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Ley de economía violeta ¿regresivo en derechos para las mujeres?
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 24 de noviembre del 2022
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley para impulsar la Economía Violeta, el 22 de noviembre de 2022. Este proyecto fue propuesto por el gobierno del ex presidente Lenin Moreno contempla deducciones para nuevas plazas de trabajo destinadas a la contratación de mujeres, y busca incentivar la productividad y generar oportunidades con el objetivo de tener una sociedad más justa e inclusiva.
Pero, alrededor de este proyecto de ley existen varias discusiones y planteamientos desde la población LGBTIQ+, quienes exigieron ser parte de la discusión. De igual forma, mujeres expertas como la abogada constitucionalista, Soledad Angus; la defensora del derecho al trabajo, Angie Toapanta y María José Machado, secretaria de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, sostienen que esta ley quita derechos a las mujeres.
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En el gobierno del ex presidente Lenin Moreno se presentó el proyecto de Ley de Economía Violeta que, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, beneficiaría a cerca de un millón de mujeres hasta finales del 2020. Esta ley tenía como objetivo promover la activación económica y el empoderamiento en derechos de las mujeres del Ecuador, con principal atención en las mujeres productoras, microempresarias, emprendedoras, artesanas y quienes sus ingresos se vieron reducidos como consecuencia de la emergencia sanitaria por la covid-19.
Para el 14 de mayo 2021, el ex ministro de Trabajo, Andrés Isch, organizó el Primer Encuentro Internacional de Economía Violeta donde resaltó la necesidad de “romper con paradigmas” sobre el alto costo de contratación de las mujeres. “Necesitamos generar más oportunidades para cerrar las brechas de inequidad entre hombres y mujeres, para que los jóvenes tengan acceso al mercado laboral y para que más ecuatorianos puedan salir de la informalidad”, agregó el ex ministro Isch.
En febrero de 2022, la Comisión de Desarrollo Económico, con siete votos a favor, aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley para impulsar la economía violeta, y en octubre se aprobó, por unanimidad, el informe para segundo debate del proyecto de ley, según informó la Asamblea Nacional.
Previo a la votación del proyecto de ley en el pleno de la Asamblea Nacional, la asambleísta independiente Daysi Yuquilema, en una entrevista para Wambra, el 18 de noviembre dijo que la ley tuvo diversos cambios, los cuales se han generado a través de los aportes de colectivos, organizaciones sociales, expertos en la temática y sobre todo, de “quienes vamos a ser beneficiarios de este proyecto de ley, porque es la manera en que podemos estructurar una ley que de verdad se vaya a cumplir”.
De principio, el proyecto de ley estaba pensando solo para impulsar el trabajo de las mujeres y la economía violeta; sin embargo, en el transcurso del debate, el objeto de la ley se amplió a mujeres en su diversidad, integrando a mujeres que ejercen el trabajo sexual, población LGBTIQ+ y el enfoque de pueblos y nacionalidades, explicó Yuquilema.
Por su parte, la asambleísta Jahiren Noriega, por la bancada Unión por la Esperanza, UNES, en una entrevista para el medio argetino Latfem habló sobre la ley de economía violeta y tocó uno de los puntos críticos y cuestionados: los permisos por paternidad y maternidad. Según la legisladora, el proyecto plantea que para que existan los permisos por paternidad, “las madres deben ceder su permiso de maternidad, entonces es super regresivo y no se ha problematizado socialmente lo suficiente”.
Asimismo, mencionó que la ley abrió modificaciones al Código Orgánico Monetario Financiero y se planteó que por la contratación de una mujer, las empresas “tengan una deducción de más impuestos que la contratación de un hombre. Esto en principio nos parecía bien. Pero a partir del trabajo con organizaciones de diversidades sexogenéricas, lo que hicimos fue plantear que ese beneficio, que en principio tendrían las empresas para contratar una mujer, se amplíe para contratar a personas trans, que son las más excluidas y excluidos del sistema laboral”.
Tras estás discusiones, el 22 de noviembre de 2022, el pleno de la Asamblea Nacional instaló la sesión 814 donde por unanimidad, con 119 votos afirmativos se aprobó el Proyecto de Ley para impulsar la Economía Violeta.
“El proyecto de Ley de Economía Violeta, nos quita derechos”
Angie Toapanta, coordinadora ejecutiva del centro de investigación y defensa del derecho al trabajo, en una entrevista radial explicó que la economía violeta es un concepto que ha sido utilizado desde la teoría y la academia, desde un sector un poco más “burgués” del feminismo para intentar generar acciones destinadas a que las mujeres sean partícipes activas dentro del mercado de trabajo y economía formal. “Hay muchas críticas alrededor del violeta porque no representa a las mujeres en su diversidad. En teoría, estamos hablando de una ley que tenía la intención de beneficiar a las mujeres”.
Toapanta también resaltó que la ley tiene algunas intenciones buenas que deben ser desarrolladas como la creación de “inspectores de trabajo en género, aunque no está tan bien desarrollado, hay una intención de hacerlo. Lo ideal sería que estás personas estén formadas en género para poder decidir en casos de discriminación, acoso o violencia sexual contra las mujeres”. Por otro lado, la ley aprobada impulsa que las mujeres que se encuentran en las casas de acogida sean parte de la economía formal. Sin embargo, para lograr esto tendría que crearse políticas públicas como incentivos para que las mujeres mayores de 16 años, puedan ser insertadas de mejor manera en la economía formal.
