DERECHOS
¿Es la solución penalizar a niños y niñas involucrados en delitos?
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 07 de marzo de 2023
El Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 52, numeral 5, prohíbe la publicación y exhibición de imágenes y el nombre de menores de edad acusados o sentenciados por delitos o faltas. Sin embargo, un medio de comunicación digital, el pasado 05 de marzo de 2023, publicó la fotografía de un niño, menor de 14 años, quien presuntamente habría participado en un asalto a mano armada en la provincia de Los Ríos. La fotografía fue difundida en redes sociales, sin precautelar la dignidad del menor de edad.
Días después, la Policía Nacional y el Comando Policial del distrito Quevedo-Mocache aseguraron que el niño de la foto no fue aprehendido. Al momento, no se ha podido saber quién era este niño ni el origen de la fotografía.
Sybel Martínez, directora del Grupo Rescate Escolar y María José Machado, abogada y parte de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, explican por qué es un delito difundir fotografías de menores de edad y por qué los niños, niñas y adolescentes no pueden ser imputados.
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Un medio de comunicación digital difundió una noticia sobre la detención de un menor de edad, quien presuntamente habría participado de un asalto a mano armada en Quevedo, provincia de Los Ríos. La fotografía del niño se difundió masivamente en redes sociales. Pero al poco tiempo, el coronel del Comando Policial del distrito de Quevedo, Darwin Guevara, dijo que nunca hubo la detención de este niño por parte de los agentes policiales, por tanto, aseguró que la información difundida es falsa.
Pero aunque la noticia es falsa, la imagen del niño parece ser verdadera. El portal Ecuador Chequea, tomó la fotografía del menor y la paso por la herramienta Fotoforensics, un verificador de imágenes, y el resultado fue que la fotografía no ha sido modificada y no hay ninguna otra foto que tenga similitud con la foto de la publicación original. Sin embargo, se desconoce el contexto de esta fotografía, así como el nombre del niño y la ciudad de dónde procede.
Para Sybel Martínez, directora de Grupo Rescate Escolar, es importante la integralidad de los niños y niñas; por ende dice, hay que cuidar de su reputación, su honor, su imagen y su libertad personal, al momento de decidir si quiere o no que su fotografía sea difundida. Algo que no pasó cuando se difundió la fotografía del niño acusado de participar en un asalto, donde se lo estigmatizó y no se respetó su presunción de inocencia y reserva, además del derecho a su intimidad. “Quienes han decidido subir esta foto han cometido una infracción”.
La difusión de información de carácter restringida es un delito y se sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años, entre esa, difundir información acerca de niños, niñas y adolescentes que viole sus derechos, según lo previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en el artículo 180, numeral 3 del Código Integral Penal.
Martínez considera que haber difundido la fotografía sin confirmar lo sucedido incurre además, en la estereotipación del niño, considerando que, aunque haya incurrido en una infracción, su imagen no debió ser difundida. Eso pone en peligro su integridad, además de ser fácilmente distinguible por sus características específicas como el color del cabello y tatuaje en el torso. “Se está vulnerando los derechos del niño de la fotografía difundida. Lejos de protegerlo, los estamos estereotipando”.
El reclutamiento de niños por parte de bandas criminales
El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, denunció el pasado 15 de febrero, que dos menores de edad fueron capturados por ser los “presuntos implicados en el asesinato de un policía” en Esmeraldas. Al igual que en la fotografía del niño acusado del asalto en Los Ríos, los comentarios estigmatizantes y punitivos no se hicieron esperar. Varias personas pedían el juzgamiento de los menores como adultos o que sean castigados físicamente; entre otros comentarios,que iban a culpabilizar a las madres de los menores.
Según testimonios recogidos por el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, CDH, en su informe sobre vulneraciones de derechos humanos en 2022, el hecho de que los niños, niñas y adolescentes estén incurriendo cada vez más en delitos penales, responde al reclutamiento por parte de bandas narco delictivas. Esta es una preocupación de las familias ecuatorianas, sobre todo de zonas específicas, donde estas bandas están más presentes.
Para la directora del Grupo Rescate Escolar, el análisis que viene de algunos ciudadanos y ciudadanas, además de algunos políticos, es bastante frío y cómodo porque la niñez es quien está sufriendo la falta de garantías a una vida digna por parte del Estado ecuatoriano y como eso no se está cumpliendo, es muy fácil decir: “son niños delincuentes, sicarios, criminales y entonces deben ser juzgados y punto. Cuando detrás de ellos hay un sinnúmero de flagelos que de alguna manera, podría justificar sus acciones, a pesar de que la violencia no debe ser justificada, pero sí hay muchas razones por las cuales estos niños y jóvenes están en esta situación”.
Entre esas situaciones está la falta de credibilidad de los niños y jóvenes hacia el Estado y sus instituciones; por ejemplo, la baja calidad de las instituciones educativas, la falta de salud, la justicia que no hace cumplir la ley y protege agresores, la fuerza pública que no cumple sus funciones y se ven envueltas en situaciones de corrupción.
