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Jorge Nuñez:¿Qué ha hecho el Estado para evitar

las condiciones de violencia extrema en las cárceles?

 

 

Por Jorge Cano y Verónica Calvopiña

transcripción de entrevista: Gabriela Peralta

foto de portada: internet – Ecuador comunicación

Publicado 12 de noviembre de 2021

 

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En lo que va de 2021, en Ecuador se han suscitado cuatro masacres al interior de los centros de privación de la libertad. Estos actos de violencia suscitados en los meses de febrero, julio, septiembre y noviembre han evidenciado una crisis carcelaria, que no responde únicamente a la violencia. A más de la violencia interna, el sistema penitenciario atraviesa una crisis económica que se evidencia en problemas de infraestructura, y en el déficit de alrededor del 60% en guardias penitenciarios para el control de las 38 mil personas privadas de libertad en todo el país.

Tras la masacre de septiembre 2021, el gobierno ecuatoriano aprobó un nuevo Estado de Excepción y anunció el destino de un fondo económico para atender las necesidades de los centros penitenciarios. Sin embargo, no es la primera que se aprueba una medida similar. En 2020, el gobierno de Lenín Moreno ya se aprobó una medida similar, sin mayores resultados.

El actual Estado de Excepción terminará el 18 de noviembre, pero el gobierno no logra tener un control total de los centros de detención, donde en los últimos días siguen presentándose disparos, enfrentamientos, agresiones tanto a reclusos como a guías e incluso, la muerte de varios internos sin mayores explicaciones por parte de las autoridades.

Conversamos con Jorge Núñez, antropólogo, miembro de la Alianza Contra las Prisiones y cofundador de Kaleidos, Centro de Etnografía Interdisciplinaria creado en 2018 por la Universidad de Cuenca y Flacso-Ecuador. Esta entrevista fue realizada en el programa Voces y Propuestas.

 

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El presidente Guillermo Lasso, en rueda de prensa del 28 de septiembre, mencionó que, en la masacre dentro de la Penitenciaría del Litoral, no hubo civiles asesinados, refiriéndose como civiles únicamente al personal de logística dentro de las cárceles. Este tipo de declaraciones ¿qué muestra de la visión que este gobierno tiene sobre las personas privadas de la libertad?

Los internos son considerados ciudadanos de segunda clase, entonces, expresar “no murieron civiles” quiere decir, murieron personas que no tienen el mismo estatuto, que no tienen los mismos derechos o no son susceptibles de una tutela del Estado.

Lo que ha hecho el gobierno es tratar de separar a las poblaciones penitenciarias del resto de la población del país. Sobre todo, caracterizarlas como una suerte de organizaciones criminales que se encuentran en una guerra abierta dentro de las cárceles, por un territorio que se expande también a ciertos barrios marginales de ciudades populosas.

Hay un intento de crear una otredad veladamente y, sobre todo, de encerrar el problema carcelario como si fuese un problema de la institución penitenciaria y no un problema de la descomposición del tejido social en el país. Un problema, que no solo lo vemos en el sistema de seguridad, sino también lo vemos en el sistema laboral.

A partir de 2015 se empieza a usar la cárcel ecuatoriana como el centro de inteligencia policial para la seguridad ciudadana en barrios populares.

 

En la misma rueda de prensa, el presidente Guillermo Lasso dijo, “no tenemos el control de las cárceles en este momento” y eso para efectos de la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad es gravísimo, porque se encuentran en estado de indefensión. ¿Qué significa eso para el conjunto de los derechos y para la sociedad?

Mi percepción es que cuando hablamos de que no hay control de las cárceles, debemos también cuestionarnos sobre lo que ha hecho el Estado para crear las condiciones de violencia extrema en la que estamos; es decir, ¿cuándo las cosas se salieron de control? Esto fue una política por parte del Estado.

