NOTICIA

Juez negó Acción de Protección a trabajadores de Furukawa

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado 05 de mayo de 2022

 

 

En el Consejo de la Judicatura de Santo Domingo, el 05 de mayo de 2022, se llevó a cabo el segundo juicio de acción de protección para los y las trabajadoras de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones C.A. El juez Stalin Vicente Brito Centeno negó la acción y según las organizaciones que acompañan el caso, la justicia desconoció las vulneraciones de derechos y la responsabilidad de la empresa y del Estado ecuatoriano.

***  

Trabajadores y trabajadoras de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones C.A, dedicada a la al cultivo y procesamiento de abacá desde 1963 mantuvo a más de 1200 personas, en su mayoría afrodescendientes, trabajando en condiciones inhumanas y esclavistas, según el informe presentado por la Defensoría del Pueblo en julio de 2020.

Alejandra Zambrano, abogada defensora de las y los trabajadores, contó que un grupo de 300 personas, de las más de 1200 afectadas por la empresa, en 2018 se organizaron para llegar hasta Carondelet y la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Quito para exponer su situación. A consecuencia de eso, el ex presidente Lenin Moreno pidió a la ex Secretaría de Gestión Política que “genere mesas de diálogo con los y las trabajadoras de la empresa, creyendo que los reclamos eran estrictamente laboral”, agregó.

“Esas mesas de diálogo no llegaron a ninguna solución”, indicó Zambrano y agregó que lo que sucedió en ese momento fue una división de la comisión de alrededor de 300 personas que se formó para exponer su caso. Furukawa empezó a hacer ofrecimientos y la entrega de supuestas liquidaciones por un valor de “1200 dólares a personas que habían trabajado durante 20 o 30 años, sin contar con aquellas que habían nacido dentro de las plantaciones y empezaban a trabajar desde los 8 años”.

Según Zambrano, algunos trabajadores y trabajadoras de la empresa Furukawa aceptaron esas liquidaciones porque “muchos de ellos están en el total empobrecimiento, además les hicieron firmar documentos donde se comprometían a no demandar el caso”. Esas acciones lograron apaciguar solo a un grupo de trabajadores.

Pero, hubo otro grupo de 123 personas que no estuvo dispuesto a aceptar ese pago que no se ajustaba a todo el tiempo trabajado, y no reparaba la vulneración de derechos que habían sufrido. Es así que, en 2019 nació el Comité de Solidaridad integrado por: la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU; el Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES; la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, CNC-EA; AFRO Comunicaciones; la Fundación Idea Dignidad; la Fundación Surkuna; el Centro Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos; Acción Ecológica; el Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador, OMASNE; la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas, UONNE; la Red Coordinadora de Organizaciones del Norte de Esmeraldas, REDCONE y la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, CEDENMA.

Este Comité acompaña y respalda a las familias que han vivido y trabajado en condiciones de esclavitud [servidumbre de la gleba] en las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y que están exigiendo al Estado Ecuatoriano justicia por la violación sistemática a sus derechos humanos, víctimas del abuso corporativo y la negligencia del Estado Ecuatoriano.

Hoy, hay dos grupos de trabajadores y trabajadoras de Furukawa que buscan ante la justicia ecuatorian que  la acción de protección y medidas de reparación sean para todas las personas que estuvieron en situación de esclavitud, porque el “Estado tiene la oblogación de reparar porque no actuo con diligencia y por eso tambien es responsable y se los demanda”, explicó la abogada.

Proceso legal

En diciembre de 2019, el Comité de Solidaridad presentó una acción de protección y en enero de 2021, el Juez Constitucional, Carlos David Vera Cedeño, en audiencia oral determinó “múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y el Estado Ecuatoriano, después de verificar el sometimiento a «servidumbre de la gleba», una forma de esclavitud moderna prohibida internacionalmente, a varias personas y familias que han vivido y trabajado en sus haciendas cosechando abacá”.

El juez notificó con la sentencia escrita, en abril de 2021  y ordenó la reparación integral para que las familias afectadas puedan cambiar su condición de vida. Pero en el mismo año, la empresa y algunas entidades del Estado apelaron a esa sentencia y el “Estado quedó libre de responsabilidades”, contó Alejandra Zambrano. Aunque la sentencia sigue sin cumplirse totalmente.

Posteriormente,  en junio de 2021, la Defensoría del Pueblo presentó una segunda Acción de protección para 218 personas. El proceso demoró 11 meses y el 05 de mayo de 2022, el juez Stalin Vicente Brito Centeno, del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo, de manera verbal, negó la acción de protección alegando que “no hubo violación a los derechos ni responsabilidad de la empresa ni del Estado Ecuatoriano”, indicó Zambrano.

Mery Tadeo Gonzalón, directora nacional del mecanismo de protección de derechos de personas trabajadoras jubiladas de la Defensoría del Pueblo, agregó que el juez tiene 10 días para presentar su resolución por escrito, después, la Defensoría tiene 3 días para apelar a la sentencia ante la Corte Provincial de Santo Domingo.

A todo esto, se suma que a principios de 2022 ingresaron dos demandas a la Corte Constitucional, una por acción extraordinaria de protección y otra, por revisión del caso. Según la abogada Zambrano, la Corte consideró que era un caso relevante para ser seleccionado y revisado, pero dependen los tiempos que disponga el organismo.

Adicional a eso también hay un proceso penal por trata de personas con fines de explotación laboral en contra de la empresa Furukawa, como persona jurídica, y en contra de Adrián. H., gerente actual de la empresa, y de Marcelo. A., ex gerente.

Reparación y justicia 

Alejandra Zambrano expuso que entre las medidas de reparación que piden las familias afectadas por la empresa japonesa Furukawa y que están previstas en la primera Acción de Protección, se contempla: que la empresa indemnice de manera independiente a cada persona afectada, considerando el total de años trabajados; que al empresa entregue  a cada persona 5 hectáreas de terreno; además, la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador debe pedir disculpas públicas en los diarios de mayor circulación del país.

La sentencia también ordenaba como medidas de reparación que, los Ministerios de Trabajo, de Inclusión Económica y Social y de Salud Pública en sus páginas web emitieran disculpas públicas, algo que ya lo hicieron en 2021. Sin embargo, otras medidas están pendientes, entre ellas, garantizar los derechos a la educación, salud física y mental y la inclusión de las familias afectadas.