tomado de Colectivo de Geografía Crítica Ecuador
publicado originalmente 26 mayo 2016
Introducción
El terremoto que golpeó la costa ecuatoriana la noche del 16 de abril, según muchos, fue un desastre natural de considerables proporciones. Los recuentos finales hablan de 661 fallecidos, 6.274 heridos y más de 28.000 personas en albergues (Secretaría Nacional de Riesgos, 16 de mayo de 2016)[1]. Ciertamente, el terremoto fue producto de un fenómeno natural que es el movimiento de las placas que conforman la corteza terrestre. La tierra tiembla, las casas se caen. ¿Es así? Sin duda, dependiendo de la intensidad del movimiento y su trayectoria, así como de otras variables como el tipo de suelo o la inclinación del terreno, habrán poblados más afectados que otros. El terremoto golpeó diferencialmente: mientras un barrio de Manta –Tarqui- se destruyó casi por completo, el resto de la ciudad resistió mejor. Canoa y Pedernales, dos poblados que crecieron vertiginosamente por la explosión del turismo masivo fueron terriblemente afectados. Sin embargo, edificaciones aquí y allá resistieron y el factor común parece ser los materiales, las formas de construcción y dónde se construye.
Desde el Colectivo sostenemos que los factores que aumentan la vulnerabilidad de determinadas poblaciones a un fenómeno natural como un terremoto, un huracán, una erupción volcánica, están asociados a factores estructurales como la pobreza, la injusticia, la inequidad. La gente que analiza el tema de riesgos y desastres habla de que el riesgo de una población a ser afectada es un producto de las amenazas naturales a las que está expuesta en combinación con su nivel de vulnerabilidad frente a esas amenazas. El desastre se produce cunando éstas confluyen en un período de tiempo determinado[2]. Nos parece entonces que los procesos de empobrecimiento y despojo derivados del modelo de desarrollo capitalista intensifican la vulnerabilidad de la población frente a las amenazas y aumentan la intensidad de los desastres. Es decir, son factores sociales los que transforman un fenómeno natural en un desastre socioambiental.
¿Cuáles son esos factores? ¿Y, una vez ocurrido el desastre, qué otros factores pueden incidir para que una población se recupere de manera justa y ecológica? ¿Cómo asegurar una reconstrucción justa y ecológica desde abajo y que impida que sea el capital el que lidere la reconstrucción?
En un contexto de múltiples disputas que se expresan sobre el territorio, consideramos que el terremoto es un gran proceso de desterritorialización de la vida: pérdidas humanas, barrios que se han venido abajo, comunidades en las que la normalidad tardará en volver. Nosotros y nosotras pensamos que mediante un proceso de reconstrucción justa y ecológica desde abajo es posible una reterritorialización de las relaciones sociales y económicas que lleve a superar las desigualdades e injusticias del modelo territorial actual y que le dispute el espacio al capital.
En este documento proponemos, por ahora, cinco categorías que nos permitan analizar la zona afectada por el terremoto para plantear elementos claves para un proceso de reterritorialización que se consolide y se fortalezca frente a la reconstrucción capitalista. En el camino también estamos desarrollando las variables que darían cuerpo al análisis y las formas de recolección de sus indicadores correspondientes, ya sea a través de fuentes secundarias o de trabajo en terreno.
Temáticas clave
El peligro de nuevos cercamientos y desplazamientos
La crisis posterior al terremoto supone la desaparición de gran parte del tejido productivo, sobre todo en los territorios urbanos. La dependencia del trabajo asalariado en la zona vuelve vulnerables a los pequeños negocios, sobre todo en el sector de servicios, si bien algunos pequeños emprendimientos, que tienen materias primas de fácil acceso y mano de obra familiar, se han recuperado. Sin embargo, se hacen urgentes medidas que tomen en cuenta la mayor vulnerabilidad de los sectores populares más proletarizados, pues la sobreoferta de mano de obra puede precarizar aún más sus condiciones.