“Estamos hablando de una generación entera que tiene tatuadas la falta de oportunidades, la pobreza multidimensional extrema, que no tienen arraigo familiar y que la sociedad no ha hecho mucho para protegerlos a la par del Estado. Si llegamos a entender que la acción de proteger o desproteger es de todos y únicamente adulta, probablemente ese dedo acusador se gire a nosotros y no a los niños”, señala Martínez.
Otra de los aspectos importantes a analizar, según Martínez, es cómo las infancias y adolescencias probablemente busquen en las bandas criminales, en las personas que los cooptan, tener pertenencia, ser socializados y tener la importancia que el Estado, la sociedad y la comunidad no le da, por lo cual, es importante cuestionar “¿qué hemos hecho como sociedad para crear tanto rencor y desprecio por la vida humana para que un menor de edad no tenga problemas en usar un arma?”.
Por su parte, María José Machado, abogada y parte de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, menciona que culpar a las madres por lo que sucede con la niñez y adolescencia es parte de la misoginia y el conjunto de “desprecio hacia la niñez y adolescencia”.
¿Juzgar a los menores de edad como adultos?
En una entrevista para el programa Políticamente Correcto, el asambleísta Jorge Pinto, de la bancada oficial Creo, dijo: “en la Asamblea yo propuse que los menores de edad que sean reincidentes, que estén quitando vidas, sean juzgados como adultos. Esa es mi convicción y la de muchos ecuatorianos. Los ecuatorianos están cansados de que, a so pretexto de la pobreza, jóvenes de 16 años hoy, sean los sicarios que estén todos los días quitando vidas. Tenemos que buscar soluciones, nos piden mano dura y cuando se hace este tipo de propuestas no hay apoyo en la Asamblea Nacional para poderlas fortalecer”.
María José Machado, abogada y parte de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, explica que desde el 2003, cuando se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, el país hizo una transición de la doctrina que trataba a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de sanción, en caso de tener algún conflicto con la ley, a la protección integral de sus derechos.
Para Machado, el pedido del asambleísta Pinto responde a una agenda de la ultraderecha y de los grupos transnacionales antiderechos, “generalmente quienes defienden estas posturas están a favor de la máxima intervención penal del Estado. Son visiones securististas, punitivas, contrarias a una visión de derechos que tiene en cuenta el contexto en el que surge la delincuencia, en el que niños y niñas son utilizados por personas adultas para fines de crímenes. Son agendas donde está incluido el libre porte de armas, lo cual es paradójico porque por un lado se pide el porte libremente las armas y por otro, se habla con escándalo del uso de armas para delinquir”.
Según la abogada, estos mismos grupos antiderechos o provida son quienes están en contra de los derechos sexuales y reproductivos y buscan continuar con una agenda represiva que deja intocadas las estructuras de desigualdad socioeconómica, que no apuestan por políticas de protección integral ni educación, sólo a una visión de la niñez y adolescencia como un peligro.
El artículo 305 y 307 del Código de la Niñez y Adolescencia menciona que niños, niñas y adolescentes son penalmente inimputables; es decir, los adolescentes no podrán ser juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicará las sanciones previstas en las leyes penales. En caso de que los adolescentes cometan infracciones tipificadas en la ley penal serán sujetos a medidas socio educativas. Mientras que, los y las niñas además de ser inimputables, no son responsables; por lo tanto, no estarán sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas socio educativas; de ser el caso, serán entregados a sus representantes legales y, de no tenerlos, serán entregados a una entidad de atención.
Actualmente, varios asambleístas buscan reformar el Código Integral Penal, para permitir que niños y adolescentes sean juzgados penalmente. La asambleísta Nathalie Viteri del Partido Socialcristiano propone que la reforma establezca que los menores, de entre 14 y 18 años, que cometan delitos que merezcan ser condenados, puedan ser sometidos a sanciones establecidas en el COIP y puedan ser juzgados como adultos.
Para Machado, esta propuesta es contraria a la Constitución, a la doctrina de protección integral de la niñez. Es una “agenda clara de la derecha para criminalizar a niños, niñas y adolescentes empobrecidos, con una visión punitiva; en lugar de ofrecer alternativas de protección, socioeducativas y cuidados que necesitan”.
Para Sybel Martínez, directora del Grupo Rescate Escolar, es importante la implementación de políticas de bienestar social, trabajar en los temas de disminución de pobreza, garantizar el acceso a salud, educación seguridad social y la seguridad alimentaria de óptima calidad.
“Hay que tener voluntad política para poner en el centro de las políticas a los niños, niñas y adolescentes y mirar desde la integralidad. Hacer un cambio integral respecto a garantizar esa vida digna en su desarrollo evolutivo”, añade Martínez.
