Colectivos y la Interculturalidad, y asambleísta por UNES, dijo que existió “violencia desde el Estado y sus instituciones” y cuestionó la ausencia de las autoridades al Pleno para que informen lo que pasó durante las marchas del 8 de marzo de 2022.

Al mismo tiempo, la asambleísta Sofía Sánchez, de PK, señaló que es “una pena que las autoridades no participen”, y aseguró que las mujeres necesitan respuesta de lo que ocurrió en la marcha en conmemoración al día internacional de la mujer. También recalcó que las mujeres víctimas de violencia “que tenían la oportunidad de acudir a la policía, los llamados a protegernos en estos casos. Hoy ya no lo son”. Porque es la misma policía quien agrede a las mujeres.

En la misma línea, el asambleísta de PK, Edgar Quezada rechazó la violencia contra las mujeres y mencionó que se debe investigar el caso y sancionar a los responsables.

Paola Cabezas, asambleísta por UNES, dijo que las mujeres “no estamos seguras en ningún lugar”. Señaló también que las luchas de las mujeres son necesarias y se reivindican en las calles. También recordó que Guillermo Lasso vetó de manera parcial la ley de interrupción voluntaria del embarazo y preguntó “¿nos van a reprimir si salimos a las calles a protestar en contra de ese veto?”.  De su parte, la asambleísta por Santo Domingo, Magali Macías dijo “es nuestro derecho salir a las calles, necesitamos protestar, no es justo que no seamos visibles”.

 

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Las mujeres en defensa de sus derechos

En esta comparecencia organizada por la Comisión de Garantías Constitucionales, participaron mujeres de organizaciones feministas y periodistas a fin de dar cuenta de las agresiones sucedidas en el 8M.

Gabriela Gómez, parte de la articulación Trenzando Feminismos expuso que lleva más de 15 años trabajando y organizándose con otras mujeres, organizaciones y colectivos para luchar por los derechos de las mujeres y por una “Ley Justa y reparadora”. Pero mencionó que es la primera vez que las mujeres viven una represión durante el 8 de Marzo.

No solo fueron las mujeres sino “las niñas, la diversidad sexogenérica y mujeres en diversas condiciones etarias”, señaló. Gabriela demandó al gobierno y pidió garantías que respalden su derecho a la protesta y de las acciones que hacen en defensa de los derechos de las mujeres.

“Las mujeres tenemos la necesidad de movilización, porque nos enfrentamos a una violencia estructural cotidiana. Violento es el sistema que nos discrimina, que nos violenta, precariza y mata”, indicó Gabriela.

En la misma línea, Andrea León, parte del colectivo Sororas Violetas narró la represión sufrida en la marcha. Mencionó que los policías salieron con caballos, perros, y usaron gas pimienta y lacrimógeno “tuvimos que cuidarnos entre todas porque en la marcha también había mujeres con discapacidad física”.

Seguidamente, compareció en la comisión mediante zoom, Nadya Donoso parte del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil, CEPAM, quien explicó que contaban con permisos para tomarse las calles por el 8 de Marzo, sin embargo, la Policía Nacional atacó a las “mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad que participábamos de la marcha pacífica”.

La policía arremetió contra las mujeres, niños y niñas, por lo que las madres de los menores “tuvieron que formar un escudo para protegerlos”, señaló Nadya. Las agresiones continuaron y mencionó que los policías habrían insultado a una de sus compañeras diciéndole: “muy sabida te crees, cuidado te cae un poco de gas para que sigas gritando, ¡ridícula! Ya sabemos quién eres” Y recalca que así continuaron las expresiones de violencia por parte del cuerpo policial.

Esta violencia fue más allá de las agresiones verbales, se convierten en físicas, pues los policías lanzaron gas a las mujeres que se movilizaban, expuso Nadya. “Varias de nosotras tuvimos afectaciones a la piel, vías respiratorias, sufrimos desmayos y vómitos»,

También compareció, Viviana Erazo periodista del medio comunitario, Wambra, quien fue agredida por parte de la Policía Nacional mientras cubría la marcha en la ciudad de Quito. Erazo cuestionó el accionar del cuerpo policial y pidió respuesta de cómo se formó el operativo, los argumentos para reprimir de manera tan brutal a las mujeres en la marcha y también cuestionó el hecho de no dejar ingresar a las mujeres a la Plaza Grande.

Todas las mujeres que se presentaron en la Comisión concluyeron que se necesitan que el Estado responda por las agresiones sufridas durante la marcha en las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil.

 

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¿Posible juicio político?

El asambleísta por PK, Mario Ruíz, dijo que la inasistencia de la Ministra, del Comandante y de la Secretaria de Derechos Humanos debe tratarse como causal de “juicio político”. Recalcó que las autoridades están en la obligación de responder a los llamados que se realizan desde la Comisión.

Luego de concluida la comparecencia, Victoria Desintonio, vicepresidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Colectivos y la Interculturalidad mencionó que, se suspendió la sesión ordinaria 088 para convocarla nuevamente en el plazo de una semana para que “las autoridades no tengan la excusa de que se los convoca con poco tiempo”.

A partir de los testimonios de las mujeres de Quito, Guayaquil y Cuenca que comparecieron ante la Comisión, las y los asambleístas se comprometieron a levantar un escrito con las interrogantes presentadas por las mujeres, a fin de garantizar que las autoridades respondan y se presenten ante la Comisión.

En caso de no haber respuesta por parte de la Ministra, el Comandante y Secretaria de Derechos Humanos, se aplicará lo que manda la Ley Orgánica de Función Legislativa en su artículo 76, recalcó la asambleísta Victoria Desintonio:

“El funcionario público deberá comparecer en persona ante la comisión, previa convocatoria. Si el funcionario público no comparece, será causal de enjuiciamiento político”.

La represión en contra de la Marcha del 8M tuvo también repercusiones internacionales. La organización Human Rights Watch, sacó un comunicado diciendo que Ecuador debe investigar los abusos policiales en contra de las mujeres y periodistas durante las marchas del 8 de marzo de 2022, en Conmemoración al Día Internacional de la Mujer en Quito, Guayaquil y Cuenca. En el mismo comunicado menciona que no es la primera vez que la policía arremete contra manifestantes, pues en octubre de 2019 provocaron lesiones oculares en las personas que se manifestaban en contra de las políticas neoliberales del gobierno de Lenín Moreno.

Además, dicen que Ecuador necesita una ley que regule el uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza y que los policías solo deben restringir las manifestaciones pacíficas cuando resulte necesario. En caso que las autoridades consideren que las protestas son ilícitas, “no deben usar la fuerza para dispersarlas, salvo como medida de último recurso para responder a una amenaza genuina”, concluye el comunicado.