por : Ana Acosta @yakuana
Una misión internacional conformada por representantes de organizaciones de derechos humanos de Francia, Canadá, Colombia, parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, visitó Ecuador en enero, para observar la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y elaborar un informe.
Este informe denominado “Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador”, elaborado por la FIDH, junto con sus organismos miembros en Ecuador INREDH y CEDHU, fue presentado en la Universidad Andina Simón Bolívar, con la presencia de decenas de líderes campesinos, indígenas, familiares de personas desaparecidas, organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos.
La Misión Internacional de Investigación que visitó Ecuador en enero, observó la situación de líderes, defensores y defensoras de Derechos Humanos criminalizados por sus actividades de movilización en defensa de sus derechos y territorios, en contextos de implementación de proyectos extractivos y analizó varios casos.
José Arraya, miembro de la FIDH de Chile, dijo que el informe pretende dejar para el análisis “la necesidad de repensar el modelo de desarrollo, ya que hoy la mayoría de los escenarios donde se da la criminalización y hostigamiento a Defensores de Derechos Humanos es en escenarios de desarrollo de proyectos extractivos”
Por su parte Diana Murcia, miembro de FIDH de Colombia, expresó su preocupación por que Ecuador, desde 1998, no cuenta con una Plan Nacional de Derechos Humanos, “el tema de derechos humanos está dentro del Plan Nacional del Desarrollo, eso es un error ya que se aleja de lo que internacionalmente se pide a los países. Ecuador debería elaborar el Plan Nacional de Derechos Humanos adecuándolo a su Constitución, y se lo hace en conjunto con los defensores y las organizaciones de derechos humanos, no lo hace el gobierno solo”
Para este informe se analizaron 3 casos emblemáticos que permiten comprender la situación general de los defensores de derechos humanos en Ecuador. Uno de los casos analizados es el de Javier Ramirez, líder de la comunidad de Junin, en Intag, donde se pretende implementar el proyecto minero a cargo de la Empresa Nacional Minera- ENAMI y la estatal chilena Codelco. Javier después de diez meses de detención fue condenado por delito de rebelión.
Otro caso es el de Pepe Acacho, condenado a 12 años de cárcel por terrorismo, al momento está en libertad a la espera de que la Corte Nacional de Justicia resuelva un recurso de casación interpuesto.
El tercer caso analizado es el de Manuel Trujillo, presidente de la comunidad de San Pablo de Amalí, provincia de Bolívar, donde la empresa Hidrotambo SA construye la central hidroeléctrica San José del Tambo. Manuel fue procesado 30 veces incluyendo cargos que van desde actos de violencia y la destrucción de bienes, hasta sabotaje, terrorismo y rebelión, y que en 2008 obtuvo la Amnistía de la Asamblea Constituyente.
En todos los casos la Comisión evidenció varias violaciones a las garantías judiciales y violaciones a los derechos a la libertad de expresión, participación, organización. Por esta razón varias de las recomendaciones del informe están dirigidas a los operadores de justicia, a los funcionarios públicos, al gobierno y a las empresas.
José Arraya, hizo una observación especial al papel de la Defensoría del Pueblo que se abstuvo de opinar sobre el desplazamiento forzado de los campesinos de Tundayme por parte de la empresa minera china Ecuacorrientes Ecsa “si existe una prohibición de que la Defensoría de pronuncie, esa prohibición debe ser revisada, y si no la hay ¿por qué no lo hacen?” Dijo que le parece extraño que la Defensoría de pronuncie sobre temas como por ejemplo la presencia de militares en un juicio de lesa humanidad, pero que mantenga el silencio frente a otros casos y argumente que no es su competencia.
La comisión entrevistó a funcionarios públicos para cotejar información y de estas entrevistas concluyen que “la labor de defensa de derechos humanos y de la naturaleza es percibida como un ejercicio de oposición política – partidista” Además la Misión pudo documentar “un contexto de reducción del espacio para la acción de la sociedad civil en el que se encuentran las comunidades”
Según Elsie Monge, CEDHU, el informe fue presentado a representantes de la Unión Europea en Bruselas, en Ginebra y en París a relatores de Derechos Humanos. Para el próximo año se prevé la visita de una comisión de relatores de Derechos Humanos, por invitación de las organizaciones, para poder constatar la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Ecuador.
