Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Docentes exigen medidas de seguridad e infraestructura básica en escuelas públicas para el retorno a clases presenciales

 Por: Equipo Wambra Medio Digital Comunitario @wambraec

Dirigentes de la Unión Nacional de Educadores, UNE, exhortaron a las diversas instituciones del Estado, para que el retorno a los centros educativos no represente un riesgo de contagio para estudiantes y profesores. En Ecuador existen 16mil centros educativos, sin embargo solo 1.301 cumplen con los requisitos que exige el COE nacional para el retorno a las aulas.

Isabel Vargas, Presidenta Nacional de la UNE, mencionó que al momento las instituciones educativas públicas no cuentan con infraestructuras adecuadas, en algunos casos, incluso falta agua potable y baterías sanitarias. Esta situación según la UNE se produce por la reducción de cerca de 90 millones de dólares, en el presupuesto destinado a la educación, en 2020. Estos recortes, según Isabel Vargas, no terminaron y en 2021 hubo un nuevo recorte al presupuesto. Para el dirigente y docente Andrés Quishpe, esto convierte a la educación en un privilegio puesto que el 60% de instituciones autorizadas por el COE para el regreso a clases presenciales, son de carácter privado.

Sobre la vacunación, Quishpe mencionó que apenas el 85% de los 161 mil maestros a nivel nacional, cuentan con la primera dosis de vacunación, y de estos, solo 15mil tienen aplicada la segunda dosis, lo que implica un riesgo para docentes, estudiantes y sus familias, aseguró. La UNE recordó que las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, ya recogen medidas para el regreso a clases presenciales y aseguraron que el Decreto 57 solo contiene cinco ejes y 20 acciones, repitiendo lo que por ley ya estaría garantizado. Para las y los dirigentes, esto demuestra que la Ley es acertada porque garantiza no solo derechos laborales al sector docente, sino también cuenta con un presupuesto para implementar medidas de bioseguridad, apoyo psicológico necesario como medida de reparación, para el retorno de departamentos médicos a las instituciones educativas. Por estas razones, la UNE ratificó la necesidad de que la Corte Constitucional termine con las medidas cautelares que suspendieron la vigencia de la LOEI, ya que estas reformas se debatieron en el contexto del COVID y recogen medidas medidas para esta necesidad.

En entrevista para Wambra medio Digital Comunitario, Sybel Martínez, Vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, mencionó sobre este tema, que en el país “no se ha podido resolver temas muy importantes como la vacunación, la infraestructura educativa que es un tema pendiente de todos los gobiernos. En las escuelas del quintil más bajo la provisión de agua potable llega al 60%, en cuanto a servicios sanitarios bordea el 80% lo que quiere decir que no todas las escuelas tienen la posibilidad real de adoptar prácticas de higiene que aminoren el riesgo de contagios”. Además señaló que la OMS establece una distancia mínima de dos metros entre estudiantes, lo que reduciría la capacidad de las aulas de clases: “Hemos sido negligentes, y no hemos podido resolver lo que ya en un año y medio debíamos hacer,  que era políticas públicas de protección para los niños”

Según la Unión Nacional de Educadores, 2 de cada 10 estudiantes en el país no tienen acceso a aparatos tecnológicos para realizar sus estudios, y existen más de 500 mil estudiantes que quedaron fuera del sistema educativo. Al respecto Quishpe mencionó: “Estamos conscientes que la única forma de frenar el abandono de las aulas es abriendo las mismas, pero eso implica cuidar la vida y blindar la escuela pública”.

Kleber Hidalgo, dirigente de UNE, por su parte anunció que el próximo 10 de junio se realizará una movilización nacional en Quito y en las provincias, al que se sumarán sectores como el Frente Unitario de Trabajadores y la Ecuarunari, entre otros sectores sociales, en respaldo a estos pedidos para de la educación.