La reconstrucción de infraestructura es la forma más visible de generar despojo en el territorio. La experiencia chilena nos habla de varios tipos de desplazamientos a los que debemos prestar atención: desplazamiento por condición de clase en zonas declaradas de riesgo, vía expropiación por parte del Estado; desplazamiento por el modelo subsidiario de construcción de viviendas sociales o gentrificación apoyada por el Estado; desplazamiento de los no propietarios, que en muchos casos no pueden contar con los subsidios de reconstrucción – este desplazamiento tiene el agravante de ser invisibilizado; desplazamiento por el mercado o gentrificación post desastres, cuando el mercado del suelo se liberaliza; por último un tipo doblemente preocupante, desplazamiento de no damnificados, aprovechando la oportunidad de la reconstrucción, en zonas estratégicas con potencial inmobiliario o turístico[3].
Ocurre algo similar en las zonas rurales: la pesca después de un terremoto se reduce notablemente, lo que afecta gravemente a la pesca artesanal, una de las principales actividades de la costa ecuatoriana. Este empobrecimiento deja a las familias campesinas en una situación de vulnerabilidad de la que distintos capitales pueden sacar rédito. Por un lado, especuladores de tierras tienen la posibilidad de conseguir predios a un precio muy bajo por la necesidad económica de las familias y sus comunidades; por otro lado, capitales turísticos pueden ingresar a lugares de su interés en medio de este contexto. El tipo de turismo de la costa ecuatoriana ha sido hasta el momento poco concentrado, con megaproyectos hoteleros como Decameron relativamente recientes. Por último, también han saltado las alertas respecto a las empresas camaroneras, que han sido una de las principales fuentes de despojo de las comunidades que habitan el manglar, y que aprovechan este contexto para comprar y despojar a los campesinos y campesinas de las tierras que les resultan atractivas para sus intereses. La acción del Estado está siendo nula a este respecto, e incluso ha activado planes como el de Muisne, donde a propósito de las múltiples amenazas naturales a las que está expuesta la zona, se quiere desalojar a los habitantes de la isla para crear una reserva natural estatal en un proceso que desalojará a los habitantes de la isla que no tienen propiedad sobre la tierra.
Una reconstrucción a favor de la “dinamización del sector productivo” a costa de quienes habitan los territorios, y que no tenga en cuenta estas tensiones latentes sobre la Costa generadas por el capital, solamente va a acelerar las inequidades y los despojos que ya se venían produciendo.
Soberanía alimentaria
El gobierno está asegurando la seguridad alimentaria a través de la entrega de kits de alimentos. En el mismo informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) del 16 de mayo, reporta la entrega de un total de 98.494 kits entre el 17 y el 20 de abril. Si bien esta es una medida que permite atender la emergencia post terremoto, debemos poner especial atención en el tema de la soberanía alimentaria, definida por la Vía Campesina en términos de la capacidad de los pueblos para producir y consumir alimentos sanos, diversos, con pertenencia cultural y pertinencia ecológica, no está en su agenda. La soberanía alimentaria va más allá de asegurar el acceso a alimentos (seguridad alimentaria) y no es una prioridad actual.
La soberanía alimentaria está directamente relacionada con la tenencia de la tierra y la posibilidad de que las familias tengan una producción diversa que permita la producción de sus alimentos básicos. Puede ser un elemento central para la resiliencia de las comunidades en periodos donde el comercio de alimentos está inactivo. Así, la soberanía alimentaria se ve afectada por los procesos de despojo territorial y desarticulación social señalados antes, que inciden en el tejido productivo. Sin embargo, recuperar la capacidad de la gente de producir y/o consumir alimentos de forma soberana es parte esencial de la reconstrucción justa y ecológica.
Para ello, en las ciudades se requiere asegurar el empleo pleno y acceso a mercados con menos intermediarios para acceder a alimentos sanos y suficientes. En el sector rural es urgente controlar la especulación de tierras y asegurar que la población pueda permanecer en sus territorios, y si tienen que salir de manera inminente, que sea mediante procesos acordados que les garanticen el restablecimiento de sus sistemas de vida, no con violencia y peor sin consulta. También tomar medidas que incentiven la producción familiar campesina orientada al consumo local, que promuevan la diversidad de cultivos, así como la conservación y el intercambio de semillas, que impulsen procesos de recuperación de prácticas agrícolas, el acceso al riego, y que aseguren el acceso a mercados justos y solidarios.