A partir de 2015 se empieza a usar la cárcel ecuatoriana como el centro de inteligencia policial para la seguridad ciudadana en barrios populares. Esto lo hemos llamado como la expansión de la frontera penitenciaria, lo que significa que se empezó a tratar y a controlar barrios pobres como si fueran pabellones de cárceles. Es el propio Estado el que empieza a dar legitimidad a lo que llama ahora, las bandas delictivas y ¿cómo se da legitimidad?, por ejemplo, se empieza a aglomerar a todas las personas que se identifican con un grupo en un pabellón, se empiezan a dar ciertos privilegios a esos grupos en función de conseguir, lo que la misma policía ha llamado, una suerte de guerra tibia o paz a medias. Es decir, ciertos acuerdos de convivencia dentro de las cárceles, donde realmente el único interlocutor que tiene el Estado y el gobierno en este momento, son estos grupos.

Pero eso fue decisión del Gobierno, no fue una decisión de los internos de las cárceles. De hecho, antes de 2014, hubo muy buena organización dentro de las cárceles ecuatorianas a través de los comités de internos de cada uno de los centros de reclusión. El trabajo que ellos hacían era básicamente mantener la paz. Lo que enseñaron estos comités y lo que enseñaron las personas que vivían en ese tiempo tras las rejas, era que evitar la violencia es un trabajo cotidiano que toma muchísima energía, y tiene que estar atado a un sentido de vida más amplio.

¿Qué se hizo a nivel de política penitenciaria? Por ejemplo, se creó este nuevo sistema de visitas que es el extremo confinamiento, es completamente absurdo, hay situaciones de gente que recibe una hora de visita al mes. Las cárceles antes de la reforma tenían tres días de visita, las familias iban tres veces a la semana. Entonces la población penitenciaria, los días que no estaba la familia, estaba limpiando las cárceles para cuando lleguen sus hijos, sus madres, sus esposas. Además, había una posibilidad de tener negocios propios o emprendimientos prisioneros, y eso quiere decir, que los días de visita eran los días de venta. Entonces, había un propio autocontrol, un autogobierno de la violencia que era mucho más efectivo.

Actualmente, el problema es que, en las cárceles, la corrupción ha crecido muchísimo y las cárceles se han vuelto carísimas porque están afuera de las ciudades. Son ahora las familias, las que mantienen al interno; antes el interno podía incluso mantener a sus familias. En el estudio de Kaleidos, hicimos una encuesta a los familiares de las personas privadas de libertad, donde se estima que una familia gasta entre 120 y 240 dólares mensuales. Es decir, de uno tercio a dos tercios de un salario mínimo vital para mantener a una persona dentro de una cárcel. Ahora, el 85% de quiénes corren con ese gasto son mujeres que pertenecen al trabajo precario.

Entonces cuando Guillermo Lasso dice que no tiene control sobre las cárceles, yo estoy de acuerdo, no lo tienen porque tomaron una serie de decisiones en las cuales dejaron de hablar con los familiares de los internos y dejaron de pensar en la cárcel como un momento en donde toda esa gente tiene que salir, y convirtieron estas cárceles en bodegas humanas, extremadamente violentas.

 

¿Qué otros factores podrías tú avizorar que incrementan la vulneración de los derechos en el sistema penitenciario?

Uno de los problemas fue empezar a negociar con grupos que se autodenominaban con uno u otro nombre y ellos mismos decían que trabajaban para uno u otro cartel. El rato en que tú legítimas esos grupos, el rato en que esos son los grupos que gestionan la vida cotidiana dentro de las cárceles, básicamente lo que haces es dejar secuestrados al resto de privados de libertad a merced de estos grupos.

Antes de la reforma también había violencia en la cárcel ecuatoriana, pero era una cárcel menos violenta, una cárcel en la que no veíamos los excesos o la extrema violencia que estamos viendo. Lo que debemos entender en las últimas tres masacres es que son ciclos de extrema violencia que responden muchas veces a la reorganización de la clasificación de los internos.

Cada masacre, tanto en las cárceles de Brasil como en las cárceles ecuatorianas, como en el campo colombiano o en las ciudades mexicanas tienen su propia historia y sus propias geografías y lo que necesitamos es tratar de entender y decodificar esas masacres y ver cómo se dan en el contexto específico de la cárcel ecuatoriana. Hay una extrema violencia que circula en vídeos, sobre todo en WhatsApp y en otras redes sociales que necesitamos entender. Entonces, yo creo que nos hace falta un estudio sobre este ciclo de masacres, de las tres masacres que hemos tenido en el Ecuador.