Así mismo se crea una especie de incentivos tributarios para fortalecer e impulsar la contratación de mujeres, es decir, se crean deducciones tributarias de acuerdo al número de mujeres que se vaya contratando en una empresa y de acuerdo al tiempo de permanencia de las mujeres en esta empresa. La deducción empieza siendo del 100% y termina en 150% a largo plazo, incluso se plantea que si una mujer es despedida o renuncia y se pierde esa plaza de trabajo y el empleador decide contratar a otra mujer para cubrir esa plaza puede continuar recibiendo la deducción tributaria; sin embargo, hay que saber si las deducciones son proporcionales y necesarias. Asimismo, agregó que las organizaciones sindicales no fueron llamadas a la discusión de la ley.
Toapanta compareció además durante el debate de esta ley en la Asamblea Nacional, explicando algunos aspectos problemáticos de la ley como el artículo 9 “solamente los empleadores que tengan 25 trabajadores o más tienen la obligación de implementar medidas para prevenir el acoso sexual o por razón de género en el trabajo”. Para la defensora del derecho al trabajo, al establecer esto no se toma en cuenta lo que sucede actualmente, “los empleadores tienen la obligación de actuar y prevenir los casos de acoso a partir de un trabajador”.
Otra de las observaciones que realiza Toapanta con respecto a la ley, es sobre los planes de igualdad. Según la defensora del derecho al trabajo, las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores tienen la obligación de crear planes de igualdad de trato y oportunidades para las personas que estén trabajando bajo el cargo del empleador. La problemàtica gira en torno al número que pone la Asamblea para que los empleadores cumplan con esa obligación porque “las empresas que tienen 50 trabajadores o más, son solo las grandes y las medianas que sumadas y en conjunto, dan apenas el 7.3% del sector empresarial”.
Según Toapanta el artículo 24 de la ley pretende hacer una reforma al artículo 152 del Código del Trabajo que habla de la licencia por maternidad. “No cambia el periodo de la licencia, pero sí establece que las mujeres pueden ‘acordar’ el uso exclusivo o compartido de la licencia, la misma que pueda compartirse hasta un 75% con el padre. Se cree desde la Asamblea, dice la abogada laboral, que las mujeres podemos negociar el gozar la licencia de maternidad con los padres progenitores de los hijos e hijas cuando eso no es así. La primera relación de poder que experimentamos las mujeres viene desde esta relación de pareja, es muy peligroso dejar amplio que pueda haber una negociación entre padre y madre de la licencia de paternidad”.
Para María José Machado, secretaria de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, quien también participó con sus observacione en el debate de la ley, mencionó que uno de los puntos más críticos de la Ley de economía violeta es su enfoque, pues es una ley concebida en el gobierno de Lenin Moreno “de una orientación neoliberal y posteriormente abandera por Daniel Noboa hijo del magnate bananero, Alvaro Noboa, vienen de esta misma tradición de leyes centradas en la precarización laboral porque si hablamos de economía de las mujeres o de autonomía económica de las mujeres no podemos eludir el tema de los cuidado y esta ley no los aborda, más bien se trata de una ley centrada en incentivos tributarios para la parte patronal en el caso de contratar mujeres”.
Según Machado, a pesar de que existe dificultades para las mujeres en cuanto al acceso al trabajo, hay sectores que están feminizados y que brindan incentivos tributarios. En esos casos dice, no es necesariamente una medida que favorezca a las mujeres trabajadoras porque las mujeres necesitan un respeto irrestricto a sus derechos sexuales y reproductivos, salarios dignos que cubran sus necesidades y las de su familia, así como la posibilidad de poder conciliar las labores domésticas, de cuidado y productivas.
Para eso, la corresponsabilidad del Estado es imprescindible, al igual que la de la pareja y de la familia, señala María José Machado. “La manera de lograrlo según este proyecto, es trasladar los permisos de maternidad al varón cuando quien da a luz, tiene en su cuerpo el proceso de lactancia es la mujer. Eso es un poco peligroso porque se podría prestar para extorsiones por parte de los empleadores y ya no respondería a ese espíritu de esa disposición que está ahí por una razón, ya que, las convenciones internacionales obligan al Estado a proteger la maternidad que, no es un obstáculo en la productividad. Es un hecho social relevante y cuando es deseada tiene que ver con el cuidado de la vida, entonces se tiene que crear objetivamente las mejores condiciones para las madres y los bebés”.
Por su parte, la abogada constitucionalista, Soledad Angus, a través de twitter expresó que el proyecto de Ley de Economía Violeta “es la muestra más clara de feminismo neoliberal. Muchos bombos, colores, cero sustancia y ahí muy bien camuflados, precarización de derechos laborales. Triste el rumbo de este país”. Agregó que pese a la sentencia No. 3-19-JP/20 de la Corte Constitucional que dispuso “la Asamblea debía legislar para ampliar progresivamente el permiso de paternidad como medida para reducción de brechas”, y a la sentencia No. 36-19-IN/21 que amplió el permiso de lactancia, la Ley de Economía Violeta “lo que hace es relajar, relativizar derechos que son irrenunciables y no mejora permisos sino que establece que madres renuncien a sus permisos de maternidad y lactancia para cederlos al padre y además vuelve a reducir en plazo del permiso de lactancia que fue ampliado por la Corte Constitucional”, señaló Angus.
Unicef recomienda que sean seis meses el tiempo de lactancia exclusiva desde el nacimiento de un niño o niña y, posteriormente, la lactancia es complementaria hasta que el niño cumpla los dos años; sin embargo, para Machado “estamos muy lejos, pero no se va a lograr equidad de género ni apoyo de ningún tipo a las mujeres si se acorta licencia que de por sí ya son muy breves. Para fomentar la corresponsabilidad lo que hay que hacer, es ampliar las licencias por paternidad y tratar de igualarlas para que los varones también puedan participar en el cuidado”.
Según Machado en este punto, la ley es inconstitucional porque está siendo regresiva en derechos y estaría permitiendo la transferencia de un derecho personal de las madres lactantes.
