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Dicaro busca acuerdo que repare contaminación y socialice extracción en bloque 16

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 16 de enero de 2023

La empresa pública Petroecuador, a través de un comunicado, dijo que la medida de hecho ejercida por la comunidad Waorani de Dicaro desde el 25 de diciembre de 2022, en los bloques petroleros 16 y 67, se levantó tras negociaciones. Sin embargo, Xavier Solis, abogado de la Fundación Alejandro Labaka, quien acompaña este caso, asegura que la comunidad dio a la empresa un plazo de tres días para que ingresen y hagan mantenimiento de las instalaciones petroleras y para que levanten información de las necesidades de la comunidad de Dicaro.

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La comunidad Waorani de Dicaro, desde el 25 de diciembre de 2022, se declaró en resistencia pacífica en su territorio comunitario, el cual aseguran, fue posesión de sus antepasados, donde vivían en familias ampliadas, las cuales se constituyeron en comunidades. La medida de resistencia por parte de la comunidad, responde a la falta de transparencia en la información sobre las operaciones de la empresa petrolera Repsol que se realizaron en este territorio por más de 20 años. La extracción petrolera en Dicaro se hizo además sin consulta previa, libre e informada como manda el artículo 57 de la Constitución.

Según un boletín de prensa, en la comunidad de Dicaro, la explotación petrolera empezó desde 1985 y hasta la actualidad las empresas petroleras: Conoco, Maxus, YPF, Repsol y Petroecuador no han respetado el derecho a la consulta. Además no les han brindado información en relación a los planes de relaciones comunitarias y licencias ambientales. Fue a través de medios de comunicación y “de rumores” cómo la comunidad se enteró que en 2022, la empresa Repsol, que cambió su nombre a Petrolia, y operaba en el bloque 16, se retiró del territorio.

Para Milagros Aguirre, editora general de Abya Yala, el problema de la comunidad con Repsol es bastante complicado, porque tanto “la organización Waorani, NAWE, como las comunidades del bloque 16, dependen económicamente de la empresa petrolera”. Esta relación es resultado de un acuerdo de “amistad, respeto y apoyo mutuo”, que en primer momento, se firmó con la empresa Maxus en 1993 y posteriormente con Repsol, pero que terminó creando en las comunidades “dependencia de la compañía”. 

La comunidad no solo ha sido inconsulta, sino también ha sido restringida del acceso a la información sobre lo que sucede con las empresas petroleras en su territorio; solo a través de comunicados públicos, Dicaro conoce que desde el 01 de enero de 2023, la empresa Petroecuador ingresaría a la comunidad para explotar el bloque petrolero 16, después de que Repsol dejó de operar en la zona. El ingreso de Petroecuador se realiza nuevamente sin consultar a la comunidad.

Esto llevó a Dicaro a protestar por el incumplimiento a sus derechos, radicalizando la medida desde el 25 de diciembre de 2022 y permaneciendo en resistencia por más de 45 días de manera pacífica. Sin embargo, su lucha fue estigmatizada y criminalizada por parte de la empresa Petroecuador. Según denunció la comunidad, el 27 de enero, Petroecuador los denunció por “supuesto sabotaje” y al poco tiempo de esa denuncia, el Ministerio de Energía y Minas y la Gobernación de Orellana invitaron a la comunidad a un diálogo que se llevó a cabo el 09 de febrero; sin embargo, el 01 de febrero “ingresó un contingente de policías antimotines, judiciales y de inteligencia a nuestro territorio, pretendiendo el ingreso de los petroleros”, mencionan en un comunicado. La excusa de las autoridades para la entrada de la fuerza pública fue que en días posteriores se desarrollarían las elecciones seccionales. 

La comunidad buscó reunirse y dialogar con funcionarios de la empresa petrolera Petroecuador y del Ministerio de Energía y Minas, pero no tuvieron ninguna respuesta favorable. Hasta que, el 15 de febrero, Petroecuador dijo que tras negociaciones, la medida de hecho de la comunidad Dicaro se levantó en los bloques 16 y 67, como resultado de mesas de trabajo y de varios días de diálogo, liderados por equipos multidisciplinarios del Ministerio de Energía y Minas, Petroecuador y otras entidades.  

Sin embargo, Xavier Solís, abogado de la Fundación Alejandro Labaka, quien acompaña este caso, asegura que la comunidad no ha levantado la medida de hecho, solo dio un plazo de tres días a Petroecuador para que ingrese y haga el mantenimiento de algunas instalaciones. En este tiempo, también deberá entrar un equipo técnico que recoja información sobre las necesidades de la comunidad. 

“Hay que aclarar que esta gestión de acercamiento no es una gestión realizada por ningún ministerio, ni ninguna entidad pública. Ha sido realizada por los propios dirigentes de la comunidad, en vista de la incapacidad de respuestas por parte de las instituciones del Estado a sus exigencias y demandas”, señala Solis.

Las demandas de la comunidad son dos en específico: la responsabilidad del Estado con la contaminación ambiental como consecuencia de la explotación petrolera que realizó la empresa Repsol y el proceso de consulta previa, libre e informada que debió realizar Petroecuador al conocer que empezaría sus funciones desde el 01 de enero de 2023, en el bloque 16.

Asimismo, Petroecuador y el Estado deben socializar a la comunidad de Dicaro sobre los beneficios que tendrían si continúa la explotación petrolera en su territorio, pues durante 38 años de explotación, los derechos de la nacionalidad Waorani han sido vulnerados e irrespetados. De hecho, la comunidad, menciona que con las actividades petroleras “hemos visto el riesgo de desaparecer por la contaminación, enfermedades, falta de servicios básicos, aculturación traída por las empresas petroleras acelerando la pérdida de valores de la cultura”.

Si en el plazo de esos tres días, la comunidad no llega a ningún acuerdo o resolución con Petroecuador y el Estado, continuará con su medida de hecho. 

Para Solís, lo que atraviesa la comunidad Waorani de Dicaro, responde a un proceso histórico de olvido por parte del Estado, de racismo, discriminación y de esa visión de que “las comunidades piden privilegios. Durante todos los años de explotación petrolera, los más sacrificados han sido los pueblos indígenas. En el caso de Dicaro, que es de reciente contacto, ha sido uno de los más sacrificados para la construcción de carreteras, de infraestructura para todo lo que hoy se llama el Ecuador moderno”.

Lo que le queda al Estado es atender a estos pueblos, de no ser así, cuando el petróleo se acabe, los pueblos indígenas quedarán nuevamente en el olvido, con la contaminación de sus territorios y enfermos, explica Solís. 

Mientras la comunidad busca resolver este conflicto, hacen un llamado a las organizaciones de derechos humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU para que se mantengan atentos a los hechos suscitados en su relación con Petroecuador y la acción del gobierno ecuatoriano.