– Como ciudadanía no nos estamos dando cuenta que esa tanqueta que entró en la Penitenciaría del Litoral, muy pronto va a estar en las calles de un barrio.

 

¿Cómo hacer que la crisis del sistema carcelario, no sea solamente un tema de seguridad donde socialmente se termine justificando la violencia más extrema?

Lo que me ha sorprendido en esta última masacre es que veo una sensibilidad también de la ciudadanía, una indignación, una rabia y una frustración, más que en la segunda masacre. En la segunda masacre hubo cierta indiferencia. La primera fue el primer show, la gente no sabía cómo responder. Lo que ha sido constante es que cierta parte de la ciudadanía, dice “déjenlos que se maten entre ellos, voten las llaves y que ahí se mueran”, y creo que eso también responde al dolor que está pasando la ciudadanía y cómo la población penitenciaria se convierte en una suerte de chivo expiatorio.

Debemos recordar que no solo es la crisis del Covid-19, sino la respuesta al desmantelamiento completo del Estado y a la destrucción de las economías que estamos atravesando. Como vemos, las respuestas son más desigualdad. Yo creo que la población penitenciaria, para ciertos sectores de la ciudadanía, es lo suficientemente diferente para decirse que no son ellos, pero lo suficientemente cercana también para reconocer en ellos ciertas características de ser ecuatoriano o de lo que es el país.

Y obviamente, también debemos ser conscientes de que, en el Ecuador cada vez, los grupos reaccionarios y de extrema derecha están creciendo con unas estéticas bastante raras y contemporáneas. Entonces, también hay un discurso completamente fascistoide, que es peligroso y que encuentra ecos en las autoridades.

La militarización de las cárceles es un paso anterior a la militarización de la ciudad. Creo que como ciudadanía no nos estamos dando cuenta que esa tanqueta que entró en la Penitenciaría del Litoral, muy pronto va a estar en las calles de un barrio. Eso es algo que va a pasar, porque cada vez tenemos esta actitud marcial, hipermasculina.

 

Desde la Alianza Contra las Prisiones, ¿qué puntos se han visto como fundamentales y urgentes?

A mí me parece extremadamente preocupante que se habló de 75 millones de dólares en un inicio, ahora son 24 millones de dólares para repotenciar la Penitenciaría del Litoral. Se tienen tres elementos, el uno es tecnología; el segundo es crear una cárcel de máxima, que no es otra cosa que crear un calabozo a nivel nacional y ahondar el problema de la violencia a través de los traslados y el tercero es que siempre que se habla de falta de personal, de guías, cuando tenemos un problema de que hay 66 o 67 psicólogos para toda la población penitenciaria y un déficit como de 2000 funcionarios en términos de lo que es tratamiento.

Tampoco hemos cuestionado y no estamos hablando, del fracaso del modelo de cero ocio que es el que se intentó imponer entre 2007 y 2017. También, no se está hablando seriamente o críticamente de lo que entendemos por rehabilitación, es decir, qué va a hacer la gente que sale.

Desde la Alianza Contra las Prisiones y desde Kaleidos nos parece un despropósito que se gaste todo el dinero en construir más espacio penitenciario, que se va a llenar. También nos parece un despropósito que se gasten toda la plata en corporaciones privadas de tecnología. Las cámaras en el expenal García Moreno se instalaron y al año, estaban viendo hacia las paredes; las cámaras en Latacunga sirvieron hasta que, en 2006, capturaron a la policía torturando internos, de ahí según los propios funcionarios, esas cámaras fueron desactivadas por la burocracia, no destruidas por los internos en los motines.

Entonces, este control, a través de la visualidad, ha fracasado completamente y ha fracasado. La paz no se mantiene vigilando a la gente a través de cámaras. La paz se mantiene a través de abrir las cárceles para que vuelvan las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales y las familias; de permitirle a la gente que pueda generar unos recursos mínimos para sobrevivir el canasto, sobrevivir la temporada que va a estar en la cárcel.

Nos falta un poco de sentido común y un acercamiento mucho más pragmático y real a la situación carcelaria.