Sobre todo, es necesario cambiar el modelo agrario en la Costa, que cuenta hoy con una estructura productiva destinada fundamentalmente a la agroindustria, con un tejido social y organizativo (familias campesinas y productores) debilitado por la presencia del capital agroexportador (exceptuando algunos casos puntuales). Es necesario monitorear el grado de avance de la agroindustria durante el proceso de reconstrucción, dado que estas empresas pueden aumentar su control sobre el territorio, es decir, re-territorializar a su favor. Este proceso de monitoreo requerirá de la movilización social, toda vez que el plan del gobierno actual es a todas luces profundizar el modelo actual, paradójicamente enmarcados en la propuesta de “cambio de la matriz productiva”.
De todas formas, en la Costa existen iniciativas campesinas de producción ecológica y comercialización justa y solidaria, que debemos identificar, sostener y apoyar, y desde las cuales expandir un contra-modelo. Como Colectivo estaremos acompañando a dichas iniciativas.
Violencia machista y cuidados
Los eventos catastróficos generan una crisis de la reproducción social. Como tal, las mujeres son afectadas de manera diferenciada, al ser ellas las que sostienen las labores de reproducción, y entonces pueden ser sujetas de hiperexplotación de su trabajo, ya que son requeridas como proveedoras en medio de la catástrofe.
Por otro lado, se da una agudización de la violencia machista. Durante estas crisis, los cuerpos de mujeres, niños y niñas son extremadamente vulnerables. Por ejemplo, en Haití luego del terremoto de 2010, la violencia de género aumentó en los albergues y refugios, que no son espacios seguros para mujeres, niños y niñas, donde las violaciones y el acoso sexual son muy comunes. Es necesario, por tanto, generar espacios seguros y tejido social de apoyo entre mujeres, así como sistemas de seguridad informales. Campañas como ‘¡Pita Fuerte!’, que reparte silbatos entre niñas y niños, están proveyendo una mínima salvaguarda para las personas con más vulnerabilidad respecto al patriarcado. Pero son necesarias medidas de mayor contundencia en ambientes improvisados de campamentos que se van a alargar meses, incluso años.
En todo caso, se debe poner en movimiento solidaridades y voluntades para evitar que la discriminación por género y la violencia machista se profundicen. Además, considerar diferencias por etnia, pues para las mujeres mestizas la experiencia del terremoto es muy distinta que para las mujeres Épera, montubias o Afro, en base sobre todo a la discriminación y las inequidades que vivían antes del terremoto.
Durante la reconstrucción se incrementa la invisiblización de las mujeres, dado que por lo general quienes están manejando los esfuerzos de reconstrucción son hombres en las organizaciones barriales, comunales, ONG’s, Estado, sector privado, etc. Esto es así aún cuando su participación en los procesos de reconstrucción es crucial, por tanto hay que valorar y visibilizar el trabajo de cuidado y productivo (¿?) de las mujeres. Por ejemplo, una participación activa de las mujeres en el diseño de las viviendas que están siendo construidas por numerosas iniciativas de reconstrucción ecológica, puede cambiar el uso de espacio cotidiano para ellas, que podría llevar a un cambio en las relaciones de género. Por todo ello, es imprescindible la organización de las mujeres, donde puedan encontrar y compartir sus experiencias sobre lo que está pasando. No solamente por canalizar mejor la ayuda y organizar el cuidado, o para visibilizar las necesidades inmediatas, sino también para reflexionar y decidir sobre el largo plazo.
Control territorial y el rol del Estado
El informe de la SNGR al que hemos hecho ya referencia, reporta que luego del terremoto se declaró Alerta Roja en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. También se declaró el ‘estado de excepción’ en todo el territorio ecuatoriano para “responder al desastre y precautelar el orden”. El informe señala que hasta ahora se han movilizado 14.508 militares y 8.827 miembros de la policía nacional a la zona de desastre. Es decir, las zonas afectadas por el terremoto viven una suerte de militarización y, de ese modo, de reforzamiento de la territorialización del Estado.
Como mencionamos al inicio, la ocupación material del espacio puede ser la primera fase de un proceso de desplazamiento de la población local a favor de capitales inmobiliarios, turísticos o de agroindustria. También puede usarse como mecanismo de desmovilización de resistencias existentes antes del terremoto, o como proceso de proletarización de trabajadores autónomos para ser explotados en las nuevas o renovadas iniciativas capitalistas que se asienten en la zona. En cualquier modo, el control territorial es vital, y en este caso es legitimado por el discurso de la seguridad y del riesgo, como pasó en el año 2005 en Nueva Orleans después del huracán Katrina, donde la población fue tildada de terrorista por querer romper la seguridad establecida militarmente para volver a sus hogares[4]. Así, el terremoto puede tornarse en la excusa para una territorialización forzada del estado para continuar con sus planes de desarrollo, que sin duda encontrarán resistencia.
Cohesión y organización social, ¿quién liderará la reconstrucción?
La reconstrucción no puede estar liderada por el sector privado y sus intereses particulares de acumulación, en detrimento de los intereses territoriales de los habitantes de Manabí y Esmeraldas. Debemos estar alertas de que la reconstrucción no sirva de excusa para expulsar a la población empobrecida de la ciudad o de los bordes costeros, como ocurrió en Nueva Orleans, sino que sea una oportunidad para reconstituir los tejidos sociales. Para ello, es indispensable primero garantizar la desmilitarización de la zona y permitir el regreso de la gente a sus zonas de origen. Solamente de esta manera se generarán procesos de organización y resistencia al desplazamiento y reconstrucción capitalista. Existen numerosos casos que demandan, además del derecho a la vivienda y a la tierra, el derecho a permanecer en sus territorios. En Chile, dos experiencias a nivel nacional (Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa y Federación Nacional de Pobladores de Chile[5]) pueden darnos pautas del proceso[6].
Las organizaciones locales re-constituidas o que emerjan a partir del terremoto tienen dos vías: así como ocurrió en Tepito, Ciudad de México, luego del terremoto de 1985, la población no abandonó la zona y se negó a dejar entrar a la policía, comandó la reconstrucción. O como ocurrió en Dichato, Chile, donde la constante movilización social logró que la mayoría de casas fueran reconstruidas en las áreas originales, en la zona costera. Por poner un ejemplo de lo que se podría hacer en Ecuador, la población de la isla de Muisne, podría pasar a administrar una reserva comunitaria, para turismo comunitario, a la par que reconstruye su vida en espacios territorios menos vulnerables
Claro está que muchas organizaciones locales y comunidades precisan de alianzas que posibiliten su liderazgo en la gestión del proceso de reconstrucción. Lejos de regresar a una utopización de lo local, de lo que estamos hablando es de la oportunidad existente para que los actores locales puedan salir fortalecidos con el apoyo de instituciones y organizaciones que quieran sumarse a este proceso. Ponemos sin embargo un especial énfasis en monitorear los vínculos que puedan surgir con las instituciones del Estado y otros actores oportunistas que puedan profundizar los procesos de mercantilización y despojo.
En suma, proponemos asumir la crisis post-terremoto como una oportunidad para cambiar el orden y los sistemas de género, el modelo agrario, las relaciones de poder en los territorios, y sobre todo, para reconstituir el tejido social, que tras 10 años de gobierno de Alianza País, se encuentra desarticulado pero en efervescencia. Proponemos controlar bajo principios comunitarios y ecológicos la re-territorialización de las zonas afectadas.
Notas:
[1] Este y todos los informes producidos por la SNR están disponibles aquí: http://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-terremoto-magnitud-7-8/
[2] UNISDR-GAR (2009) Informe de Evaluación Global sobre la Reducción de Riesgo de Desastres: “Riesgo y Pobreza en un Clima Cambiante”. Invertir hoy para un Mañana Seguro. Reino Unido.
[3] Claudio Pulgar Pinaud. 27F ¿La reconstrucción como ejercicio de derechos u oportunidad para el lucro? Le Monde Diplomatique edición chilena. Disponible en: http://www.lemondediplomatique.cl/article2723,2723.html
[4] Caffentzis, George (2016) Acts of god and enclosures in New Orleans. Disponible en: http://www.metamute.org/editorial/articles/acts-god-and-enclosures-new-orleans
[5] MNJ: http://reconstruccionjusta.blogspot.com/ ; FENAPO: https://sites.google.com/site/elscriptoriumhumanista2014/federacion-nacional-de-pobladores-de-chile-fenapo
[6] Claudio Pulgar Pinaud (2014) A cuatro años del 27-F: ciudades neoliberales y vulnerables. Disponible en:
http://fauopina.uchilefau.cl/a-cuatro-anos-del-27-f-ciudades-neoliberales-y-vulnerables/
